Madrid aprueba una ley para defender sus rebajas fiscales frente al Estado

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves una ley que obliga al Gobierno regional ―independientemente del partido que lo encabece― a recurrir ante el Tribunal Constitucional o las instituciones europeas contra cualquier norma estatal que corrija la política de rebajas fiscales del PP ―con un impacto en las arcas públicas de 60.000 millones desde 2004―. El texto, aprobado con el voto favorable de este partido y la abstención de Vox, profundiza la estrategia de confrontación con el Estado que ha marcado la carrera de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. De esta manera, el gobierno autonómico se prepara para la posibilidad de que el gobierno de la nación ponga en algún momento en marcha su proyecto para homogeneizar todos los impuestos autonómicos (lo que supondría subirlos en el caso de Madrid). Aunque la aprobación de la ley llega en plena polémica por el impuesto a las grandes fortunas impulsado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Madrid ya ha recurrido ante el Constitucional, su tramitación comenzó en diciembre.

“El objetivo (de la ley) es la defensa de la autonomía financiera de la Comunidad (...) imponiendo a los poderes públicos la necesaria reacción frente a los ataques que pudiera sufrir”, se lee en el texto de la norma, que emplea un lenguaje bélico concordante con el conflicto que está por venir entre la Comunidad de Madrid y el Estado. “La Asamblea, los órganos superiores del Gobierno y la Administración están obligados a defender la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid, de tal forma que, ante cualquier agresión a la autonomía financiera constitucionalmente reconocida, deberán reaccionar con todos los mecanismos a su alcance, en la legislación nacional, europea o internacional”, se detalla sobre los posibles recursos, que tendrían como paso previo la convocatoria de la comisión bilateral que tiene el Estado con Madrid.

Una formulación que busca un trato entre iguales, y que tiene una segunda pata: las condiciones y alcance de las cesiones de tributos, según la ley, deben ser aprobadas previamente por una comisión mixta Estado-Madrid.

“Esto no es una ley, es un manifiesto por la independencia fiscal de la señora Ayuso, una ley Puigdemont”, ha sintetizado Sol Sánchez, la diputada de IU integrada en el grupo parlamentario de Podemos.

“¿Ustedes se imaginan que esta ley se hubiera presentado por los partidos de ámbito independentista en Cataluña? ¡Qué estarían diciendo!”, compara el socialista Fernando Fernández Lara. “¿Estarían hablando de sedición? Eso es lo que estarían diciendo. Es increíble que [en el PP] les consientan a ustedes en Madrid presentar algo de esta índole”, sigue. “Es una ley innecesaria y absolutamente irrespetuosa con el espíritu constitucional”.

“Esto es un mero artefacto comunicativo, que parte de un supuesto falso: hay un riesgo futuro de que desaparezca la autonomía financiera de Madrid”, ha rematado Eduardo Gutiérrez, de Más Madrid. “Es algo propio de los delirios del PP, que ve fantasmas y monstruos comunistas detrás de cualquier decisión política en materia tributaria o presupuestaria gracias al señor Lasquetty”, ha seguido en referencia al consejero de Economía y Hacienda.

La política de rebajas de impuestos adoptada por los sucesivos gobiernos del PP desde que Esperanza Aguirre llegó al poder, en 2003, ha supuesto que las arcas públicas de Madrid dejaran de ingresar más de 60.000 millones desde 2004, con sucesivas rebajas del IRPF que se han unido a las bonificaciones al 100% del impuesto al patrimonio y al 99% del de sucesiones y donaciones.

Esa estrategia ha motivado que la mayoría del resto de regiones acusen a la que ahora encabeza Ayuso de “dumping fiscal”, ya que así habría atraído a grandes fortunas de toda España a la caza de una menor presión fiscal.

Así, y solo en lo que va de legislatura, el Ejecutivo regional aprobó en 2021 una rebaja de medio punto de todos los tramos autonómicos del IRPF valorada en 330 millones, y que favorece especialmente a las rentas altas, como ocurre en todos los impuestos progresivos. Ese mismo año, suprimió todos los impuestos propios (3,4 millones de euros, que apenas representaban un 0,02% de la recaudación). A esas dos decisiones se le han unido en 2022 deducciones para fomentar la natalidad (34,7 millones, aún en tramitación en la Asamblea); la ampliación al 25% de la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos y tíos y sobrinos (48,3 millones de euros); la deflactación del IRPF (casi 200 millones, que de nuevo concentran el beneficio en las rentas más altas); y seis bonificaciones de este impuesto anunciadas el martes (92 millones, aún por tramitar en la Asamblea).

Tras litigar con el Gobierno por la liquidación del IVA de diciembre de 2017 y las entregas a cuenta de 2019, Madrid ha venido enfrentándose con La Moncloa por la gestión de la pandemia, la política internacional o la económica. El Ejecutivo de Díaz Ayuso ya registró hace meses un recurso contra el reparto de nueve millones de los fondos europeos de recuperación a cuatro autonomías ―Extremadura, País Vasco, Comunidad Valenciana y Navarra―. Y ahora se intenta dotar de argumentos jurídicos por si cabe abrir un nuevo frente, este relacionado con la política fiscal, en el caso de que el Ejecutivo de Sánchez active el compromiso del PSOE con la “reconstrucción” de un sistema fiscal progresivo, “que contribuya directamente a la redistribución de la renta”.

Un paso celebrado por el consejero de Hacienda regional, Javier Fernández-Lasquetty, y que coloca al gobierno de Díaz Ayuso a la cabeza de la estrategia de oposición del PP frente a Sánchez.

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