El Tribunal de Cuentas cifra en 612 millones la deuda de Alcorcón

Un informe del Tribunal de Cuentas apunta que la deuda del Ayuntamiento de Alcorcón era de 612 millones de euros a 11 de junio de 2011, de los que más de la mitad de la deuda (333,6) corresponde a la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria (EMGIASA). El informe de fiscalización de las cuentas del municipio, muy duro con la gestión del anterior alcalde, Enrique Cascallana (PSOE) —actualmente es diputado regional y senador—, fue iniciado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ha sido aprobado con los votos a favor de los consejeros socialistas del órgano constitucional del Estado. El Tribunal de Cuentas ha acordado su elevación a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria y su remisión al Pleno de la Corporación Local.

El Ministerio fiscal y el abogado del Estado están estudiando posibles responsabilidades a raíz de un informe de carácter concluyente y vinculante. Las alegaciones del anterior equipo de gobierno local han sido desestimadas en su práctica totalidad. “Esto no es una campaña del Partido Popular ni un hecho cuestionable, es un informe del Tribunal de Cuentas… La última cifra que reconocía el PSOE era que la deuda era de 53 millones. Pero había muchas dudas. En realidad era 612 millones. Once veces más”, critica el actual regidor, David Pérez (PP), que calcula que la ciudad tardará 25 años en saldar la deuda. Sin ir más lejos, la deuda a proveedores reconocida el pasado abril fue de 144 millones.

El Tribunal habla de que la “situación financiera era especialmente grave” y recalca que la aprobación de los presupuestos de 2009 y 2011 y de las liquidaciones de los presupuestos de 2009 y 2010 se realizó fuera de los plazos establecidos, así como la aprobación de la cuenta general de 2009. También cuestiona algunas decisiones tomadas durante el gobierno del antecesor de Pérez en el consistorio. “Las autoridades municipales acordaron, el 26 de mayo de 2008, concertar una operación de crédito por 22 millones (…). Dos días después del acuerdo, el interventor advirtió que, dado que el presupuesto aprobado para 2008 incumplía el objetivo de estabilidad presupuestaria, era necesario solicitar la previa autorización del Ministerio de Economía y Hacienda”.

Créditos sin autorización

Además de dicha operación, Alcorcón concertó ese año otras tres operaciones de crédito a largo plazo por otros 22 millones con tres entidades financieras “sin que tampoco se hubiera solicitado la autorización preceptiva del Ministerio”. Economía y Hacienda tuvo conocimiento de la existencia de los créditos al menos un año después “por lo que pudo haber intervenido de oficio a partir de ese momento el orden al mantenimiento de la disciplina financiera y la consecución de la estabilidad presupuestaria”, carga el Tribunal.

“La imposibilidad para hacer frente a los compromisos de crédito asumidos en dichas operaciones ha determinado que el Ayuntamiento no haya podido hacer frente a diversos vencimientos”, dejando unos intereses de demora de 5,6 millones. El Tesorero del Ayuntamiento señaló que el pago de los créditos en cuestión “generaría dificultades para hacer frente a los pagos de las nóminas de personal y otros derivados de ejecuciones forzosas de sentencias”. “Señalaba, en definitiva, que la liquidez disponible era insuficiente para hacer frente a todos los pagos a su vencimiento, por lo que atender unos determinados compromisos en perjuicio de otros suponía una vulneración de la prelación pagos”. Las dificultades de la tesorería, con liquidez para apenas atender el pago de las nóminas, “afectaron a numerosos acreedores a quienes se les retrasaron notablemente los pagos de sus facturas”.

Pérez argumenta que “la herencia recibida” le obliga a destinar el 29% del presupuesto pagar deuda y más del 50% a personal (1.500 funcionarios, “de los que 700 engrosaron la plantilla del Ayuntamiento un mes antes de las elecciones de 2011”, señala). Lo que le queda (menos del 20%) lo destina a la gestión de la localidad. Alcorcón tuvo un superávit de 15 millones en 2011 y también lo tiene previsto en el avance de los presupuestos de 2012. Aunque el PP gobierna con mayoría absoluta –el descontento con Cascallana hizo que Pérez sacara el mayor número de votos en la historia del municipio-, muchos vecinos critican algunas de las medidas adoptadas por el alcalde, como que se tenga que pagar en el parking del hospital del municipio.

El PSM niega que la deuda sea tan abultada y la sitúa en el entorno de los 50 millones. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Natalia de Andrés, ha replicado que la “falta de prudencia de David Pérez quien, obsesionado con su campaña mediática y su odio antisocialista, vuelve a lanzar cortinas de humo para intentar tapar su negligente gestión que ha significado el despido de decenas de trabajadores municipales".