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Un juez ordena que 100 mayores de Alcorcón dejen sus pisos o los compren

El magistrado obliga a la empresa municipal de la vivienda a recuperar las casas para saldar deudas

plan permuta alcorcon
Un grupo de afectados por el plan de permuta de viviendas de Alcorcón, este jueves.

Más de un centenar de mayores del municipio madrileño de Alcorcón podrían quedarse en los próximos días sin los pisos en los que residen desde hace una década. Un juez de lo mercantil ha obligado a revocar el contrato que tenían firmado con la empresa municipal de la vivienda (Emgiasa) por el que cedían sus casas en el centro de la localidad por otras más accesibles en el nuevo barrio del Ensanche Sur. El magistrado entiende que los pisos deben entrar en la masa del concurso de acreedores en que se encuentra Emgiasa y que lo recaudado con la venta debe destinarse a pagar a los acreedores. Los mayores aducen que no tienen dinero para comprarlas y que no pueden volver a sus antiguos pisos porque están destrozados o son inaccesibles para ellos.

El llamado Plan Permuta se puso en marcha a finales de la década pasada, cuando la Empresa de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (169.500 habitantes) expropió los terrenos del Ensanche Sur y levantó unas 7.000 viviendas, en su mayoría de protección oficial. La ley obliga a que parte de esos pisos se destinen a personas con problemas de movilidad reducida. Como en el municipio no había tantas peticiones, los responsables de la empresa municipal, entonces en manos del PSOE, idearon el llamado Plan Permuta. Las personas mayores de 70 años o con problemas de movilidad podían optar a estos pisos, que de otra manera iban a quedar vacíos. La permuta consistía en que los mayores cedían el usufructo de sus pisos, casi todos ellos en el centro del municipio y sin ascensor, al Ayuntamiento. Este crearía con ellos una bolsa de alquiler para jóvenes de hasta 30 años. A cambio, los cedentes conseguían el derecho de uso y disfrute de pisos nuevos en el nuevo barrio de Alcorcón.

Al Plan Permuta se presentaron 93 familias de mayores, que consiguieron las respectivas viviendas sin ningún problema. De hecho, aún sobraron. Tan solo se realizó un sorteo para evitar problemas a la hora de adjudicarlas a sus nuevos moradores.

La situación boyante que vivió Emgiasa, con perspectivas de conseguir importantes plusvalías con las ventas de las viviendas del ensanche, se deterioró en pocos años con la llegada de la crisis económica. Los moradores de los pisos sociales se enfrentaron a graves problemas para pagar sus hipotecas. La empresa se hizo cargo de sus letras, con lo cual fue aumentando su pasivo. A ello se unió que Emgiasa comenzó a construir aparcamientos y centros culturales. Además, acometió la mayor infraestructura de la localidad, el Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (Creaa), con un presupuesto de unos 140 millones de euros. También hubo sentencias que obligaban a pagar 52 millones de euros a los dueños de los terrenos expropiados.

La empresa municipal llegó a acumular un pasivo de 333 millones de euros, según recuerda la portavoz del PP y segunda teniente de alcalde de Alcorcón, Susana Mozo. Los populares convocaron un concurso voluntario de acreedores en mayo de 2012. Desde entonces, Emgiasa está dirigida por los administradores concursales nombrados por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid.

Su actual titular, el magistrado Francisco Javier Vaquer Martín, firmó el pasado 26 de marzo un auto por el que obligaba a los mayores del Plan Permuta a dejar esas viviendas o a comprarlas. El escrito judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, explica que los contratos con los 93 beneficiarios están causando un “daño para la masa del resto de acreedores”. “Es constante y debe ponerse fin al mismo”, añade el auto. Este da un plazo máximo de dos meses para resolver de mutuo acuerdo o ante los tribunales los contratos firmados hace una década. En caso contrario, los administradores concursales de Emgiasa deberán iniciar “tantas demandas como viviendas y contratos en vigor existan”.

Emgiasa ha empezado a notificar por carta a los mayores la situación en la que se encuentran. Algunos de ellos desconocen el alcance exacto de esta acción, ya que sus hijos se lo han dulcificado para evitarles preocupaciones. El resto vive con desasosiego el futuro incierto que les espera. Es el caso de Ana y Matías, de 80 y 82 años, que vivían en un tercer piso sin ascensor de la calle de Guadalajara. “Ya antes no podía ni subir, con que ahora, con los años que tengo me resultaría imposible. Y ya es inimaginable subir con el carro de la compra”, reconoce con preocupación la mujer.

En idéntica situación se encuentra Luis Castillo, de 80 años, que vivía justo enfrente de la estación de Renfe de Alcorcón, en un tercer piso. “Nos han dado una carta que está redactada como si todos fuéramos licenciados en Derecho. Y encima solo nos dejan dos meses para decidir. No hay derecho a ello porque cuando nos dieron los pisos todos cumplíamos las condiciones”, añade Luis. María Teresa García, de 83 años, y su marido, Cristóbal Ríos, de 74, residían en la calle Mayor. Les dieron la vivienda porque Cristóbal fue intervenido y le pusieron una prótesis de cadera. “Estamos indignados. Nos ha sentado fatal. Yo no me puedo permitir pagar el piso nuevo, porque además el Ayuntamiento puede alquilar el nuestro”, se queja. Los afectados calculan que adquirir sus viviendas les podría suponer un desembolso de unos 145.000 euros, a los que no pueden hacer frente.

Los afectados cargan contra el alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), a quien acusan de no haber sabido actuar en su defensa y de no darles soluciones a sus problemas. De hecho, el regidor fue reprobado por séptima vez en este mandato en el pleno municipal del pasado miércoles.

Recurso del PSOE

El PSOE, con su portavoz municipal Natalia de Andrés a la cabeza, ha recurrido el auto judicial en el que pide que se paralice la revocación de los contratos. Recuerda en el escrito que el Ayuntamiento tiene una bolsa de 93 viviendas (las cedidas por los mayores) que no están ofertadas en el mercado y que el Plan Permuta tenía “un fin básicamente social”. “Si el equipo de Gobierno, con su alcalde David Pérez a la cabeza, hubiera gestionado bien los pisos de alquiler, no se habría llegado a esta situación. Ha desistido desde el principio y ni siquiera se han interesado en dar una solución a estas personas”, protesta De Andrés.

La portavoz del PP Susana Mozo recuerda que la situación de Emgiasa fue una herencia del PSOE y que en la actualidad el Ayuntamiento no tiene posibilidad de adquirir bienes (entre ellos, las viviendas de los mayores del Plan Permuta) debido a que está inmerso en un plan de ajuste. “Aun vendiendo todo el patrimonio que tiene la empresa, jamás se podrá pagar a todos los acreedores. A nadie le agrada que una persona tenga que volver a su antigua casa, pero al menos tienen sus viviendas, no se van a quedar desamparados. Y en caso de que no puedan hacerlo, tendrán que ser el juez y los administradores concursales los que den una solución a todas estas personas”, mantiene Mozo.

Fuentes del PP acusan a Natalia de Andrés de estar interesada en que el Plan Permuta se resuelva de forma satisfactoria porque sus padres fueron beneficiarios del mismo. La portavoz socialista les responde: “Nadie les regaló nada a mis padres. Cumplían las condiciones del plan y consiguieron la vivienda de la misma forma que el resto. Si alguien ve algo raro, se equivoca de pleno”.

Unas viviendas destrozadas por los inquilinos

El que los mayores regresen a sus viviendas es “casi imposible o, desde luego, la última de las opciones”, según reconocieron este jueves algunos afectados. Los pisos fueron cedidos al Ayuntamiento y en su mayoría están destrozados tras pasar por ellos diversos inquilinos. “En mi casa se llevaron toda la instalación de la calefacción, como los radiadores y la caldera; arrancaron todos los cables de la luz y solo dejaron los enchufes”, describe uno de los afectados, que recuerda que tienen un contrato vitalicio con Emgiasa.

De las 93 viviendas solo se alquilaron 34, por lo que los ingresos no eran suficientes para sufragar los costes y el crédito de Emgiasa. Los pisos están tapiados para evitar que los okupen, como de hecho ya ha ocurrido en más de un caso.

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