Las familias de un colegio público de Madrid vencen a una nave de cocinas fantasma

Un juez da la razón a un grupo de afectados por los olores y el ruido de esta actividad y revoca la licencia concedida por el Ayuntamiento de Madrid por incumplir la normativa urbanística

Vistas de las chimeneas de las cocinas fantasma frente al patio del colegio público Miguel de Unamuno en Arganzuela (Madrid).
Vistas de las chimeneas de las cocinas fantasma frente al patio del colegio público Miguel de Unamuno en Arganzuela (Madrid).AFA

La maquinara para instalar una decena de cocinas fantasma —establecimientos para cocinar pedidos a domicilio— en una nave en el distrito de Arganzuela, se puso en marcha hace un año. Los negocios, alojados en el número ocho de la calle de Alejandro Ferrán, colindan con el colegio público Miguel de Unamuno, que acoge a 900 alumnos de infantil y primaria. Las familias de los alumnos no se detuvieron ante las molestias que generaba su actividad y decidieron acudir a la justicia. Hoy celebran su victoria en forma de sentencia. El juez ha dado la razón a las familias. “Anulo la resolución impugnada por no ser ajustada a derecho”, leyeron con alegría los afectados. Lo que anulaba este documento era la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Madrid para el inicio de la actividad de las cocinas fantasma.

El consistorio puede recurrir la decisión. “Los servicios jurídicos tendrán que estudiar primero la sentencia”, se limitan a decir desde el Área de Desarrollo Urbano. Las familias temen que lo haga.

“Es bastante desagradable y supone un peligro para los niños”, se queja Iris Arisa, de 38 años, que lleva a su hija de cinco años a este centro escolar. Los afectados enumeran los problemas: ruidos, humos, inseguridad vial, olor a fritanga, basura… Las familias combatieron la situación interponiendo un recurso administrativo: “Según el Plan General de Ordenación Urbana no está permitida la actividad industrial en locales que superen los 350 metros cuadrados, como es el caso de esta nave, con más de 573″.

Las cocinas empezaron a operar en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Y los estorbos aumentaron paulatinamente en el barrio. “La actividad ha ido creciendo poco a poco porque han ido entrando nuevas marcas. Ahora hay más movimiento de riders (repartidores) y se genera más basura”, denuncia la madre. A esto se le suma el olor a fritanga que inunda el patio del colegio, que comparte pared con la nave. Pero, lo que más preocupa a los padres es la inseguridad a la que se enfrentan los pequeños al entrar y salir de sus clases: “El chaflán da justo a la entrada de Infantil. Esa acera está muy transitada por niños de entre tres y cinco años. Hay motocicletas y furgonetas aparcadas en la acera”. Además, admiten que eso deriva en desencuentros entre los vecinos y los trabajadores porque “muchos de los repartidores van en direción contraria o circulan por la acera”.

En su interior, hay varias marcas de comida rápida y servicio de catering, según cuentan los residentes. “Es deleznable que el Ayuntamiento permita otorgar licencia a una industria en una zona resindencial”, sentencia Arisa. El 31 de marzo del año pasado, el Ayuntamiento de Madrid concedía la licencia urbanística para la elaboración y venta de platos preparados con zona de ventas y recogida, obras de acondicionamiento puntual y obras exteriores. Las alarmas de la ilegalidad de las cocinas saltaron cuando las familias revisaron el Plan General de Ordenación Urbana. Más de un año después, la demanda de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público Miguel de Unamuno de Madrid ha sido resuelta a favor de las familias del colegio.

A los residuos, la contaminación acústica y la afección a la movilidad urbana provocadas por las empresas de hostelería, se le suma la inexistencia de un informe de impacto medioambiental. “Las emisiones de humos de las cocinas industriales próximos a un colegio público hace extremar el deber de vigilancia municipal”, se lee en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

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Los vecinos denuncian que no es equiparable a un negocio de hostelería tradicional sino que se trata de una actividad industrial que requiere de otro tipo de licencia. “Es un negocio con una licencia irregular y que no tiene cabida en una zona residencial porque está al lado de un colegio público con menores, que son población vulnerable”, explica la madre y vecina del barrio. Los afectados recuerdan su lucha como un proceso largo, duro y costoso: “Abrimos un crowdfunding para costear el proceso administrativo con el que conseguimos unos 18.000 euros”.

Las familias temen que el Consistorio recurra la sentencia. “Sería alargar un año más de sufrimiento”, concluye Iris Arisa, que también forma parte de la plataforma de Vecinos Afectados por Cocinas Fantasma de Madrid. Si el Ayuntamiento no recurre esta sentencia, las cocinas fantasmas que operan junto al colegio Miguel de Unamuno cerrarán. Si lo hace, la pesadilla de olores, ruido y tráfico continuará para los 900 niños del colegio público.

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