Una profesora renuncia a los pagos de una incapacidad total para volver a dar clase por “vocación”

Le dijeron que era “absurdo”, que nadie lucharía por eso, y que no se recordaban casos similares, pero Laura Martín, funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, tenía un empeño: volver a dar clases en un centro de Formación Profesional, pese a que la Seguridad Social le había reconocido una incapacidad laboral permanente total que le garantizaba una prestación mensual por la que acabaría ingresando 200.000 euros en total a lo largo de casi dos décadas. Y lo consiguió.

“Resuelve estimar la solicitud de rehabilitación formulada, por desaparición de la incapacidad que motivó su jubilación por incapacidad permanente”, recogía el miércoles el boletín oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Una frase desapasionadamente burocrática que esconde una historia en la que se mezclan el dolor por dos codos rotos, la pasión por la enseñanza, el vértigo por el drástico recorte de ingresos al pasar del salario a la prestación, y el rechazo abisal, hondo, y nacido de las mismas entrañas, a pasar a la reserva con 49 años. “Un infierno”, resume Martín al teléfono. “Una pesadilla”.

Es 2018. Martín está de paseo, y se cae igual que si se hubiera caído de un helicóptero, según cuenta. Consecuencia: se rompe el codo izquierdo. Meses después, ya en 2019, vuelve a caerse. Y se rompe el codo derecho. El resultado de los dos accidentes es que acaba con prótesis en la cabeza del radio de las dos articulaciones. Son lesiones que reducen su movilidad, pero sigue trabajando, e incluso se enfrenta a la pandemia del coronavirus como jefa de estudios de FP del centro en el que trabaja.

En septiembre de 2022, solicita la incapacidad permanente parcial. En junio de 2023, la Seguridad Social le reconoce la total para la profesión habitual, pues se determina que está “limitada para tareas que requieran fuerza y destreza y movilidad completa de ambos miembros”.

La diferencia entre lo solicitado y lo recibido es radical: si la incapacidad permanente parcial es compatible con que Martín mantenga su trabajo, y tiene la ventaja de que recibe una indemnización, la incapacidad permanente total para su profesión habitual impide que siga dando clases ―aunque pueda trabajar en otras áreas―, y le reconoce el derecho a recibir cada mes una prestación. Y entonces, sorpresa: esta profesora recurre para poder volver a trabajar en su profesión. Acaban de arrancar siete meses de angustias.

“Todo el valor que me dan mis alumnos a diario me lo quitó un papel el junio de 2023″, lamenta Martín sobre el día en el que se le notificó la incapacidad total. “Estuve conforme con el informe médico del INSS, pero en mi opinión puedo seguir contribuyendo a mi trabajo unos años más, quiero, debo y tengo que hacerlo porque mis principios no me permiten estar orgullosa de cobrar una prestación por incapacidad y que la Comunidad pague una nómina a quien cubra una plaza que debo cubrir yo”, argumenta.

“No tengo miedo a poder ganarme la vida pero, ¿por qué renunciar tan pronto a algo que gané con tanto esfuerzo?”, se pregunta, pues la incapacidad permanente que le concedieron era compatible con otro trabajo. “Yo ya sabía que mi trabajo me aportaba felicidad, dignidad, satisfacción, sentirme útil, pero ahora, después de estos siete meses, lo valoro aún más y me reafirmo en ello”, sigue. Y remata: “No quiero sentir que engaño a mi país o que abuso, mis lesiones son compatibles con mi profesión y además quiero desarrollar todo el potencial profesional adquirido a mis 50 años y darle a mis alumnos todo lo que sé hacer”.

Todo queda resumido en la respuesta de la profesora al parte médico de la Seguridad Social que reconoce sus problemas de movilidad. Es una declaración de amor al trabajo, y el resumen de una vocación que no se quiere dejar escapar antes de tiempo, el primer paso para recuperar un tesoro perdido y muy querido.

“Aun estando de acuerdo con su informe médico”, se lee en el escrito de reclamación, “creo en mi humilde opinión que puedo seguir trabajando en mi profesión habitual, como vengo haciendo más de tres años desde mi alta, con mi limitación de rango articular del codo izquierdo que dificulta algunas tareas prácticas, pero no muchas, y mucho menos todas”, argumenta. “Además, tengo la posibilidad de pedir carga lectiva horaria”.

Martín no responsabiliza a nadie de lo ocurrido. Si acaso, dice, todo se debe a un error suyo. Reconoce que nunca pensó que se le pudiera conceder la incapacidad permanente total al pedir la parcial, que es compatible con el trabajo. Explica que el cambio de situación fue difícil de digerir, pues desató una tormenta de emociones, al abandonar su ocupación habitual y reducir drásticamente sus ingresos, que quedaron recortados al 55% de la base reguladora de su salario. Y agradece a la Comunidad de Madrid que haya resuelto el procedimiento de su rehabilitación en diez días laborables, cuando es un proceso administrativo, dice, que dura hasta seis meses.

Un portavoz del Gobierno central explica que este tipo de casos se dan “a veces”. Por su parte, la Comunidad de Madrid se limita a informar de que tramitó la reincorporación cuando se le solicitó. Para Martín, quedan dos puertas que aún no parece decidida a abrir: la de solicitar la incapacidad permanente parcial en los tribunales, y la de reclamar la incapacidad permanente total en unos años, si es que ya no se siente capaz de realizar su trabajo. Pero detrás de esas consideraciones administrativas hay una persona que parece dispuesta a todo por seguir dando clases: Martín se reincorpora al trabajo sabiendo que le separan 70 kilómetros del nuevo destino al que tendrá que acudir a partir de ahora.

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