La Asamblea pone en marcha el plan de Ayuso para controlar Telemadrid y la Cámara de Cuentas

La Asamblea de Madrid ha puesto en marcha este viernes el proceso que permitirá a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, culminar su plan para controlar la Cámara de Cuentas y Telemadrid, según fuentes parlamentarias. De esta manera, el Parlamento regional ha abierto el plazo para que los partidos propongan consejeros de la televisión pública y el ente fiscalizador hasta el 11 y el 25 de marzo a las 20.00 horas, respectivamente. Ese calendario hará que la tramitación de los nombramientos, en la que el PP podrá imponer su criterio gracias a su mayoría absoluta, coincida en el tiempo con el registro del recurso del PSOE ante el Tribunal Constitucional contra la ley ómnibus que sustenta el nuevo método de elección para estos dos organismos, así como los polémicos cambios en el Consejo de Transparencia.

En cuanto a la Cámara de Cuentas, al PP le corresponde proponer a cinco consejeros, por uno de Más Madrid, otro del PSOE y ninguno de Vox, según documentación a la que accedió este diario.

El PP lleva desde febrero de 2022 intentando controlar el organismo que fiscaliza sus contratos y gastos, y no lo había conseguido hasta ahora porque la pasada legislatura estaba en minoría, dependía de Vox, y el partido ultra se había opuesto. ¿Cuál es la razón? Que desde 2019, los integrantes de este ente público eran elegidos por dos tercios de la Asamblea, lo que obligaba a un pacto entre todos los partidos sin posibilidad de desbloqueo en caso de desacuerdo. Con la justificación precisamente de ese bloqueo, los conservadores aprobaron en diciembre de 2023 un cambio legal para que el número de miembros del órgano pase de tres a siete, modificando el sistema de elección de presidente y consejeros de forma similar al de elección de la Mesa de la Asamblea. Es decir, que el partido mayoritario en la Asamblea controlará la Cámara, como ocurre en el Parlamento. Eso es lo que se activa ahora.

En cuanto a Telemadrid, el PP tiene derecho a proponer a cuatro consejeros, mientras que Más Madrid, PSOE y Vox se repartirán otros tres, a razón de uno cada uno. La elección de esos consejeros será el primer paso para decidir en los seis meses siguientes el nombre del nuevo director de la radio y televisión públicas de la región.

“Para evitar situaciones de interinidad prolongadas en el tiempo, se cambia el procedimiento de elección” del director general, defendió el PP en el texto que llevó a la Asamblea en 2023 y que aprobó en diciembre.

Hasta ahora, esa designación dependía del Parlamento regional, lo que obligaba al consenso entre Gobierno y oposición. Ahora, el nombramiento se efectuará por cuatro años y a propuesta del Consejo de Administración de la sociedad, cuyos miembros serán elegidos por la Asamblea de Madrid de entre los propuestos por los Grupos Parlamentarios y de acuerdo a su peso político. Es decir, dominará el partido mayoritario. Un intento de controlar la empresa pública que desató las alarmas de una letrada de la Asamblea, que vio visos de inconstitucionalidad en la norma, y así obligó al PP a enmendarla, de tal manera que el Parlamento tendrá que pronunciarse sobre la idoneidad del director general propuesto por el consejo de administración (un dictamen no vinculante), para que luego la junta de accionistas lo nombre.

Todo un resumen de cómo Díaz Ayuso ha ido controlando la televisión pública desde que llegó al poder por primera vez, en agosto de 2019. Así, Ciudadanos defendió la ley que obligaba a un acuerdo entre partidos distintos mientras estuvo en el Gobierno de coalición con el PP. Tras las elecciones de 2021, en las que este partido no logró representación, el PP se alió con Vox para cambiar la norma, despedir a la dirección del momento, a la que Díaz Ayuso acusaba de operar en su contra, y nombrar a un administrador provisional, figura de nueva creación ideada para sortear la necesidad de lograr una mayoría suficiente para nombrar a un director. Dos años después, el Tribunal Supremo condenó al Gobierno de Ayuso a indemnizar a estos directivos por haberlos despedido ilegalmente.

El puesto lo ocupa José Antonio Sánchez, votante confeso del PP que reconoció aparecer en los papeles de Bárcenas, y al que PP y Vox han mantenido en el puesto vetando una propuesta del consejo de administración para nombrar un nuevo director general.

Desde este viernes se ha iniciado la cuenta atrás para que su puesto quede vacío de responsabilidades por la llegada de un nuevo director general seleccionado al gusto del PP.

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