Así se prepara la inversión de 330 millones para realojar a casi 2.000 familias de la Cañada Real: “Resolverá el problema”

Lunes 4 de marzo. Una decena de personas esperan expectantes en la Delegación del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid. La confirmación de que hay acuerdo se produce cuando la tarde muere y la noche llega: sí, el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso da el visto bueno al protocolo que le compromete junto al Gobierno de España, y los Ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid, a invertir 330 millones de euros hasta 2034 para realojar a las miles de personas que viven en la Cañada Real, el asentamiento ilegal más grande de Europa. El pacto, en el que se debe profundizar durante una reunión este miércoles, afecta directamente a las entre 1.500 y 2.000 familias censadas en 2011 en esta franja de 16 kilómetros que cruza Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid para llegar hasta Getafe; se abrirá posteriormente a las personas llegadas tras esa fecha, si cumplen con los requisitos; y verá cómo los residentes son trasladados a vivir a todas las zonas de la región, sin concentrarlos en promociones específicas.

Así resume el potencial del compromiso una fuente que conoce los entresijos de la negociación y del protocolo en el que se basará un futuro convenio para articular la inversión: “El acuerdo es el compromiso de resolver de manera definitiva el problema de chabolismo en la Cañada. Se garantizan los fondos para que se pueda ejercer el derecho a la vivienda de todas las familias de Cañada en el marco máximo de una década”.

El nuevo protocolo se basa en un borrador de 2022 al que accedió EL PAÍS, que ya entonces calculaba “un máximo de 1.631 procesos de realojo”. También, que la inversión de los 330 millones podría ser usada para “el derribo de chabolas, infraviviendas y construcciones ilegales existentes, así como las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de reurbanización y regeneración urbana”. Esa cifra mastodóntica se dividirá en cuotas de 110 millones de euros por cada uno de los tres niveles de administración actuantes, y en proporción al número de familias reubicadas en cada municipio. Y que “el proceso de realojo incluiría la adquisición de viviendas, indemnizaciones, acompañamiento social y otros gastos necesarios y directamente relacionados con estos”.

Sin embargo, el anuncio llena de dudas a los habitantes del asentamiento. Primero, porque no tienen claro qué pasará con quienes no están en el censo del 2011 (”Se hará una revisión de la situación de vulnerabilidad, para que no quede nadie fuera, y que se garantice que los nuevos beneficiados no tengan otras propiedades, ingresos, o ayuda de familiares”, precisa una fuente conocedora de la situación). Segundo, por la incertidumbre que les genera no saber cuándo les tocará un traslado que puede darse entre 2024 y 2034, ni dónde acabarán viviendo (”tendrán capacidad de decisión, se les presentarán propuestas adaptadas a su realidad laboral y social, y no habrá promociones especificas para realojos”, detalla este interlocutor). Y tercero, porque hay vecinos reacios al traslado, pues se aferran al tejido social que han construido en décadas de vecindad en Cañada y temen no poder costear los alquileres de las nuevas viviendas (”si lo pagan, será simbólico: firmarán un contrato y tendrán la vivienda mientras se mantenga su situación de vulnerabilidad social”). Por eso hay quienes prefieren la legalización de sus hogares y el restablecimiento del fluido eléctrico: más de 4.000 residentes llevan más de tres años sin luz.

María López, integrante del equipo jurídico de la Plataforma Luz Ya, se ha enterado del acuerdo por la prensa. Condena que el plan se haya estructurado “totalmente a espaldas de los vecinos y las asociaciones”. López, que fue una de las representantes que llevó hasta Bruselas el reclamo por el restablecimiento de la electricidad en el asentamiento ilegal más grande de Europa, considera incongruente “que se hable de soluciones de realojos cuando se está expulsando a la población, cortándoles la luz, y haciendo derribos ilegales para legitimar una estrategia de desalojo forzoso”. La afirmación alude a las viviendas que han sido demolidas, mientras sus habitantes la desocupaban temporalmente. Uno de esos casos, de un hombre que viajo a Marruecos a visitar su familia y encontró su vivienda reducida a escombros, ha derivado en una investigación contra al ex alto comisionado para la Cañada Real de la Comunidad y el jefe de disciplina urbanística del Ayuntamiento de Madrid. López además subraya que el grueso de las familias “ya han manifestado que no quieren realojos”.

En la mañana de este martes, un grupo de mujeres atendía a una clase de convivencia y mediación en el centro comunitario del sector cinco de Cañada Real. Como no hay luz, la trabajadora social que imparte el curso no ha podido usar el proyector ni encender la calefacción, aun así el debate ha estado candente durante toda la lección, según describen las asistentes. Una de ellas es Basma Taoumi, de 19 años. Su familia no quiere optar por el realojo. “Preferimos quedarnos aquí, pero con luz”, señala la joven, que se declara felizmente acostumbrada su casa y a su “patio”. En Cañada han tejido una comunidad, aunque sea entre las tinieblas. Aquí tienen sus amigos, familiares, el centro a donde acude a formarse. Poco más. Solo piden electricidad. “La necesidad de una nevera o un congelador es urgente”, señala la joven, rodeada de una decena de mujeres que asienten detrás del hiyab.

Cada cual aporta detalles de su situación: “Como no hay luz toca calentar la casa con chimenea y toda la ropa huele a humo”, “el hijo pequeño de un vecino casi se muere porque se intoxicó con el carbón del generador”, “mi casa tiene baño, dos habitaciones con salón y cocina. Es una casa normal y corriente, solo le falta la luz”, son algunas de las frases con las que han intentado describir el padecimiento diario de vivir sin fluido eléctrico.

Siahm Boukhouima, de 45 años, tampoco quiere mudarse de Cañada, aunque aboga por las vecinas que sí prefieren marcharse. “A la gente que quieren reubicar, denle una luz ―literalmente― mientras los desalojan. Esto es un crimen total”, sentencia la mujer. López, de la plataforma Luz Ya, reprocha “que se hable de un plazo tan largo sin aportar una solución a las situaciones que padecen las personas de Cañada Real”. A Laura Castillo, residente de 29 años, le parece “una solución a muy largo plazo”, mientras otra vecina del sector seis resalta que “hay familias con enfermos que no pueden esperar”. Quienes quieren acogerse al plan de realojamiento, piden más detalles de las viviendas ofrecidas para evaluar el impacto de la mudanza. Este miércoles se reunirá el Comité Ejecutivo de la Cañada Real para trazar una hoja de ruta que podría revelar más detalles del anuncio del lunes.

Esta época se sufre particularmente en Cañada Real. “Hay muchas dificultades en invierno, porque las placas solares no se llegan a cargar”, detalla Taoumi, antes de agregar: “Llevamos más de un mes sin encender la nevera, tenemos que comprar un kilo de carne para hacerlo en la misma tarde, porque no podemos guardarla”. Estos padecimientos los conoce de sobra Castillo quien ha vivido toda su vida en el sector cinco del asentamiento. “En invierno el frío es horrible. No te puedes duchar porque la casa está como un témpano”, resalta esta auxiliar de enfermería, quien recuerda las dificultades que tuvo durante su época de formación: “Cuando tenía que estudiar para los exámenes hasta las 2 o 3 de la madrugada tenía que hacerlo con una linterna, era muy incómodo”.

Pese a las incomodidades, en Cañada Real se sienten como en casa. Han plasmado su identidad en algunos murales que llevan frases como: “Estas son nuestras casas”, “esto no es un basurero”, “luz para la Cañada”. Algunas de estas afirmaciones están traducidas en árabe, como muestra de la multiculturalidad de este asentamiento, que en su etapa de mayor ocupación albergó ciudadanos de 17 nacionalidades distintas. Algunas como Carolina Fernández, de 79 años, han vivido la mayor parte de su vida aquí. Llegó cuando Cañada aún parecía más la vía pecuaria que siempre fue. Tenía algunas gallinas y un caballo. “Aquí nos costó mucho dinero traer la luz. Lo pagamos los vecinos”, afirma al frotar el pulgar en el índice en recordatorio de la inversión, antes de señalar los contadores al lado de su casa, que ahora cumplen una función ornamental. “¿Qué realojo es ese?”, pregunta esta mujer que calcula en 400 euros el alquiler social que tendría que pagar en una nueva vivienda. “Vamos a recurrir la comunidad europea y a quien haga falta, porque los que vivimos aquí no somos ningunos muertos de hambre”, señala, mientras toma el sol en su casa con su amiga Agustina, que también lleva más de 30 años en el barrio.

El pacto consensuado por el Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid contempla una inversión de 330 millones de euros hasta 2034. No es el primer anuncio en este sentido. En 2017, la Comunidad de Madrid, y los Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas firmaron el pacto de la Cañada. Un año después, destinaron 18 millones para el realojo de 150 familias del sector 6. En 2021, 34 millones para reasentar 160 familias. El último convenio, antes del anunciado este lunes, se dio en 2023, cuando las administraciones regional y local destinaron 52 millones para trasladar a otras 180 familias. En total, estos acuerdos han brindado una alternativa a más de 400 familias en situación de grave exclusión social, según un comunicado del gobierno regional.

Pero el nuevo acuerdo debe ser el definitivo, según las partes implicadas. Su plan está claro, y es expeditivo. Primero, realojar. Inmediatamente después, derribar la vivienda desalojada para que nadie la ocupe de nuevo. Y cuando se vayan vaciando sectores, reconstruirlos con proyectos pendientes como el del bosque metropolitano para que el mayor asentamiento ilegal de Europa no se perpetúe y quede en el olvido.

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