Madrid entra en la guerra del agua y se abre a recurrir hasta el Constitucional contra el plan hidrológico del Tajo

La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha entrado en la guerra del agua y está dispuesta a llegar hasta el Tribunal Constitucional si hace falta para defender sus intereses frente al decreto estatal que regula el uso del río Tajo. Así lo recoge un contrato licitado por el Canal de Isabel II, y ganado por el despacho Ramón y Cajal, para estudiar y, en su caso, litigar, nueve aspectos de la norma que abren un nuevo frente contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez. Ya lo avisó la propia Díaz Ayuso en mayo de 2022: “El plan hidrológico del Tajo quiere reducir el agua de Madrid”. De esta manera, la región capitalina se une a un pulso en el que llevan enzarzados desde hace años las regiones de Castilla-La Mancha (donde se capta el agua), Andalucía, Comunidad Valenciana o Murcia (donde se recibe, y que también han anunciado su recurso ante el Tribunal Supremo). Y no solo eso. En pleno esprint hacia las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, el Gobierno de Díaz Ayuso encuentra otro motivo para confrontar con el de Sánchez, con el que ya ha chocado en materia sanitaria, fiscal, económica o internacional.

El núcleo del conflicto está en el embalse de Valmayor que, con una capacidad de 124,4 hectómetros cúbicos, es el segundo más importante de la Comunidad de Madrid. De él dependen para beber 1,7 millones de madrileños, el 25% de la población, según el Gobierno regional. Y la nueva regulación condiciona a una autorización previa del Estado que el embalse pueda recibir agua del río Alberche, a través del trasvase San Juan-Valmayor.

“Esto no ha sucedido en ninguna comunidad autónoma”, se quejó hace casi un año Ayuso. “Nunca, dentro de una misma concesión, se ha pedido esta autorización previa”.

Pero no es el único punto conflictivo, según Madrid, que invertirá, para empezar, 35.000 euros en prepararse para una batalla legal que calcula que durará como mínimo cuatro años.

Así, según la documentación consultada por este diario, el Canal de Isabel II entiende que sus intereses se ven afectados en lo que se refiere al “mantenimiento del principio de supremacía del uso del agua para abastecimiento a poblaciones en todo momento y especialmente a situaciones de sequía o escasez”; el “establecimiento de una autorización previa a la realización de un trasvase entre embalses de diferentes sistemas de explotación de la Demarcación”; “de un régimen de caudales ecológicos en masas de agua”; la “imposibilidad de establecer caudales ecológicos al azud de Las Nieves y Pozo de los Ramos por carecer de capacidad de regulación”; o la “ausencia de justificación de los caudales generadores establecidos”; la “falta de definición de los parámetros y condiciones de calidad de los caudales ecológicos que se definan”.

“El Canal no tiene servicios jurídicos propios”, explica un portavoz gubernamental. “Por ello se ha contratado a un despacho, porque como venimos diciendo desde hace tiempo, no estamos a favor del Plan Hidrológico del Tajo, ya que perjudica a los madrileños al reducir el agua para el embalse de Valmayor”, añade. “Se va a estudiar a fondo el real decreto, y todas sus aristas, para ver cómo proceder”.

El acuerdo detalla que Madrid está dispuesta a apurar todas sus opciones: “Las actuaciones a desarrollar en la defensa jurídica de Canal de Isabel II consistirán en el estudio de la documentación, elaboración de informes, (...) preparación y decisión de la estrategia de defensa (...) y, en general, demás actuaciones judiciales o extrajudiciales que resulten procedentes en derecho en todas las instancias, incluido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y hasta que recaiga sentencia firme en el procedimiento o procedimientos que resulte necesario o preceptivo tramitar para dar cumplimiento al objeto del contrato”.

Estrategia en los tribunales

Que la Comunidad de Madrid esté dispuesta a llegar hasta el Constitucional solo profundiza la estrategia implementada por su Gobierno desde que Díaz Ayuso llegó al poder, en agosto de 2019. En los casi cuatro años transcurridos desde entonces, el Ejecutivo madrileño ha acudido a los tribunales contra 12 decisiones del Estado de todo tipo: desde la gestión de la pandemia, hasta los currículos educativos, pasando por la política fiscal. Y ahora llega el turno del agua.

¿Cuál es el origen del conflicto? El Gobierno de España aprobó el 24 de enero la planificación hidrológica de las 12 cuencas de los ríos que son de su competencia por extenderse por varias comunidades autónomas. Por primera vez, el Ministerio para la Transición Ecológica fijó un caudal ecológico para el río Tajo, como le exigían cinco sentencias del Tribunal Supremo, la normativa europea y la Ley de Aguas desde hace 22 años. Pero establecer ese caudal —un mínimo de agua que debe circular— tiene consecuencias más allá de la cuenca, en Alicante, Murcia y Almería. Porque ese caudal reducirá la cantidad de agua que se trasvasa desde la cabecera del Tajo al Mediterráneo y que se usa para consumo doméstico, pero fundamentalmente para regar los cultivos.

Desde entonces, el punto de control más importante se encuentra en la Comunidad de Madrid, concretamente en Aranjuez, donde se establecerá de manera progresiva un caudal mínimo: para 2023 deberá ser de 7 metros cúbicos por segundo, en 2026 subirá a 8 metros cúbicos y en 2027, a 8,6.

Como consecuencia, fuentes del Gobierno estimaron entonces que el trasvase hacia el Mediterráneo podría reducirse en una horquilla de 70 a 110 hectómetros cúbicos anuales en el peor de los escenarios (el trasvase medio anual ronda los 320 hectómetros cúbicos). Pero, para suplir esta caída, el ministerio apuesta por el agua desalada.

Frente a ese diseño del trasvase, los gobiernos de Andalucía (PP), Murcia (PP) y Comunidad Valenciana (PSOE, Podemos y Compromìs) no solo han apoyado las movilizaciones del campo para denunciar los miles de empleos que serán destruidos, según sus cálculos. También han anunciado su intención de acudir al Tribunal Supremo. Y ahora tienen nueva compañía en esa estrategia judicial: la Comunidad de Madrid.

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