La Comunidad de Madrid miente a un órgano estatal para ocultar cómo gestionó la crisis de las residencias

La Comunidad de Madrid celebró 21 reuniones de emergencia durante la primera ola de la pandemia como parte de un plan de choque de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para salvar vidas de mayores en las residencias, dejando constancia de ello en actas que ahora se niega a entregar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano estatal creado para reducir el oscurantismo de las administraciones. Para evitar que salgan a la luz los documentos, la Consejería de Sanidad ha respondido por escrito a ese organismo que “no existen”, pero El PAÍS ha comprobado la falsedad de esa afirmación, porque ha tenido acceso a una de esas actas, fechada el 8 de abril de 2020. Fuentes del Ejecutivo regional de entonces aseguran que una asesora del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dejó constancia por escrito de esas asambleas.

Los documentos relatan las acciones del Gobierno autonómico para paliar la devastación del coronavirus en los hogares de mayores, el núcleo de la pandemia en la primavera de 2020. Familiares de las víctimas culpan a la Comunidad de agravar la situación con unos protocolos que negaron el ingreso en los hospitales. Durante la primera ola, murieron en la región de Madrid más de 11.000 personas residentes en estos centros.

Advertido de la respuesta falsa de la Comunidad de Madrid, un portavoz del Consejo responde que caso de ser así se ha producido una brecha del principio de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional entre administraciones. “En el caso de que resultara probada la existencia de unas actas que la Comunidad de Madrid afirmó que no existían, se produciría una quiebra en el principio antes mencionado que debe estar presente en las relaciones que este Consejo mantiene con aquélla y con el resto de administraciones públicas”, dice en un correo a este periódico el portavoz.

Contenido sensible

Hace más de medio año que este periódico inició el camino para obtener esta información de interés público. En julio, EL PAÍS solicitó a la Comunidad de Madrid las actas de las reuniones por una solicitud de acceso a la información pública, un proceso regulado por ley que obliga a las administraciones a responder a cualquier ciudadano. El secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Javier Carmena, respondió escuetamente que el gabinete de crisis creado para las residencias no tenía obligación de expedir actas.

Contra esa negativa, este periódico interpuso el recurso ante el Consejo de Transparencia. En su respuesta al Consejo, la Comunidad alegó dos motivos para negar la información. Por un lado, dijo que la ley no obliga al gabinete de crisis a expedir actas, haciendo una interpretación que el Consejo cuestiona, ya que la norma invocada, la ley estatal del Régimen Jurídico del Sector Público, dice justamente lo contrario: que sí deben ser redactadas en casos como ese, porque supone decisiones que afectan directamente a terceros.

Por otro lado, la Comunidad aduce que no existen actas y por tanto no puede entregarlas: “Debe quedar claro que no se discute la obligación de entregar las actas, sino la imposibilidad de entregarlas, al no existir las mismas. No siendo obligatorio, y por tanto no siendo necesario que se levanten dichas actas, la única conclusión es que las mismas no existen”.

El Consejo escribió a este periódico el 26 de enero para desestimar la petición, confiando en la palabra de la Comunidad: “Más allá del interés público que tendrían esas actas, dados los temas que se trataron en ellas y el enorme impacto que el Covid 19 ha tenido en España y, en este caso, en la Comunidad de Madrid, este Consejo debe aceptar las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid”, dice la resolución de este órgano.

“En relación con ellas, debe resaltarse que este Consejo cree firmemente que, en sus relaciones con otras administraciones públicas, rigen los principios generales del artículo 3.1.e)10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Ello implica que presupone la veracidad de los documentos procedentes de otras administraciones y de los argumentos recogidos en los mismos”.

[Si no puede ver arriba de esta línea la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno pinche sobre este texto]

El Consejo carece de poder para sancionar u obligar a la Comunidad a entregar las actas. La opción restante para obtener los documentos por el procedimiento regulado por ley consiste en un recurso judicial.

La información que la Comunidad de Madrid oculta se refiere a un contenido muy sensible, porque su gestión de la crisis en las residencias ha sido denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional como una “vulneración masiva de derechos humanos”. Familiares de las víctimas que fallecieron abandonadas en residencias llevan casi dos años buscando justicia y señalan entre los responsables a la presidenta Díaz Ayuso, y al consejero Enrique Ruiz Escudero.

El titular de Sanidad anunció el 12 de marzo de 2020 que los alrededor de 50.000 mayores que vivían en residencias iban a ser tratados en ellas, a pesar de la falta de recursos sanitarios en estos hogares. La decisión fue adoptada en la misma semana en que los hospitales de Madrid se llenaban rápidamente y las autoridades se daban cuenta de la magnitud del desastre que iba a causar el coronavirus. Dos semanas más tarde, con miles de mayores muriendo de forma indigna, Ayuso anunció un plan de choque para las residencias y puso al frente a Escudero. Entre el 30 de marzo y el 29 de mayo tuvieron lugar 21 reuniones en las que participaron cargos de tres consejerías madrileñas (Sanidad, Políticas Sociales e Interior) y representantes de la patronal de residencias.

El acta del 8 de abril obtenida por este periódico muestra cómo Escudero se negó a enviar a sus médicos a las residencias, desoyendo la petición que le hizo en esa reunión el viceconsejero de Políticas Sociales, Javier Luengo. Un día antes, Escudero había celebrado en una entrevista de radio que la presión sobre los hospitales comenzaba a aliviarse. Luengo aprovechó esa circunstancia para recordarle la carencia de sanitarios en las residencias. Escudero le recomendó que los funcionarios de Políticas Sociales siguiesen llamando a una lista de teléfonos de 146 sanitarios de mutuas laborales que le había proporcionado la Consejería de Sanidad. Muchos de esos médicos no cogían el teléfono y otros se negaban a colaborar. Escudero recomendó “imprimir más presión a la hora de llamar”.

Alberto Reyero, por entonces consejero de Políticas Sociales, afirma que tuvo conocimiento de esa y otras actas, porque fueron enviadas a miembros de su equipo. Otras fuentes que trabajaron para el Ejecutivo confirman también su existencia.

[Si no puede ver arriba de esta línea el acta del 8 de abril de la reunión de crisis de la Comunidad de Madrid pinche sobre este texto]

Poderes “descafeinados”

Expertos en materia de transparencia señalan que las mentiras en las reclamaciones sobre información pública son posibles porque los órganos administrativos que resuelven en segunda instancia no tienen capacidad de inspección, de modo que deben fiarse de lo que dicen los gestores públicos. “Es una carencia que deja descafeinados a muchos de estos órganos. Si preguntas por algo sensible que les puede sacar los colores pueden pasar cosas así”, valora Miguel Ángel Gavilanes, periodista de Civio, una organización que lucha contra la opacidad. En Escocia, por ejemplo, cuando una institución alega no poseer más información y el solicitante pide amparo, la Oficina del Comisionado para la Información investiga a fondo del caso, según Gavilanes.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno fue creado en 2013 por una ley que buscaba reducir el oscurantismo de las administraciones españolas. La Comunidad de Madrid suscribió en 2016 un convenio con este órgano para que resolviera los recursos de los ciudadanos en segunda instancia a la espera de crear un órgano autonómico, como han hecho otras regiones. El Consejo de Transparencia y Participación madrileño, comenzó a operar en noviembre, pero por ahora el órgano central sigue respondiendo a las reclamaciones previas a esa fecha.

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