La “grave situación económica” del Metro de Madrid: cuentas al límite y baja solvencia

La consejera delegada de Metro de Madrid, Silvia Roldán, se unió en enero a los gerentes de otras empresas públicas de transporte para enviarle una carta alarmante al Gobierno central. “Solicitamos al Ejecutivo ayudas para paliar el incremento de la factura de la luz”, es el resumen de la misiva. En las semanas siguientes, la dirección de la compañía transmitió a diversos interlocutores que el suburbano regional afrontaba “una grave situación económica”. En esas citas, según fuentes internas y documentación a la que accedió EL PAÍS, se llegó a decir que la empresa pública se arriesgaba a entrar en “un escenario de quiebra técnica” si el coste de la energía se mantenía disparado, aunque Roldán niega haber pronunciado ella misma esas palabras. Ahora, la situación ha mejorado, según un portavoz de Metro, que publicará próximamente las cuentas de 2021 y sigue pendiente de obtener liquidez extra a través del Gobierno regional o del Estado. Tanto la compañía como la Comunidad subrayan que la prestación del servicio está garantizada.

El patrimonio neto de Metro se ha reducido de los 1.176 millones de euros de 2010 a los 438 de 2020, según los balances de la compañía. La ratio de solvencia de la empresa ha empeorado del 4,4 de 2018 al 6 de 2020, cuando se publicó este dato por última vez: Metro ya necesitaría seis veces el beneficio bruto obtenido para pagar su deuda. Y todo apunta a que el ejercicio 2021 dejará pérdidas, según un balance interno provisional al que accedió este diario.

Los directivos han tomado medidas drásticas para minimizar el impacto en las cuentas de la reducción de ingresos por número de viajeros (ahora es un 20% inferior al de antes de la pandemia) y del aumento del gasto en electricidad (una factura que se ha multiplicado, entre otras cosas por la polémica decisión de no optar por una tarifa plana). Así, se han reducido un 10% los trenes, y se ha ajustado el consumo de energía y la productividad.

Sin embargo, esas medidas no han impedido que la consejera delegada trasladara un difícil panorama económico a diversos interlocutores en marzo, abril y principios de mayo. “Pintó el asunto mal, feo”, dice una fuente conocedora del contenido de esas citas. “Se habló de que se puede llegar a la quiebra técnica por la subida del precio de la luz, pero sin darlo como una cosa segura, sino como una posibilidad si se mantenían los precios de la electricidad”, añade otra. “Se asegura que desde la Comunidad de Madrid va a haber un plan de viabilidad”, amplía una tercera.

Desde ese momento, la situación ha mejorado, dentro de la dificultad, porque el alza de los precios de la electricidad se ha moderado, según defiende la compañía.

“Metro de Madrid no va a quebrar”, afirma un portavoz de la empresa pública. “Desde la empresa, en coordinación con el Consorcio Regional de Transportes y la Comunidad, estamos evaluando la situación actual para decidir próximos pasos, ya que contamos con que los precios de la energía fluctúan, y con que hemos llevado a cabo medidas de ahorro”, añade. “El coste financiero también se ha reducido notablemente, siendo, al cierre de 2021, inferior al 1% anual sobre la deuda contraída. Además, seguimos trabajando para conseguir el fondo de compensación [por el aumento del precio de la electricidad] que la Comunidad le ha pedido al Gobierno”, recuerda. “Con todos estos mimbres, analizando también la evolución del número de viajeros y según evolucione el mercado [eléctrico], iremos decidiendo próximos pasos”, reconoce. Pero subraya: “Metro de Madrid tiene un contrato programa firmado con el Consorcio de Transportes de Madrid que garantiza la financiación de Metro para la prestación del servicio y también la posibilidad de afrontar gastos sobrevenidos”.

Intervención de la empresa

Un posicionamiento coincidente con el del Gobierno regional. “Hablar de quiebra técnica de Metro es absurdo”, afirma una fuente gubernamental de máximo nivel. “Quien diga eso, miente y no tiene ni idea”.

Metro de Madrid, al contrario que una empresa privada, tiene siempre la opción de que el Ejecutivo autonómico considere una inyección de dinero público. Una posibilidad que está sobre la mesa, como reflejan las comunicaciones internas de los trabajadores tras las reuniones informativas de los sindicatos con la dirección de Metro.

“Todos somos conscientes de la época de grave crisis económica por la que atraviesa medio mundo (precio de combustibles, guerra, precio de la electricidad, etc.) y que repercute en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma y por ende en nuestro Metro de Madrid”, advirtió UGT en un comunicado del 25 de marzo. “Todo apunta a que se avecinan vacas flacas en lo económico”, añadió. Solo unos días después, el mismo sindicato explicitó que los gestores de la compañía le habían informado de “la grave situación económica por la que atraviesa la empresa”.

“El precio de la luz lo bloquea todo”, arrancaba otra comunicación interna de Solidaridad Obrera fechada en abril. “Debido a la actual situación económica, RR HH [Recursos Humanos] está pendiente de la Consejería de Hacienda y de un plan económico de viabilidad”.

En la misma línea resumía ese mismo mes la situación CC OO. “En peligro los acuerdos de nuestro convenio colectivo por la situación económica de Metro de Madrid”, advertía a sus afiliados, reflejando que los sindicatos temían que la dirección utilizase la crisis como una excusa para no cumplir los pactos alcanzados con los trabajadores, y para deteriorar el servicio. Y añadía: “Debido a la situación económica de la empresa, la Comunidad de Madrid está realizando un ‘estudio de viabilidad’ para atender la cuenta de resultados, y probablemente tengan que realizar un nuevo plan económico, para que la empresa pueda continuar sin tener que ser intervenida, si las pérdidas económicas anuales superan el miserable patrimonio que aún nos queda”.

En mayo, CC OO alerta: “Debido a la situación económica que tenemos actualmente en nuestra empresa, se están produciendo recortes importantes en las inversiones previstas, y si esta situación continúa podríamos encontrarnos con más recortes, tanto en los servicios que prestamos a los usuarios como para el personal que trabajamos en Metro (...) La previsión de contratación que acordamos en el convenio colectivo está en peligro debido a la situación económica de pérdidas que venimos teniendo estos últimos años”.

El Gobierno regional, consultado por este diario, no aclara si prepara una inyección económica para equilibrar el balance de la empresa. A las puertas de las elecciones municipales y autonómicas de 2023, Isabel Díaz Ayuso ya ha dejado claro que apurará cualquier opción antes de evaluar un aumento de las tarifas que pagan los viajeros. Y en el entretanto, Metro de Madrid se prepara para hacer públicas las cuentas de un ejercicio complicadísimo: el de 2021, primero en el que se mezclaron la pandemia y la subida de los precios de la energía.

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