Un informe contratado por la Comunidad de Madrid recomienda que se restaure el suministro eléctrico en la Cañada Real

La Comunidad de Madrid firmó en 2020 un convenio con la Universidad Carlos III para diagnosticar las necesidades energéticas de la población en la Cañada Real Galiana, el mayor asentamiento irregular de Europa. Publicado ahora en la revista Energy Research & Social Science, el informe resultante aconseja el restablecimiento del fluido eléctrico en el sector 6, donde unas 4.000 personas llevan tres años sin luz. Los cuatro autores del texto afean que en este tiempo no se haya impulsado un plan para devolver el servicio a la zona. Y solicitan “acciones inmediatas” por parte de las administraciones públicas y empresas competentes con arreglo a “los derechos humanos”. También para hacer cumplir el acuerdo regional que todas las fuerzas políticas de la Asamblea de Madrid suscribieron en 2017 con el objetivo de garantizar los servicios básicos en la extensión hasta su desmantelamiento.

La compañía suministradora Naturgy aduce un colapso en la red debido a las plantaciones de marihuana, pero el informe pide restaurar el acceso a la luz “al menos en las condiciones anteriores a octubre de 2020″, cuando comenzó el apagón. “No parece justificable que después del corte brusco del suministro no se haya implementado ninguna medida estructural”, puede leerse en las conclusiones del texto que firman Ulpiano Ruiz-Rivas y Jorge Martínez-Crespo, ambos de la Universidad Carlos III, junto a Sergio Tirado-Herrero (Universidad Autónoma) y Raúl Castaño Rosa (Universidad de Tampere). Los cuatro lamentan que no se haya acometido a estas alturas una diversificación del suministro, dada la existencia de otras líneas de alimentación de media tensión en la zona que podrían aliviar la sobrecarga. También echan en falta una licitación para desarrollar instalaciones de autoconsumo colectivo a partir de las dotaciones públicas más próximas.

El proyecto, ejecutado entre octubre de 2020 y diciembre de 2022, combina datos censales con entrevistas sobre usos y necesidades. También desarrolló campañas de medición de las condiciones ambientales en las viviendas, así como la monitorización del suministro eléctrico. Los investigadores hallaron temperaturas medias inferiores a los 10º C en invierno o superiores a los 40º C durante el verano en hogares que sumaban varios indicadores de precariedad, como ingresos bajos, mala calidad de la edificación y equipamiento inadecuado, además de la desconexión eléctrica. “Obviamente, la inversión en la mejora del aislamiento térmico sería otra medida efectiva para reducir las condiciones de pobreza energética. La imposibilidad o dificultad para acceder a ayudas gubernamentales a la rehabilitación condiciona enormemente esa posibilidad”, puede leerse en el informe.

Los 16 kilómetros de largo de la Cañada Real se encuentran divididos en seis sectores con distintas características en cuanto a infraestructuras, poder adquisitivo de sus habitantes y legalización de los asentamientos. En el sector 6, que alberga el poblado de la droga, es donde las temperaturas que midieron los investigadores se encontraban fuera de las condiciones de confort durante la totalidad del tiempo. El 5 también se vio afectado por los cortes entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, pero las intervenciones del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, que identificó puntos ilegales para que Naturgy los desconectara, dio lugar a un restablecimiento limitado del consumo. Una vivienda intermedia de esta zona marca la mitad del tiempo valores incómodos de humedad y temperatura. En los sectores 2 y 3, integrados en los cascos urbanos de Vallecas y Rivas, estos indicadores se redujeron al 27%.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidió hace ahora un año la concesión de licencias urbanísticas municipales especiales, que la ley del suelo de Madrid concede en contadas ocasiones, para que los vecinos de la Cañada Real reclamen la reparación del servicio a la compañía eléctrica. En una carta abierta, el Defensor recordaba también lo siguiente: “El rol de la Comunidad de Madrid es relevante porque las edificaciones se encuentran en suelo patrimonial y se necesita contar con su autorización para poder activar esta opción”. Mientras tanto, los realojos se suceden con lentitud. El Ministerio de Transportes se comprometió en 2021 a financiar un tercio de las reubicaciones futuras, en un acuerdo que también suscribieron el Ejecutivo regional y los ayuntamientos de Rivas y Madrid, que sufragarán el resto.

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