El PSOE impulsa una ley para indemnizar con un fondo de 100 millones a las familias de San Fernando sin casa por culpa del metro de Madrid

El PSOE de Juan Lobato ha registrado una proposición de ley en la Asamblea de Madrid para crear un fondo de 100 millones de euros con el que indemnizar a las familias de San Fernando de Henares que han perdido sus hogares como consecuencia de los desperfectos que ha causado la línea 7B de metro en sus casas. La infraestructura, inaugurada en 2007, provocó que el agua entrara en el subsuelo, disolvió la sal que entreveraba el terreno, y creó vacíos que han causado grietas, graves descompensaciones y desalojos en este municipio del sudeste de Madrid (40.000 habitantes). Tras derruir 27 viviendas, y desalojar 85, lo que ha dejado sin techo a más de 120 personas de 72 familias, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no tiene aún un presupuesto cerrado para las indemnizaciones patrimoniales que prepara, según una fuente gubernamental del máximo rango. El PSOE intenta acelerar los trámites con esta ley para financiar las indemnizaciones y gastos originados por el metro a unas familias desesperadas, como se comprobó en la tumultuosa visita que realizó la líder conservadora al municipio la pasada semana, llena de protestas.

“Durante su construcción, el trazado original fue modificado para añadir dos nuevas estaciones y, desoyendo el consejo de los estudios geológicos de diversos ingenieros de la Universidad Autónoma y de la Complutense, la tuneladora horadó el suelo prácticamente a ciegas con el único objetivo de unir la línea con el hospital del Henares”, denuncian los socialistas en el texto de la Ley para la financiación de las indemnizaciones y los gastos derivados de los daños ocasionados por las obras de ampliación de la línea 7 de Metro, a la que ha accedido EL PAÍS. “Fue una obra en la que no se tuvo en cuenta ni la configuración del terreno, ni los materiales que debían ser usados para minimizar sus efectos”, siguen, en una referencia velada a las prisas del Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) por inaugurar la infraestructura antes de las elecciones. Y plantean esta solución, que previsiblemente hará pública Lobato en el pleno del jueves: “Se concede un crédito extraordinario al presupuesto de la Comunidad de Madrid para el 2022, por un importe de 100 millones de euros”.

¿De dónde saldría ese dinero? El PSOE propone una doble vía: cargarlo al fondo de contingencia que recogen los Presupuestos, y, “si procede”, cobrárselo a las personas y entes responsables del desaguisado, tras el correspondiente proceso administrativo y judicial: es decir, la constructora. Pero para que los largos tiempos de la justicia no sean excusa, los socialistas también proponen autorizar al Ejecutivo a endeudarse para pagar las indemnizaciones.

Para que el proyecto vea la luz, será necesario que lo apoyen los tres partidos de izquierdas (Más Madrid, PSOE y Podemos), además de Vox, que tiene incluso la opción alternativa de pactar partidas concretas con el PP dentro de la negociación de los Presupuestos de 2023.

Lo previsible es que se encuentren con la oposición del PP. El partido que sostiene el Gobierno de Ayuso defiende que este ya ha corrido con los gastos de alojamientos, manutención y transporte de los vecinos afectados, y que trabaja contrarreloj para indemnizarlos en cuanto los residentes le hayan entregado toda la documentación necesaria. Pero el tiempo pasa, y los problemas se les amontonan a unos ciudadanos que han visto cómo tenían que salir a toda prisa de sus casas, o sus negocios, bajo la amenaza de un derrumbe y por un problema que no habían causado. En muchos casos, además, están obligados a pagar también la hipoteca de una vivienda en la que no pueden seguir viviendo.

“Lo lamento profundamente y vamos a estar a vuestro lado todo el tiempo que haga falta. Es mi mayor compromiso”, prometió Ayuso durante su visita del pasado jueves a la zona, donde se mezclan los cientos de vecinos afectados con los miles que temen acabar siéndolo, ya que el problema se extiende como una mancha de aceite invisible, centímetro a centímetro, desde hace un decenio, que devora a su paso casa tras casa.

A las puertas de las elecciones de 2007, Esperanza Aguirre, entonces presidenta regional en busca de la reelección, decidió construir un hospital con su correspondiente estación de metro. Para eso, había que cambiar el proyecto original, ampliar el recorrido y añadir estaciones. Un error, según se descubrió un decenio después, porque las obras del túnel del metro facilitaron la entrada del agua en el subsuelo. El líquido contactó con terrenos solubles, alteró su solidez y afectó a los cimientos de los edificios cercanos. Desde entonces, ha habido que cerrar la línea de metro en nueve ocasiones. Así está ahora mismo: sin que circule ni un tren. Peor: según un informe encargado por la Comunidad de Madrid al que accedió EL PAÍS, un tramo de las vías se hundió una media de entre 15 y 20 milímetros entre junio y agosto, sin que existiera ningún signo de estabilización.

La Comunidad, que en el último decenio ya ha gastado unos 40 millones para intentar arreglar el problema, acaba de ponerse manos a la obra de nuevo en la zona: bombea cemento en 10.000 metros cuadrados de subsuelo para intentar que se asiente el terreno, y que las casas de San Fernando de Henares dejen de hundirse, con la vida de cientos de vecinos arruinada por culpa del metro.

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