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Alarma en el metro de Madrid: estima que necesitará un rescate de 150 millones si el coste de la electricidad no baja

La compañía pública pierde 57 millones en 2021 y advierte de que precisará una inyección económica en 2022 si la energía sigue en máximos

Inyeccion economica Metro Madrid
Viajeros en el interior de un vagón del metro de Madrid.Víctor Sainz
Juan José Mateo

Metro de Madrid necesitará una inyección económica proveniente de la Administración que estima en más de 150 millones de euros si los precios de la energía acaban el año a los mismos niveles que lo empezaron. En caso contrario, incurrirá en un “déficit relevante”. Así, negro sobre blanco, lo refleja la compañía en su balance de 2021, que es el resumen de la crisis que vive esta empresa pública. Tras cuatro años de beneficios, Metro entró en pérdidas el pasado curso (57 millones de euros). En paralelo, su patrimonio neto se hundió desde los 1.170 millones de 2010 a los 366 de ahora. Y como resultado, la empresa anunció en primavera que recortaba un 10% de media el número de trenes con los que da servicio a su millón largo de usuarios diarios. Casi todo, por una polémica decisión. En 2021, Metro se acogió a una tarifa fija de electricidad para protegerse de los vaivenes del mercado: en todo el año gastó 88 millones por ese concepto. Sin embargo, al menos en el arranque de 2022, la empresa abandonó esa práctica: como resultado, ha pagado más de 50 millones solo en el primer cuatrimestre, según documentación a la que accedió EL PAÍS.

“En estos momentos existe una gran incertidumbre sobre el nivel de precios que pueda haber durante 2022 y su repercusión en la compañía, ya que en este primer trimestre del 2022 el precio medio supera los 200 €/Mwh, mientras que el presupuesto del ejercicio 2022 se ha realizado considerando un precio medio de 53 euros por Mwh”, se lee en el balance de la compañía para 2021, publicado este mes de julio. “Si este elevado precio medio se mantuviera durante todo el ejercicio 2022, la Sociedad necesitaría una compensación económica extraordinaria (...) que se estima en un importe superior a 150 millones de euros, para no incurrir en un déficit relevante”, se detalla. Y se subraya: “Los Administradores de la Sociedad son conscientes de la situación y consideran que el actual Contrato Programa con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ampara la posible modificación de la tarifa por viajero transportado para situaciones tan excepcionales como este incremento del coste de la energía”.

Un portavoz de Metro especifica que esa referencia al aumento del precio de los billetes no tendría efectos para los usuarios, ya que implicaría que la Administración aportara más dinero a la parte de la tarifa que ya cubre. Además, sobre la posible inyección de más de 150 millones si se mantienen los actuales precios de la energía, precisa: “Tenemos que seguir todavía la evolución de los precios de la energía para saber si va a ser necesaria o no, y en caso de que sea necesaria, de qué cantidad estaríamos hablando”. Pero nadie en la compañía oculta que la empresa atraviesa un momento grave.

Así, la consejera delegada de Metro de Madrid, Silvia Roldán, se unió en enero a los gerentes de otras empresas públicas de transporte para enviarle una carta alarmante al Gobierno central. “Solicitamos al Ejecutivo ayudas para paliar el incremento de la factura de la luz”, era el resumen de la misiva. En las semanas siguientes, la dirección de la compañía transmitió a diversos interlocutores que el suburbano regional afrontaba “una grave situación económica”. En esas citas, según fuentes internas y documentación a la que accedió EL PAÍS, se llegó a decir que la empresa pública se arriesgaba a entrar en “un escenario de quiebra técnica” si el coste de la energía se mantenía disparado, aunque Roldán niega haber pronunciado ella misma esas palabras.

En 2020, esta empresa pública gastó cerca de 41 millones de euros en energía. Un año después, en 2021, esa cifra alcanzó los 88 millones. La factura de 2022 se dispararía claramente por encima de los 150 millones de euros si el gasto del primer cuatrimestre se mantuviera durante todo el año. Una escalada que ahoga a la empresa, y que ha llevado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a pintar un escenario tenebroso, a modo de aviso, en el capítulo que le dedica a Metro en los Presupuestos regionales para 2022.

“Por lo que se refiere a los ingresos de Metro de Madrid, la recuperación de la demanda va más lenta de lo esperado, por lo que la prognosis de ingresos previstos en el documento presupuestario presentado podría no alcanzarse si dicha recuperación no se produce”, se lee sobre la inversión pública de 1.432.993.000 euros en la empresa. “Por el lado de los costes reflejados en las cifras presupuestadas, el precio de la energía eléctrica está experimentando en estos últimos meses una gran volatilidad, por lo que las cifras que reflejan las cuentas de Metro, con una predicción prudente del precio de la energía para 2022 de 50€/MWh, podrían no ser suficientes en el caso de que el precio medio del año fuera superior al referido coste”.

Además, la crisis energética, fruto del alza de los precios y de la decisión de no acoger a la empresa a una tarifa fija, multiplica los problemas de la compañía. Porque Metro está inmerso en una crisis reputacional sin precedentes en su historia centenaria.

Está el frente abierto con los trabajadores por las muertes causadas por el amianto que hay en la red, y con el suburbano de Buenos Aires por haberle vendido vagones con este material cancerígeno. Está el conflicto con los cientos de vecinos de San Fernando de Henares que han tenido que abandonar sus casas porque la línea 7B ha afectado a los cimientos. Y están las quejas de los pasajeros por las esperas en los andenes y las aglomeraciones en los vagones. Un panorama complicado al que se une la necesidad de inversiones constantes para mantener y modernizar una red de transportes centenaria.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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