El caos de la vivienda pública de Madrid: hay casi 1.000 vacías, y más de 2.300 okupadas

En el Madrid de las viviendas con los precios disparados, los alquileres prohibitivos, y las doce pruebas de Hércules para cumplir con los requisitos de los arrendadores, la Administración regional tiene 913 viviendas públicas vacías (4% del total) y 2.319 okupadas (9%). A esos datos, obtenidos por EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia, se une otro: de las 255 viviendas públicas desalojadas por orden judicial desde 2018, solo se han vuelto a utilizar 62 (el 24%). Justo cuando la Comunidad acaba de decidir pagarle 107 millones de euros al fondo Encasa Cibeles como compensación por recuperar (obligada por la justicia) 1.721 de los 2.935 pisos que le vendió en 2011, esas estadísticas llevan a la oposición a denunciar la gestión del parque público de viviendas en la región.

“La Comunidad de Madrid está comprometida con las personas con mayores necesidades sociales”, afirma un portavoz gubernamental. “Hay que tener en cuenta que en octubre entraron en la red pública de viviendas sociales 1.721 pisos derivados del proceso de Encasa Cibeles”, recuerda. “A partir de la recepción de las viviendas, los profesionales del área de vivienda social atendieron a todas las familias, primero por carta, y luego de manera telefónica y presencial, e hicieron un inventario para ver la situación global de los inmuebles: valoraron para su reparación y puesta a punto un total de 319 unidades”, añade sobre una operación que exige inversiones de hasta 20.000 euros por piso, en el caso de los que están en peor estado, y que puede durar hasta tres meses por inmueble.

La integración en el parque público de vivienda de los pisos de Encasa Cibeles explica que el número de residencias públicas sin uso se haya disparado de las 491 de 2020 a las 913 de 2022, según el Gobierno. La oposición, sin embargo, argumenta que el millar de pisos públicos vacíos no tiene que ver con una circunstancia excepcional como la de la recuperación de las viviendas vendidas por 201 millones en 2011 al fondo controlado por Goldman Sachs. Al contrario, Más Madrid, PSOE y Podemos describen un problema crónico, y argumentan que, en su opinión, tras esta situación anida una apuesta por favorecer el mercado privado.

“El PP maltrata el patrimonio de los madrileños”, lamenta Jorge Moruno, diputado de Más Madrid. “No solo nos coloca a la cola de Europa en vivienda pública (0,3 viviendas sociales por cada 100 habitantes cuando la media UE es de 3,8), además abandona la poca que hay”, argumenta. “Tenemos a miles de familias en situación de especial necesidad en lista de espera, y más de 2.300 viviendas okupadas”, añade. Y remata: “Este es el resultado de su política del abandono: familias con menores desesperadas y sin vivienda y proliferación de clanes y mafias, como ocurre en el Ensanche de Vallecas, en la calle del Embalse del Vellón”.

“Es una muestra más de la falta de interés que tiene la Comunidad de Madrid por la gestión y la calidad de vida de los madrileños”, le prolonga Juan Lobato, el líder de los socialistas en la región. “¡Tener 1.000 viviendas públicas vacías y paradas cuando un 80% de jóvenes de hasta 30 años no son capaces de emanciparse por lo inasequible que es la vivienda!”, exclama. “Es muy grave”, insiste.

“La Agencia de la Vivienda Social (AVS) tiene un parque de vivienda absolutamente descuidado. Prueba de ello es que de la vivienda que tiene, al menos 1.000 las tienen sin usar, mientras hay un volumen de solicitudes que asciende a cerca de 40.000 en los últimos cinco años, con cerca de 15.000 rechazadas en ese periodo”, remata Alejandra Jacinto, de Podemos, y una de las abogadas que consiguió que la Justicia obligara a la Comunidad a recuperar las 1.721 viviendas vendidas en 2011 a Encasa Cibeles. “La degradación del parque de vivienda social no es casual, es una apuesta política por incentivar el modelo de acceso a la vivienda en el mercado privado”, denuncia. “De hecho, el menosprecio hacia un verdadero parque de vivienda pública se hizo evidente cuando decidieron malvender 2.935 públicas a un fondo buitre que ahora la justicia obliga a recuperar”.

La AVS tiene en propiedad más de 25.000 viviendas. De ellas, 3.469 (el 14% del total) no estaban siendo utilizadas para el fin previsto a mediados de abril. ¿Qué ocurre con ellas? El Ejecutivo asegura que 3 no son susceptibles de comercialización, 32 están en proceso de contratación, 202 tabicadas para proceder a su derribo, y 913 en proceso de adjudicación (lo que incluye 704 en reparación, 163 ya reparadas y sin adjudicar, 27 en vigilancia y 19 pendientes de la toma de posesión). Este lunes, esa cifra fue actualizada a 918. Además, la AVS reconoce que tiene 2.319 viviendas “ocupadas sin título”.

“La mayoría (de las okupaciones) se ha producido por temas administrativos después de la rescisión de un contrato de familiares o allegados”, explica un portavoz gubernamental.

Esa cifra está cargada de significado político. Desde que llegó por primera vez al poder, en agosto de 2019, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, ha hecho bandera de la lucha contra la okupación, alentando entre los votantes el miedo a que sus casas sean invadidas por desconocidos. Los datos, sin embargo, reflejan que la mitad de las viviendas en esa situación son públicas. Y que es la Administración la que tiene en su mano solucionar el grueso del problema.

Así lo muestra, por ejemplo, un reciente contrato de la Comunidad de Madrid: 319 pisos de Encasa Cibeles siguen sin ser utilizados medio años después de que la Comunidad los recuperara, y como el Gobierno no logra ponerlos a disposición de las familias que los necesitan, se ha tenido que gastar 136.245,54 euros en alarmas y puertas especiales para que nadie las okupe.

“Se ha producido una sobrevenida dilación en los tiempos de adjudicación respecto de lo inicialmente previsto, consecuencia de un mayor número y envergadura de las obras de acondicionamiento requeridas para la ocupación por los nuevos inquilinos que se ha ido progresivamente constatando por los técnicos a medida que se iban efectuando las inspecciones pertinentes”, argumenta la Administración en el contrato. Mientras, miles de familias vulnerables esperan para lograr una vivienda pública en la Comunidad de Madrid.

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