La factura millonaria de la línea de Metro de Madrid que hunde casas en San Fernando: más de 50 millones de euros en obras, realojos y autobuses

El día de mayo de 2007 en el que se inauguró la línea 7B del metro, una señora mayor se coló en el recorrido oficial del séquito de la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, y descubrió en la última parada que el suburbano todavía tardaría unas horas en dar servicio a los ciudadanos. Hubo que devolverla a su punto de origen en un coche oficial. Ese primer fallo en la inauguración de la infraestructura fue premonitorio. Desde entonces, la línea 7B ha estado cerrada por obras más de 915 días (casi tres de los 15 años que lleva abierta); ha provocado el derribo de 27 viviendas y el desalojo de 85; y ha obligado a gastar más de 50 millones en rehabilitar edificios, en realojar a más de 120 personas y en financiar intervenciones para reconducir la situación, según la información obtenida por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. El agujero económico, sin embargo, es mayor. Mucho mayor. Falta calcular el montante de las indemnizaciones patrimoniales a los afectados, que el PSOE ha estimado en unos 100 millones de euros, y lo invertido por Metro de Madrid, que dice carecer de información sobre los costes de los contratos más antiguos, o se remite al promotor.

“El dinero se ha ido básicamente en trabajos en el subsuelo, y en la estación del Hospital del Henares, que no está en buenas condiciones, pero no se ha dedicado la cantidad necesaria para atender dignamente a las familias”, lamenta Javier Corpa, el alcalde socialista de San Fernando de Henares, un municipio al sudeste de la región, que cuenta con unos 40.000 habitantes. “Hay una parte social en este problema en el que la Comunidad de Madrid debería hacer un mayor esfuerzo”, reclama sobre el drama que viven sus vecinos, víctimas de que las obras del metro provocaran la entrada del agua en el subsuelo, diluyendo estratos de sal, y hundiendo el túnel del suburbano y los edificios de la superficie. Y recuerda: “Los trabajos de consolidación del terreno se han hecho durante 15 años, y no han servido para nada. Hay vecinos que han tenido que irse de sus casas tres o cuatro veces”.

Desde septiembre 2021, la Comunidad ha destinado poco más de 1,4 millones de euros para los realojos de los más de 120 vecinos que han tenido que dejar sus hogares, a los que ha pagado las mudanzas, el alquiler de los pisos en los que se han instalado, la manutención y los traslados. Una treintena de ellos ya no tienen esa ventaja, porque se ha acabado el contrato de emergencia que lo amparaba, aunque pronto deberían recibir como compensación 798 euros al mes durante seis meses (4.788 euros en total). Si a esas cifras se le suma lo pagado en estudios del problema y rehabilitación de los edificios, la cantidad supera los 10 millones. Lo único seguro es que el grueso de los 50 millones invertidos por la Comunidad en el problema del metro de San Fernando se ha invertido en intentar arreglar la línea 7B.

2009. Han pasado solo dos años de la inauguración de la línea, celebrada con conciertos y paellas multitudinarias, y ya hay que intervenir. La Comunidad de Madrid abona 3.167.064,59 euros a Dragados para que realice obras de emergencia. Está claro que algo pasa con el agua. Y que no es fácil solucionarlo. En 2011, con Aguirre todavía en el poder, y el recuerdo de la inauguración de 2007 bien fresco, hay que gastar de nuevo otra millonada: 3.394.783,21 de euros para intentar impermeabilizar el túnel entre las estaciones de Coslada y Hospital Central. Solo siete años después, en 2018, hay que volver a intentar parar la entrada del agua, esta vez por 2.230.473,82 de euros. Pero el paso del tiempo actúa como un juez inflexible: este verano, los expertos detectaron que las vías de ese tramo se han hundido entre 1,5 y 2 centímetros solo entre junio y agosto de 2022, y que el tubo que las acoge lo ha hecho 2,5 centímetros.

“La karstificación en esta zona no fue detectada con los reconocimientos del proyecto, probablemente porque no existía”, se lee en un informe oficial sobre los cambios en el terreno, producto de la disolución de la sal que entrevera el subsuelo al entrar en contacto con el agua. “Sin embargo, la construcción del túnel y posterior drenaje comenzó a movilizar el flujo de agua subterránea y a iniciar un progresivo proceso de disolución del terreno, en concreto y preferentemente, de los niveles salinos existentes”, añade. “(…) En este tipo de terreno, movimiento de agua significa capacidad de disolución”, subraya, en alusión a los cambios del terreno que afectan al asentamiento de los cimientos de los edificios.

Por eso la Comunidad de Madrid aprobó en el Consejo de Gobierno del pasado miércoles el mayor gasto hasta la fecha: 10 millones de euros en inyectar cemento e intentar consolidar un máximo de 10.000 metros cuadrados en el municipio, donde hay más de 400 edificios afectados y cientos de personas han sido desalojadas de sus casas por los desperfectos.

“Nosotros nos ocupamos de monitorizar los edificios, arreglar la zona, inyectar materiales para consolidar la superficie, tramitar las indemnizaciones y pagar todos los alojamientos”, defendió el jueves el consejero de Transportes, David Pérez, durante el pleno de la Asamblea.

Son casi 15 años de obras. Nueve cierres de la línea 7B del metro, que desde agosto permanece así, sin que circule ni un tren. Millones gastados en pagar autobuses para el transporte de las decenas de miles de vecinos que se quedan periódicamente sin poder usar el suburbano. Más de 400 edificios afectados, según el balance del Ayuntamiento. 27 viviendas derribadas. 85 desalojadas. Y 72 familias, compuestas por más de 120 personas, que tienen llaves para una puerta que ya no pueden abrir por culpa del metro.

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