Una concejal de Alcorcón, procesada por malversación y prevaricación

La concejal del PP del Ayuntamiento de Alcorcón, Susana Mozo Alegre, se sentará en el banquillo de los acusados. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad, Juan Ramón Rodríguez Llamosí, ha dictado un auto en el que ve indicios de delito de malversación y de prevaricación, al liquidar las obras del Centro de Creación Cultural de Alcorcón (CREAA), pese a no tener atribuciones para ello. El magistrado ha pedido a las partes personadas -la Fiscalía; la actual alcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, y el propio Consistorio- que en el plazo máximo de 10 días redacten su escrito de acusación o, por el contrario, pidan el archivo de la causa. Fuentes próximas a la regidora han adelantado a EL PAÍS que tanto ella como el Ayuntamiento pedirán que la edil popular sea juzgada.

El CREAA fue el macroproyecto cultural del alcalde socialista Enrique Cascallana. Situado junto a los castillos de Valderas, pretendía levantar un enorme complejo cultural en el que se invertirían las plusvalías generadas por el desarrollo del barrio del Ensanche Sur y la venta de aparcamientos y locales de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa, la empresa de la vivienda, y cuyo único accionista era el Ayuntamiento alcorconero). Con la llegada de David Pérez, el actual consejero de Transportes, a la alcaldía de Alcorcón, el proyecto se frustró. La obra civil estaba a falta de unos remates y de la entrega definitiva al Ayuntamiento. El equipo de gobierno promovió el 29 de febrero de 2012 un concurso voluntario de acreedores, al cuantificar en 330 millones de euros el pasivo de Emgiasa. La segunda teniente de alcalde y consejera delegada de la compañía era entonces Susana Mozo.

El auto del juez Rodríguez Llamosí recoge que Susana Mozo firmó “presunta e indiciariamente” en su calidad de consejera delegada de la la resolución de las obras del CREAA en la que se reconocía una deuda de 33.993.505 euros en favor de la unión temporal de empresas (UTE), formada por FCC Construcción y Ferrovial Agromán. El escrito judicial reconoce que la edil “estaba únicamente facultada para firmar contratos hasta el límite de 90.000 euros”. No tenía “ni poderes para ello y carecía de facultades especiales”, a lo que se une que no constaba “probada su capacidad para tal acto entre las facultades generales” de su cargo, mantiene el magistrado.

El contrato recogía que Emgiasa abonaría más de 29 millones de euros por certificaciones de obra y devoluciones de retenciones en metálico. Los 4,97 millones restantes los cobrarían mediante la dación en pago de bienes inmobiliarios como plazas de aparcamiento y locales propiedad de la empresa pública. Una empresa de tasación lo realizaría a precio de mercado para ajustar el precio.

El escrito judicial también reprocha que se devolviera a la UTE un montante de 2.414.722,96 euros “en concepto de acopios”. “Estos tampoco han sido certificados por los técnicos responsables a través de las certificaciones de obra, quiene declararon [en la fase de instrucción] no haber visto el documento o no recordarlo”, afirma el auto.

Hasta ocho años de cárcel

El fundamento jurídico dos del auto mantiene que los hechos relatados “podrían ser constitutivos” de un delito de malversación, tipificado en el artículo 432 del Código Penal y con una posible condena de prisión de dos a ocho años de prisión, y otro de prevaricación administrativa, recogido en el artículo 404 y con la posible pena de inhabilitación para ser cargo público de nueve a 15 años. “De esos delitos sería responsable la investigada Susana Mozo Alegre al haber adoptado una resolución que podría haber causado un grave perjuicio para el patrimonio de la empresa pública en particular y de fondos públicos en general, al abonarse cantidades sin contar con la justificación técnica preceptiva”, sostiene el auto. “Asimismo, al ostentar el cargo de consejera delegada en función de su cargo, siendo una sociedad cuya participación, fondos y patrimonio son públicos, pudieran ser los hechos cometidos un delito de prevaricación administrativa”, añade.

Las diligencias previas 176/2019 se continuarán ahora a través de un procedimiento abreviado y las partes tienen ahora 10 días para presentar el escrito de acusación y de defensa. Las partes también pueden solicitar pruebas complementarias que consideren imprescindibles para formular sus escritos.

Fuentes próximas a Natalia de Andrés han confirmado que este trámite lo realizarán sus abogados esta semana, al igual que los letrados del Ayuntamiento. La denuncia fue presentada por la actual alcaldesa el 20 de marzo de 2019. El juez instructor la archivó en una primera instancia, pero los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid aceptaron el recurso de la regidora y obligaron a Rodríguez Llamosí a reabrir el caso. El Ayuntamiento se personó como acusación particular cuando De Andrés accedió a la alcaldía, al entender que la actuación de la edil popular pudo dañar los intereses municipales.

La concejal Susana Mozo declinó, en conversación telefónica con este periódico, realizar ninguna declaración sobre el auto, al estar abierto el proceso judicial y no existir una sentencia firme. La que sí habló fue la portavoz del grupo municipal del PP y secretaria general del partido en Alcorcón, Ana Gómez, que ha mostrado “el apoyo total y absoluto” de la formación hacia la edil popular. “Lo que es indignante es la actual alcaldesa presentara esta denuncia para tapar que le piden hasta cinco años de inhabilitación por la mala gestión cuando estuvo al frente de Emgiasa. Estamos convencidos de que Susana Mozo actuó de buena fe y con la intención de beneficiar a los vecinos de Alcorcón”, mantuvo Gómez.

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