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El PP convierte a Madrid en el ariete de su oposición a Sánchez

El partido explota su poder institucional para confrontar con el Gobierno de la nación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (2d), el presidente del PP Pablo Casado (2i), y la vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, participan en la celebración del Día de Madrid. En vídeo, Ayuso critica al Gobierno central.Vídeo: EMILIO NARANJO (EFE) / EFE

La visita a Madrid de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, sirvió el sábado para reflejar que el PP está dispuesto a usar su poder institucional en la región para hacer oposición al Gobierno nacional de PSOE y Podemos. Tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, recibieron al opositor el mismo día en el que Pablo Casado arremetió contra Pedro Sánchez por no reunirse personalmente con el líder venezolano. Madrid ya pleitea con el Ejecutivo central en los tribunales y rechaza su política fiscal, educativa y sanitaria.

El choque institucional del Gobierno de Madrid con el central es verbal, judicial y parlamentario. De lo primero sobran ejemplos: "Van contra el corazón de Madrid"; "Somos un enemigo a batir"; "Madrid está en peligro", ha dicho Díaz Ayuso sobre las medidas recogidas en el pacto que une a PSOE y Unidas Podemos. De lo segundo, también: la Comunidad pleitea con el Ejecutivo central en la Audiencia Nacional, donde le reclama 377 millones de euros por la liquidación del IVA de diciembre de 2017; y se plantea abrir un segundo frente judicial si no recibe los 54 millones que considera que le faltan de las entregas a cuenta de 2019. En el ámbito parlamentario, finalmente, la Asamblea regional se ha llenado de votaciones pensadas para retumbar en la política nacional igual que suenan los tambores de guerra.

La Cámara ha votado para instar al Gobierno de la nación a ilegalizar a los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación; incluir a los Comités de defensa de la República (CDRs) en la lista de organizaciones criminales de la UE; recuperar las competencias penitenciarias del Estado en Cataluña; garantizar que no se indultará a condenados por sedición y rebelión; o respetar la Constitución y la unidad de la nación. Las sesiones de control, además, han servido para que la presidenta exprese su opinión sobre asuntos como la exhumación del dictador Francisco Franco; sobre el futuro del Valle de los Caídos; o sobre cómo podía contribuir la Comunidad a la unidad y la cohesión de España. Próximamente, y a petición del PP, se votará pedir que Sánchez rechace públicamente las exigencias planteadas por ERC y Bildu en la negociación de su investidura, o que no revierta "políticamente las condenas que la Justicia ha impuesto a los condenados por el delito de sedición (en referencia a Oriol Junqueras)".

"Si el gobierno socialista comunista viniera a Madrid con espíritu colaborador, respetuoso y leal, nos encontrarían encantados de trabajar juntos", asegura David Pérez, consejero de vivienda y administración local de la Comunidad, además de número dos de la lista electoral de Díaz Ayuso. "Nadie saca nada de la confrontación permanente", reconoce. "El problema es cuando ese Gobierno se dirige a nosotros para atacarnos. Ahí nos encuentran. Y ahí nos van a encontrar", sigue. Y remata: "Es constante el trato de desprecio que se nos da. A la presidenta de la Comunidad, el presidente del Gobierno no la recibe, ni la atiende como debería. Siempre parece que están por delante otras Comunidades, como Cataluña, y que se premia, precisamente, conductas que no son constructivas en una democracia, frente a una Comunidad en la que nos dedicamos a aportar al bien común de España. Nos haremos respetar".

El PP conserva el poder en Galicia (mayoría absoluta), Castilla y León (con un acuerdo con Cs), y Madrid, Andalucía y Murcia (en los tres casos, tras pactar gobiernos de coalición con Cs y ser apoyado por Vox). La Comunidad que dirige Díaz Ayuso, sin embargo, reúne características que le han convertido en terreno ideal para escenificar la oposición del PP a Sánchez. Madrid se ha convertido en el motor económico de España, superando a Cataluña como la región que más aporta al PIB nacional, según el INE. El modelo que propone el PP en educación, sanidad o fiscalidad está plenamente consolidado tras un cuarto de siglo gobernando ininterrumpidamente. Y aquí cuenta con una líder nueva, Díaz Ayuso, a la que acompaña la polémica, y por lo tanto los focos y las cámaras, allá donde vaya.

¿Qué propuestas del nuevo Gobierno nacional inquietan a Díaz Ayuso, que acaba de fichar como jefe de gabinete a Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario de Estado de Comunicación con Aznar?

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El Ejecutivo quiere habilitar a Comunidades y Ayuntamientos para limitar los precios de los alquileres, combatiendo el alza abusiva de las rentas. También pretende revisar la Ley 15/1997, que es la que ha permitido la inclusión de cinco hospitales de gestión privada en la red pública sanitaria regional. Los proyectos de implementar una tributación mínima por el impuesto de sociedades, o de eliminar exenciones, son interpretados por la presidenta como una amenaza a la actividad empresarial de Madrid. Finalmente, el Gobierno plantea "resolver las asimetrías" en la financiación de las Comunidades.

"Que Madrid está en la diana de la izquierda y es un escaparte de las políticas del PP es una realidad con la que convivimos desde hace años", resume Alfonso Serrano, portavoz parlamentario de la formación conservadora en Madrid. "Históricamente, las políticas que el PP ha implementado en Madrid han sido un ejemplo para el resto del partido", sigue. "A lo mejor quien hace oposición contra la Comunidad es el PSOE, legislando contra los intereses de los madrileños a través del Gobierno de España, e intentando imponernos cosas que no hemos votado".

El último episodio del choque institucional ha tenido a Guaidó como protagonista. Sánchez no le recibió, aunque sí lo hizo Arantxa González, la ministra de Exteriores. Mientras tanto, Díaz Ayuso le concedió la medalla internacional de la Comunidad, que no había recibido nadie desde su creación (2017); y Almeida le entregó, en presencia del expresidente José María Aznar, la llave de oro de la ciudad, reservada, según el reglamento de protocolo y ceremonial municipal, a Jefes de Estado. Se habló de Venezuela, pero se luchaba por llegar al Gobierno de España.

Renovación con aguirristas y aznaristas

Isabel Díaz Ayuso, de 41 años, se presentó a las elecciones de mayo asegurando que encarnaba la renovación de su partido, afectado en la Comunidad por los casos Púnica, Gurtel, Lezo o Máster. Tras las polémicas etapas de Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes, la hoy presidenta prometió el inicio de un tiempo nuevo. Su alianza con Ciudadanos ha supuesto cambios estructurales y políticos de primer orden.

Su liderazgo también ha mostrado algunas prioridades políticas diferentes, como la regulación de las casas de apuestas, o la preocupación por los precios de los alquileres. Esa transformación, sin embargo, se ha acompasado con la permanencia o los fichajes de políticos y asesores de la vieja guarida del partido.

Así, Díaz Ayuso acaba de fichar como jefe de gabinete a Miguel Ángel Rodríguez, que fuera secretario de Estado de Comunicación en el Gobierno de José María Aznar. De las etapas de Aguirre, González o Cifuentes destacan Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Hacienda, que antes lo fue de Sanidad y pasó por FAES y el gabinete de Aznar; Enrique Ossorio, ahora titular de Educación, que fue antes viceconsejero y consejero de Economía y Hacienda; David Pérez, responsable de Vivienda y Administración local, que fue siempre aguirrista por encima de todo; y María Eugenia Carballedo, al frente de Presidencia, que fue diputada con Aguirre —que le encargó presidir la Mesa de Evaluación de candidatos con la que el PP reaccionó a los casos Bárcenas, Gürtel y Púnica— y viceconsejera con González.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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