Ayuso se prepara para un choque con Sánchez por la política impositiva

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido este miércoles enviar a la Asamblea regional su proyecto de ley de autonomía fiscal, que necesitará de los votos de PP y Vox para convertirse en realidad. Como avanzó EL PAÍS en diciembre, la norma, de aprobarse en los actuales términos, obligaría al Gobierno regional ―independientemente del partido que gobierne―, o a la Cámara regional, a recurrir frente a la justicia nacional, europea, o del resto del mundo, cualquier norma estatal “que infrinja la corresponsabilidad fiscal y la autonomía financiera”. De esta manera, Isabel Díaz Ayuso abre preventivamente un nuevo frente en sus enfrentamientos con Pedro Sánchez, que desde que llegó al poder en 2018 ha explicitado su interés por lograr una armonización fiscal entre las regiones españolas. En el caso de Madrid, esa homogeneización sería al alza.

“El objetivo es la defensa de la autonomía financiera de la Comunidad (...) imponiendo a los poderes públicos la necesaria reacción frente a los ataques que pudiera sufrir”, se leía en el borrador de la norma, que emplea un lenguaje bélico que no deja lugar a dudas sobre el conflicto que está por venir.

Tras litigar con el Gobierno por la liquidación del IVA de diciembre de 2017 y las entregas a cuenta de 2019, Madrid ha venido enfrentándose con La Moncloa por la gestión de la pandemia, la política internacional o la económica. La semana pasada, el Ejecutivo de Díaz Ayuso anunció un recurso contra el reparto de nueve millones de los fondos europeos de recuperación a cuatro autonomías ―Extremadura, País Vasco, Comunidad Valenciana y Navarra―. Y ahora se intenta dotar de argumentos jurídicos por si cabe abrir un nuevo frente, este relacionado con la política fiscal, en el caso de que el Ejecutivo de Sánchez active el compromiso del PSOE con la “reconstrucción” de un sistema fiscal progresivo, “que contribuya directamente a la redistribución de la renta”.

“Los madrileños vivimos bajo la amenaza del hachazo fiscal que quiere hacer el gobierno de Sánchez con nuestros impuestos”, ha dicho este miércoles el consejero de Economía y Hacienda regional, Javier Fernández-Lasquetty, en una declaración enviada a los medios, ya que no se ha celebrado la rueda de prensa tras la reunión del Consejo. “Por eso el Gobierno de Madrid hace esta ley, para proteger nuestros impuestos bajos, llevamos 17 años seguidos bajándolos, lo que ha permitido que se genere más actividad económica”.

La política de rebajas de impuestos adoptada por los sucesivos gobiernos del PP desde que Esperanza Aguirre llegó al poder, en 2003, ha supuesto que Madrid dejara de ingresar unos 53.000 millones desde 2004, con sucesivas rebajas del IRPF que se han unido a las bonificaciones al 100% del impuesto al patrimonio y al 99% del de sucesiones y donaciones.

Esa estrategia ha motivado que la mayoría del resto de regiones acusen a la que ahora encabeza Ayuso de “dumping fiscal”, ya que así habría atraído a grandes fortunas de toda España a la caza de una menor presión fiscal. El conjunto del modelo popular está basado en la idea de que dejar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos provoca una mayor recaudación pública, puesto que fomenta un aumento del gasto privado. Una tesis basada en un enunciado escrito sobre una servilleta en los años setenta del siglo XX por el economista Arthur Laffer, y que ha provocado desde su misma gestación un encendido debate académico y político, con grandes defensores y detractores.

Así, Ayuso acaba de aprobar en la Asamblea una rebaja fiscal de medio punto en todos los tramos del IRPF valorada en 300 millones de euros, y que en bruto beneficia, al ser un impuesto progresivo, especialmente a las rentas más altas. También ha suprimido las tasas propias de la región, que suponían un 0,02% de la recaudación. Y ha anunciado que la bonificación en el impuesto de donaciones y sucesiones entre hermanos pasará del 15% al 25%, y entre tíos y sobrinos del 10% al 20%. Proyectos todos que el Gobierno central ve contradictorios con la petición de fondos europeos, puesto que, por un lado, se pierden ingresos voluntariamente, y por el otro se reclaman más dinero al Estado.

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