El exconcejal de Urbanismo de Madrid delegó la firma de una adjudicación para la empresa que le ha fichado

Mariano Fuentes, el exconcejal de Urbanismo de Madrid que se incorporó a la promotora inmobiliaria Vía Ágora nada más dejar el cargo y días después de cederle cinco parcelas municipales, delegó la firma de esa adjudicación en un intento de que su fichaje se ajustara a las normas contra las puertas giratorias. Su compañero de Ciudadanos Pepe Aniorte, desde este jueves gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento y entonces delegado de Familias e Igualdad, rubricó el 15 de marzo la adjudicación del contrato de más de nueve millones de euros para construir viviendas de alquiler barato. Lo hizo en sustitución de Fuentes, tal y como figura en el expediente.

En una conversación con este diario, el exedil de Urbanismo sostiene que no existe incompatibilidad ni conflicto de intereses, pues nunca llegó a firmar la adjudicación, ya que aquel día se encontraba de viaje fuera de España “y el proceso no se podía parar”. Más allá de estos detalles, en tres leyes distintas consta que deben trascurrir al menos dos años desde que un alto cargo deja su puesto hasta que puede fichar por empresas privadas de áreas que estuvieron bajo su competencia. Ese plazo mínimo, contemplado también en el nuevo anteproyecto de ley contra los lobbies que ha aprobado el Consejo de Ministros, se redujo a 20 días en el caso de Fuentes. Con todo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este viernes que el exedil “tiene derecho a incorporarse a la vida profesional si no aparece ningún tipo de irregularidad” en su contratación.

“Yo ya he dejado todo esto de la política y solo quiero que me olvide la gente”, ruega Fuentes, quien destaca en todas las notas de prensa publicadas por el Ayuntamiento como impulsor y responsable de la operación, aunque no formó parte del tribunal del concurso público en virtud del cual el Área de Desarrollo Urbano contrató a Vía Ágora ni firmó el expediente de la adjudicación, trazando un cortafuegos administrativo a través de su compañero Aniorte. “Este concurso es un hito para la administración municipal y para la gestión del urbanismo. Cambia la manera de entender la colaboración público-privada y la lleva un paso más allá en beneficio de los madrileños”, explicó en su día el entonces responsable de Urbanismo.

La adjudicación del contrato se firmó el 15 de marzo, pero no llegó a formalizarse en escritura pública por parte de los servicios jurídicos municipales hasta el 9 de junio, cuando Fuentes ya había abandonado la vida política tras el descalabro electoral de su formación, otro detalle para no quedar en evidencia. Este ingeniero de edificación y arquitecto técnico, el hombre fuerte de Begoña Villacís, fue uno de los pocos concejales de Ciudadanos que repitió en las listas de su partido para los comicios en Madrid.

La cesión de estas cinco parcelas formaba parte de un total de 25 que el Ayuntamiento sacó a concurso público para la construcción y explotación de viviendas de alquiler a precio asequible durante 45 años, plazo tras el cual engrosarán el parque de vivienda municipal. Vía Ágora fue una de las firmas ganadoras, en concreto, se hizo con el lote número tres, compuesto por cinco parcelas de un total de 8.649,17 metros cuadrados, sobre las que se podrán construir 30.428,8 metros cuadrados de viviendas y 1.400 de garajes. Por ellas, Vía Ágora pagó 9.076.649,57 euros en concepto de cesión por el derecho de superficie para levantar los pisos y rentabilizarlos.

El Ayuntamiento estaba exultante con la intervención urbanística, de la cual llegó a dar cuenta en abril con una nota de prensa en tono de reportaje periodístico firmado por Redacción Cibeles en el Diario de Madrid, de carácter municipal: “En Madrid hace una mañana fría y nublada, pero para Carla, una joven de 35 años, el día, de repente, se ha vuelto menos gris. Una de las noticias que ha leído le ha hecho sonreír: ‘El Ayuntamiento posibilita la construcción de 2.125 viviendas en 11 distritos, que tendrán un alquiler hasta un 25% inferior al precio de mercado”.

Tras conocerse el paso a la empresa privada de Fuentes, Más Madrid anunció el jueves que denunciará ante la Fiscalía al exedil por su “flagrante incompatibilidad”. La Ley de Capitalidad de Madrid, vigente desde 2006, remite para el caso de los concejales al artícu­lo 2.4 de la Ley 12/1995 de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y de los altos cargos de la Administración General del Estado, que establece: “Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, ni celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con las Administraciones Públicas”.

La Ley de Bases del Régimen Local establece similar doctrina en su artículo 75.8, donde se dice que quienes hayan sido concejales con responsabilidades de gobierno deben cumplir el artículo 15 de la Ley 3/2015 de la Administración General del Estado, por el que tienen que dejar pasar dos años antes de trabajar en cualquier campo sobre el que haya tenido competencias. Además, en noviembre de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la ley donde se regula la actividad de los grupos de interés o lobbies, que pretende poner coto a las puertas giratorias. Según esta norma, los altos cargos que participen en la toma de decisiones no podrán realizar actividades de influencia relacionadas con su competencia hasta dos años después de su cese.

A la denuncia de Más Madrid se ha sumado este viernes el PSOE. En una carta remitida a Almeida, la portavoz municipal del PSOE-M, Reyes Maroto, señala que la contratación de Fuentes supone un “vergonzoso caso de puerta giratoria”, por lo que ha pedido a Almeida que tome medidas. “De la normativa relacionada parece desprenderse que Fuentes no podría prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado”, explica Maroto, que ve “incompatibilidad” y “conflicto de intereses”. Por ello, pide al alcalde que instruya “un expediente informativo” con el fin de para confirmar el fichaje e“iniciar los trámites necesarios ante las autoridades oportunas que eviten este conflicto de intereses”.

Sin embargo, el Ayuntamiento defiende a Fuentes por segundo día consecutivo. El jueves fue Inmaculada Sanz, la vicealcaldesa, quien dijo: “Por lo que yo conozco al anterior delegado, lo habrá hecho teniendo en cuenta toda la legislación y la normativa vigente”. Este viernes, se ha pronunciado el alcalde. En declaraciones tras un acto en el distrito de Fuencarral-El Pardo, recogidas por Efe, Almeida ha pedido a Más Madrid que “utilice con seriedad y rigor los recursos públicos” ya que, ha señalado, en el anterior mandato acudió “en numerosísimas ocasiones a la Fiscalía” y “pidieron imputar a no menos de 20 concejales y altos cargos” del Consistorio, con el resultado de que “todas las denuncias fueron archivadas”. “A nosotros no nos consta que siquiera haya sido recurrido (las adjudicaciones) en vía contencioso-administrativa por ninguno de los licitadores que acudieron y no obtuvieron la adjudicación”, ha subrayado el primer edil.

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