Desde al menos principios de los noventa, Metro sabe que hay amianto en su red, pero la primera vez que la empresa pública habló con sus empleados sobre el asunto fue en 2017, el mismo año que a Julián Martín le diagnosticaron un cáncer relacionado con el amianto de su lugar de trabajo: las instalaciones de Metro de Madrid. “Las autoridades laborales se interesaron después de nuestra denuncia; si no hubiese sido por Julián, ahora no se sabría tanto del amianto”, afirma Eugenia. “Nunca nos habían dicho nada; lo hicieron cuando intervino la Inspección de Trabajo ante la gravedad de la situación”, remarca Juan Carlos de la Cruz, secretario de Comisiones Obreras en Metro, que recuerda que desde 1995 las empresas están obligadas por ley a informar a sus trabajadores si manipulan el material.

Pero si hace cuatro años no había ningún enfermo reconocido, ahora ya hay una decena de trabajadores o extrabajadores de la compañía afectados por el mineral: seis de ellos han muerto por enfermedades derivadas de la exposición al amianto. “Es un goteo continuo”, lamenta el presidente del Comité de Empresa de Metro, Francisco Javier del Llano.

El malestar de Julián apareció a comienzos de 2017. En marzo ya estaba de hospitales. “Le detectaron un cáncer terminal”, recuerda su viuda. “Un mes antes le habían hecho el reconocimiento médico de Metro”, agrega con voz pausada: “Le dijeron que el aparato respiratorio lo tenía estupendamente y que era apto para el trabajo”. La neumóloga que le trató justo después de esa revisión no opinaba lo mismo. Tras revisar unas pruebas, la doctora lanzó a Julián una pregunta muy concreta: “¿Trabaja con amianto?” “Contestó que trabajaba en Metro”, recuerda su viuda. La exposición al amianto provoca diversas dolencias, pero hay dos -asbestosis y mesotelioma- que se originan única y exclusivamente por esta vía. Ambas derivan en muerte. Además, “el amianto provoca cáncer de pulmón, laringe y ovarios”, explica Jaume Ferrer, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Vall d'Hebron.

“Amianto, que significa inmaculado, describe una serie de minerales fibrosos a los que les dieron ese nombre por su color blanquecino”, explica el geólogo Manuel María Regueiro, presidente del colegio oficial de su ramo. “Asbesto hace referencia a que es incombustible”, agrega. Sus propiedades fibrosas e ignífugas fueron muy celebradas por industrias como las constructoras, que lo mezclaron con cemento; los astilleros, las ferroviarias... Durante décadas, el material se diseminó por todos los rincones del mundo: en España se consumieron 2,6 millones de toneladas de amianto durante el siglo XX -algo más de 700.000 kilos al día- según Los riesgos del amianto en España (1960-2002), investigación que analiza el impacto del material dirigida por Alfredo Menéndez Navarro, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada.

Si no se altera su estado, el asbesto no es corrosivo. El problema llega cuando se manipula o cuando se degrada; cuando se corta, se astilla, se funde o se pudre... Al descomponerse -asemejando su comportamiento al de un agente infeccioso- espolvorea el aire de microfibras que tienen la capacidad de penetrar en el organismo, por ejemplo, al inhalarse. Una vez dentro se insertan en el tracto respiratorio, donde permanecen durmientes durante décadas.

La primera vez que se menciona el amianto de Metro en la Asamblea de Madrid fue en 1992. Apareció en una pregunta de una diputada del PP, entonces en la oposición, sobre la presencia del material en la red y los riesgos que podría conllevar para los operarios. Hasta 2018 no se volvió a discutir del asunto. Ese año murieron dos trabajadores del suburbano por amianto. Julián fue uno de ellos. Entonces, Podemos impulsó una comisión de investigación en la Asamblea sobre el amianto de Metro y contó con el apoyo de PSOE y Ciudadanos. En ella testificaron enfermos, familiares de afectados, trabajadores, directivos, responsables políticos…

Las conclusiones de la comisión fueron demoledoras. La principal: Metro ocultó durante décadas el amianto poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. El dictamen también confirmó que desde la empresa intentaron minimizar el problema y que cuando los representantes de los trabajadores preguntaron sobre los riesgos asociados al material, Metro les mintió. “Les aseguraron que [el amianto] no les afectaba”, explica el abogado Alejandro Domínguez González: “Y ellos se lo creyeron”. Domínguez representa a CC OO y a seis afectados en el caso amianto en el que Fiscalía acusa a siete responsables del área de Salud y Prevención de Riesgos de Metro de homicidio imprudente, lesiones por imprudencia y delitos contra los derechos de los trabajadores. La pandemia causada por el coronavirus paralizó la investigación, pero los interrogatorios se reanudarán a finales de septiembre, según ha anunciado la jueza.

“Es una buena noticia, pero está siendo un proceso muy duro”, relata la viuda de Julián. El origen de la enfermedad de su marido se remonta a 1987, cuando tras ejercer diversos puestos en Metro, fue destinado a la nave de motores de Pacífico. En esa época, por sus manos pasaba todo lo que necesitaba un arreglo: puertas o vagones; piezas o mecanismos. Algunos objetos contenían amianto y, a veces, durante la faena, se guardaba una tuerca en un bolsillo. En otras ocasiones, diminutas esquirlas se colaban accidentalmente en los pliegues de la ropa. A su paso, dejaban ese rastro blanco que llamaba la atención de trabajadores y de algunos familiares. “En esa época, Julián no sabía que era peligroso”, remarca Eugenia, “ni él, ni nadie”.

La viuda recuerda que cuando su marido enfermó ya había otro caso. “Dos personas con la enfermedad y Borja Carabante [en esa época consejero delegado de Metro y actual delegado de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid], aparecía en televisión diciendo que no había ningún problema con el amianto. Era mentira”, resume Eugenia. Carabante mantiene que no tuvo conocimiento del amianto hasta el año que diagnosticaron a Julián y que su departamento reaccionó impulsando el plan de desamiantado vigente, dotado con 140 millones para el periodo 2018-2025. Por su parte, la actual consejera delegada de la compañía, Silvia Roldán, en el cargo desde octubre del año pasado, describe el amianto como “la crisis más grave del suburbano”.

“Metro no nos ayudó en nada. No nos lo puso nada fácil. Cumplió solamente con lo que legalmente estaba obligado y a duras penas”, recuerda Eugenia sobre el periplo para que el suburbano le reconociese la enfermedad a su marido. Se trataba del primer caso. Metro recurrió los dictámenes de la Seguridad Social en los que concluían que Julián había sido víctima de una enfermedad laboral. “Todo para alargar el proceso”, remarca Eugenia, “además, ningún responsable de Metro vino nunca a verle. Nadie. Nunca”. La empresa pública siempre ha mantenido que no ha querido retrasar los pagos que le correspondan, sino que recurría para establecer la indemnización de manera precisa.

Eugenia y su hija acaban de cerrar un acuerdo con Metro para no ir a juicio. Lo cerraron en junio y acordaron percibir una indemnización no solo por la muerte de su marido -batalla judicial que ya ganaron-, sino también por el daño que la empresa pública les había provocado a ellas. Porque el amianto no ha salido de sus vidas: ambas deben acudir a una revisión médica anual por si desarrollan alguna patología asociada al mineral. Los neumólogos las consideran expuestas por su cercanía a ese polvillo blanco: “Exposición doméstica”, definen. Aquella que ocurre en personas que no han tratado directamente con el mineral.

“Le daba la vuelta al uniforme, lo sacudía, le vaciaba los bolsillos”, recuerda Eugenia, “por eso la ropa homologada para trabajos con amianto no puede llevar bolsillos”. “Si lo llevaba en los dobleces de la ropa, lo llevaría en el pelo, en los zapatos...”, agrega. En total, la indemnización por los daños ocasionados roza el medio millón de euros. Aunque es la primera vez que la empresa pública llega a algún tipo de acuerdo con una víctima del asbesto, desde el suburbano afirman que a partir de ahora este será el criterio que aplicarán para los afectados.

“Pero el proceso continúa por la vía penal y civil”, apunta la viuda, que considera que “Metro ha sido muy irresponsable”: “No han prestado la suficiente ayuda a los trabajadores afectados ni a las familias”.

- ¿Le gustaría que le pidieran perdón?

- Me da igual. Su perdón ya no tiene sentido. Si Metro se lo hubiese pedido a mi marido, que estuvo año y medio enfermo, o le hubiesen tratado bien... Pero le trataron con desprecio. Yo ahora solo quiero ir hasta el final con la justicia: quiero que los responsables de todo esto lo paguen.

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“La charla sobre el amianto duró más o menos una hora”, recuerda Santos González, trabajador de Metro de 60 años. Empezó en el suburbano en 1979 y antes de esa cita, celebrada en 2017, ya había oído hablar del amianto. Fue unos años antes, en 2013, cuando le diagnosticaron asbestosis. Aunque la Seguridad Social le reconoció la enfermedad laboral cinco años después, Metro esperó aún más hasta 2019. Como en el caso de Julián, el chequeo médico anual que la empresa pública realiza a sus trabajadores tampoco encontró ninguna afección a Santos. Fue su médico de cabecera el que lo derivó al neumólogo. Tras realizarle unas pruebas, le lanzó una pregunta: “¿Hay amianto en su lugar de trabajo?”.

Santos trabajó hasta 2007 en el equipo que reparaba las escaleras mecánicas. “Iba por las estaciones, según fallaban”, recuerda, “a veces de noche, a veces de día, con viajeros pasando”. Sabía que algunas de las piezas -“las zapatas de freno de las escaleras, algún conector, el útil de soldar pasamanos”- llevaban o estaban hechas de amianto. “Soltaban un polvo blanquecino y las zapatas, del desgaste, algo más parecido a un humo”, describe.

Los primeros síntomas de asbestosis se evidencian entre 10 y 20 años después de la exposición al material. Por su parte, cualquier tipo de cáncer derivado del material tarda entre 20 y 40 años en aflorar. Un periodo de latencia que “dificulta extraordinariamente el reconocimiento y la cuantificación de la enfermedad”, concluye la investigación Los riesgos del amianto en España (1960-2002). El número real de afectados en España no se conoce: las asociaciones de víctimas del material hablan de más de 200.000 hasta el año 2040. Alemania, Reino Unido, Francia o Polonia, países con mayor fiscalización de la gestión del material, declaran entre 2.000 y 4.000 casos al año por lo que en España se estiman unos mil anuales.

Si las primeras consecuencias del amianto tardan décadas en aparecer, el reconocimiento como víctima requiere de al menos uno o dos años extra. Ese es el tiempo que la Seguridad Social invierte de media en resolver estos casos. Después, la empresa (en este caso Metro) debe acatar el dictamen. Si no lo hace, se alarga el proceso. De hecho, en varios casos de trabajadores enfermos, el suburbano ha recurrido el dictamen de la Seguridad Social.

Hasta recibir su diagnóstico, Santos nunca había sido consciente de lo peligroso que era el material. Nadie le informó de nada. “Me dejó hecho polvo”. Debido a la enfermedad se fatiga: “No puedo cargar peso, ni andar deprisa. No puedo hacer muchas cosas que hacía porque me agoto”, relata. A pesar de tener la asbestosis reconocida, la compañía no le ha dado la baja. Actualmente lo está, pero por depresión: “Llevamos ya varios muertos y no dejan de salir casos. Cada vez que voy a un reconocimiento no puedo evitar pensar: ¿me toca a mí ya?”. Santos considera que, con más de 40 años de servicio y una enfermedad laboral que conlleva graves consecuencias, deberían de prejubilarle: “¿A qué esperan? ¿A que me muera?”.

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“Si la empresa realmente no tiene nada que ocultar, que sea transparente y responsable”, exige David Arteaga, de 40 años. Es maquinista desde hace tres lustros y le quita el sueño el amianto. No se le va de la cabeza “un humillo blanquecino” que, cuando comenzó a trabajar en el metro, emanaba de las ruedas de los trenes más viejos al frenar. “Todos estamos preocupados; el que dijera lo contrario mentiría”, resume camino del hospital. Va a hacerse un TAC.

Metro prometió en 2018 realizar esa prueba, que determina la presencia de amianto en el organismo, a sus trabajadores. Los sindicatos entendieron que se referían a todos, a los 7.000, pero la compañía decidió que solo haría la prueba al personal con riesgo de exposición. Los maquinistas no entran en esta categoría: “No han trabajado con el material”, justifican. “¿No estamos expuestos?”, clama el maquinista Arteaga: “¿Entonces por qué han fallecido dos compañeros maquinistas con la enfermedad reconocida?”.

Ante la “pasividad de la empresa”, el Sindicato de Maquinistas de Metro ofreció a sus afiliados con más de 15 años de antigüedad cubrirles un TAC. Pruebas que desde el pasado octubre se está realizando decenas de ellos. En algunas, como la de Arteaga, no ha salido nada. En otros casos el resultado no ha sido tan positivo. “Sería aconsejable que se hiciera esa prueba a todos los trabajadores con sospechas de exposición”, recomienda Jaume Ferrer, jefe del Servicio de Neumología del Vall d'Hebron. Remarca que en Metro de Barcelona, cuya red también contenía amianto, “el servicio médico de transportes metropolitanos ha efectuado un TAC a la mayoría de trabajadores expuestos, aplicando un sistema de vigilancia superior al exigido oficialmente; en otras palabras, han querido llegar hasta el fondo”.

El rastro del amianto de Madrid es largo. Tanto que llega hasta Argentina. Subterráneos de Buenos Aires, que gestiona el metro de la capital, también ha demandado a Metro por el amianto. En este caso por la venta de varios trenes con el material (36 vagones del modelo 5.000) realizada en 2011, más de diez años después de que el Gobierno de España prohibiera la “utilización, producción y comercialización” de fibras de amianto o elementos que las contuvieran.

“[El asbesto] No estaba ni siquiera encapsulado”, apunta el portavoz del sindicato de los trabajadores de Subte, Roberto Pianelli. Es decir, que no estaba recubierto ni tratado para eliminar su toxicidad. Subte pide casi 15 millones de euros (14.978.395) más intereses por daños y perjuicios al considerar que la venta que realizó la empresa pública madrileña, gestionada por la Comunidad, pudo ser ilegal. Cuando se realizó esa venta, Esperanza Aguirre era la presidenta regional; Antonio Beteta, consejero de Transportes; y Borja Carabante viceconsejero del ramo.

“Estamos intentando rectificar cosas que eran difíciles de entender en torno a algo muy sensible”, asegura el consejero de transportes Ángel Garrido (Cs) que con renuencia reconoce que “algo se ha hecho mal” con las víctimas del amianto. Garrido estaba al frente del Gobierno regional, bajo las siglas del PP, primero como consejero de presidencia y justicia (2015-2018) y luego como presidente (2018-2019), cuando apareció el primer caso de asbestosis en Metro. Aunque en 2017 el suburbano presentó su primera estrategia con respecto al material (la inversión de 140 millones hasta 2025 para desamiantar su red), la jueza del caso amianto también investiga si previamente, entre 2003 y 2006, se realizaron tareas secretas de desamiantado.

Siguiendo ese rastro, la magistrada ha reclamado el organigrama de Metro desde el año 2000 hasta la actualidad (incluyendo cargos directivos, consejeros delegados y miembros del consejo de administración) así como las competencias de todos ellos. La investigación quiere determinar quién aprobó las partidas para realizar labores de desamiantado en secreto entre los años 2003 y 2006. “Se están dando cuenta de que también pueden estar implicados los máximos responsables de Metro”, opina el sindicalista De la Cruz, que remarca que los siete acusados “son mandos intermedios” y que “hay mucha gente por encima de ellos: los que tomaban las decisiones”.

La instructora quiere saber también cuáles son las empresas que contrata Metro para gestionar el material. Como Metro no está inscrito en el RERA (el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto), todas las tareas relacionadas con el asbesto se realizan subcontratando a otras compañías acreditadas. Metro debe aportar los contratos con las mismas. También, un compendio de todos los avisos enviados hasta la fecha sobre el material: cada vez que se identifica la presencia de asbesto, se informa a todos los trabajadores de la compañía. “Entre 2018 y 2019 hemos superado el medio centenar de avisos: 52 exactamente”, apunta el delegado de CC OO. Es decir, una nueva pieza con amianto a la semana.

“No solo no se conocen todos los elementos con amianto en la red, sino que los trabajadores continuamos manipulándolo”, han denunciado de nuevo los sindicatos este verano. En julio la compañía identificó nuevas piezas con el tóxico mineral. Los representantes de los trabajadores lo tienen claro: “Seguimos estando expuestos”.