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Ayuso negocia contra reloj con Vox las primeras cuentas de Madrid desde 2019

Tras el fiasco de Andalucía, y con el 22 de diciembre como fecha límite, el PP se abre a cesiones ideológicas

Juan José Mateo
La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, pasa junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid.
La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, pasa junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid.Pool (Europa Press)

El fiasco del PP en Andalucía, donde Juan Manuel Moreno Bonilla no ha logrado el apoyo de Vox para aprobar los Presupuestos de 2022, pone en alerta al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso también depende de la extrema derecha para aprobar las primeras cuentas públicas de la región desde 2019. Y un mes después de que el Ejecutivo regional diera a conocer su proyecto, aún no hay acuerdo. En consecuencia, el PP se ve abocado a una negociación contra reloj con Vox. El próximo jueves se votan las enmiendas a la totalidad, que previsiblemente tumbarán juntos los dos partidos para iniciar una tensa cuenta atrás de un mes: la fecha límite para cerrar un hipotético pacto y evitar el tercer año seguido con presupuestos prorrogados en Madrid es el 22 de diciembre.

Jueves, 4 de noviembre. Díaz Ayuso toma la palabra en la Asamblea de Madrid. Nadie lo sabe aún, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid va a dinamitar voluntariamente el espejismo construido alrededor de su triunfo electoral del 4-M. Promocionada como una gestora con las manos libres para hacer y deshacer a su antojo, la líder conservadora pide “humildemente” el apoyo de Vox a los Presupuestos. Es la verbalización de la tozuda aritmética parlamentaria, que no cambia por muchos adjetivos que la rodeen: todos los proyectos del PP dependen de Vox, ya que no tiene mayoría absoluta en la Asamblea regional, ni otro socio posible que la extrema derecha.

Y eso tiene un precio. Como Vox quiere derogar las dos leyes LGTBI de la región, Díaz Ayuso está dispuesta a modificarlas, eliminando los artículos que establecen la inversión de la carga de la prueba (el acusado de discriminar con “hechos o indicios razonables, fundamentados o probados” es quien debe aportar justificación de lo hecho). Como Vox quiere que la Administración pague dos etapas educativas no obligatorias para hacerlas gratuitas (guardería y bachillerato), Díaz Ayuso negocia ampliar los fondos de los cheques guardería. Y como Vox dice haber identificado 700 millones de euros de gasto superfluo en las cuentas, las dos partes están repasando una a una las partidas para meter la tijera a un proyecto de récord: 23.000 millones de euros en gasto.

“Estamos en negociaciones. Los trabajos siguen. El acuerdo aún no existe”, advirtió este miércoles Íñigo Henríquez de Luna, portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid. “Esperamos que podamos conseguirlo y llegar al día 21 [primera jornada del pleno doble para aprobar las cuentas] con un acuerdo en beneficio de los madrileños”.

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“Se están intercambiando documentos, opiniones, la evolución de la negociación es sin duda positiva”, amplió Enrique Ossorio, el portavoz del Gobierno regional.

Los tira y afloja de las dos partes a cuenta de los Presupuestos reflejan lo que está siendo la legislatura madrileña: una tormenta constante en un vaso de agua. Hasta ahora, Vox ha señalado en público todo lo que le separa del PP, y luego le ha apoyado sin apenas contraprestación.

Ocurrió con la modificación legal que ha permitido controlar Telemadrid a la formación conservadora: la extrema derecha anunció que su apuesta era cerrar la empresa pública, pero luego permitió el cambio de norma. Lo mismo pasó con el refrendo del administrador provisional de la compañía, el polémico José Antonio Sánchez: Vox mostró su enfado porque no se le hubiera consultado el nombramiento, y luego lo aprobó a cambio de un recorte del 10% en la financiación del ente que, en el fondo, también quería el PP.

Negociaciones paralelas

Envueltos en esa dinámica, los dos partidos afrontan ahora varias negociaciones paralelas. Por un lado, están dos proyectos gubernamentales para rebajar medio punto todos los tramos del IRPF y suprimir tasas locales que representan el 0,02% de la recaudación. Por otro, la ley de igualdad que promociona Vox, en la que no se menciona ni una sola vez la palabra “mujer”, y en la que el PP ve visos de inconstitucionalidad. Y como guinda del pastel, los presupuestos autonómicos.

Madrid lleva con las cuentas prorrogadas desde 2019, cuando las aprobó el Gobierno que entonces presidía Ángel Garrido con los votos de PP y Cs. En sus dos primeros años como presidenta, Díaz Ayuso ni siquiera elaboró un proyecto presupuestario, constatando que era imposible poner de acuerdo a PP, Cs y Vox. Celebradas las elecciones del 4-M, ha desaparecido una de esas variables, ya que el partido de Ignacio Aguado no tiene representación en la Asamblea. Pero se mantiene el problema de fondo: Díaz Ayuso no tiene autonomía plena y todas las propuestas que lleva al Parlamento deben pasar por el tamiz de Vox. También los presupuestos, cuya aprobación pone a prueba la capacidad de la presidenta para lograr grandes acuerdos.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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