El Idealista de Ayuso: con 4.200 solicitantes de vivienda en espera, transforma locales en casas

Con el mismo sigilo con el que se mueven los agentes inmobiliarios en busca de una oportunidad de mercado, los técnicos autonómicos visitan cientos de los 1.327 locales comerciales propiedad de la Agencia de la Vivienda Social (AVS) desde finales de 2020. Para cuando encuentran lo que buscan, empieza a tomar forma una suerte de Idealista autonómico: con la lista de espera de solicitantes de vivienda social a rebosar, pues hay 4.289 peticionarios en la categoría de especial necesidad, el gobierno regional ha empezado a transformar locales comerciales públicos para convertirlos en viviendas sociales. El proyecto piloto ha afectado a tres bajos situados en Tetuán y Vallecas, en Madrid, según información obtenida por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. Todos tienen entre 50 y 80 metros cuadrados. Y son la avanzadilla de una metamorfosis que pueden afectar a unas 150 propiedades del mismo tipo, según una fuente gubernamental: el objetivo es que la mayoría se adapten para que vivan en ellos personas con problemas de movilidad.

“Estos tres primeros locales son parte de un proyecto piloto para ver los activos que tenemos en los locales comerciales”, explica un portavoz gubernamental. “La Agencia de la Vivienda Social ha heredado en su patrimonio promociones muy antiguas que se construyeron cuando aún era costumbre poner locales en sus bajos”, añade. “Pero la realidad social ha cambiado”, puntualiza. “Ahora la gente no pone un comercio debajo de una casa, y no se les daba salida”, explica. “Estudiando posibles sinergias con colectivos sociales, como los de personas con discapacidad, hemos visto que son más fáciles de adaptar, porque no tienen rampas, y tienen acceso directo a la calle. Aunque no todos cumplen los requisitos ni se podrán transformar”.

La Comunidad ha invertido más de 168.000 euros en la transformación de esos tres locales, por los que cobrará rentas de entre 244,01 y 440,86 euros. El proceso, sin embargo, ha puesto de manifiesto dos realidades preocupantes sobre el parque público de vivienda.

Por un lado, que no todos los locales comerciales de la Comunidad son susceptibles de ser transformados en vivienda: deben tener ventilación e iluminación natural en todas las piezas habitables; contar con al menos tres metros de fachada a vía pública; disponer de una superficie mínima de 38 metros cuadrados útiles; o tener una altura libre mínima de 2,50 metros en las piezas habitables.

Por otro, que hay un problema de falta de vivienda social: si la Administración apuesta por estas transformaciones es porque no hay suficiente para cubrir la demanda. Así lo reconoció el Gobierno en noviembre de 2020, cuando inició el proyecto de transformación de los locales. “De esta manera, seguiremos reduciendo la lista de demandantes de vivienda social al contar con una mayor oferta de inmuebles”, aseguró David Pérez, que entonces era el consejero encargado de esta tarea.

Así, el 1 de mayo había 4.289 solicitudes de vivienda por especial necesidad registradas en la administración, según información enviada por la Comunidad a la Asamblea a la que accedió este diario. La oposición, no obstante, considera que esa cifra solo es la punta del iceberg.

“Todo lo que sea aumentar el parque público es bueno”, argumenta sobre el proyecto de transformación de locales comerciales Jorge Moruno, de Más Madrid, el partido que lidera la oposición en la Comunidad de Madrid. “Desgraciadamente, el PP de Ayuso no tiene esa prioridad y no quiere sacarnos de la cola de Europa en vivienda social por cada 100 habitantes”, sigue. “Si tuviera esa prioridad, no maltrataría el patrimonio de los madrileños con tanta vivienda vacía, ocupada y abandonada, invertiría mucho más en lugar de recortar el presupuesto, y dejaría de enajenar vivienda social”.

Un parque de vivienda pública de 25.000 pisos

Porque el parque de vivienda pública de Madrid está en el centro de la polémica. La AVS tiene en propiedad más de 25.000 viviendas. De ellas, 3.469 (el 14% del total) no estaban siendo utilizadas para el fin previsto a mediados de abril. ¿Qué ocurría con ellas? El Ejecutivo aseguró entonces que 3 no eran susceptibles de comercialización, 32 estaban en proceso de contratación, 202 tabicadas para proceder a su derribo, y 913 en proceso de adjudicación (lo que incluye 704 en reparación, 163 ya reparadas y sin adjudicar, 27 en vigilancia y 19 pendientes de la toma de posesión). Además, la Administración regional tenía 913 viviendas públicas vacías (4% del total) y 2.319 okupadas (9%).

A esos problemas se une un frente judicial inesperado. La Justicia ha obligado a la Comunidad a recuperar para uso público 1.721 viviendas que le vendió al fondo Encasa Cibeles en 2013. Como compensación al comprador, el Ejecutivo de Díaz Ayuso ha ofrecido 107 millones. Pero el fondo controlado por Goldman Sachs no acepta. Quiere más. Pide que se le indemnice por todo el dinero que dejará de ganar por no poder alquilar esos pisos, o venderlos, en el futuro. Y por eso, como informó este diario, el asunto deberá ser resuelto por el Tribunal Superior de Madrid.

En paralelo, los locales comerciales empiezan a cobrar una especial importancia en la estrategia de la AVS. Porque no solo se están transformando en viviendas. También se están vendiendo: Madrid tiene ahora mismo en el mercado cuatro locales en la calle de Valencia, de la capital, por 1,2 millones de euros.

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