¿Otro expediente Picasso?

En julio de 1921, el ejército español sufrió la que es posiblemente la más ominosa tragedia bélica de su historia: el desastre de Annual. Más de 10.000 muertos provocaron en la sociedad española un gran escándalo e indignación, múltiples discusiones parlamentarias y la exigencia de depuración de responsabilidades. El Gobierno dimitió y el que le relevó encomendó una investigación al general de división Juan Picasso.

El general Picasso se trasladó a la zona de los hechos, tomó declaración a más de setenta supervivientes de la masacre, examinó los planes de guerra, fiscalizó las acciones tomadas y se enfrentó a varios intentos de socavar la investigación. A pesar de todo, tras nueve meses de investigación, redactó un expediente de 2.334 folios que iba a ser presentado en las Cortes el 1 de octubre de 1923. Era muy probable que Alfonso XIII estuviera implicado en las responsabilidades del desastre. Sin embargo, quince días antes, el 13 de septiembre, el general Primo de Rivera dio un golpe de estado que significó, entre otras cosas, que el conocido como Expediente Picasso nunca fuera conocido en su integridad por la opinión pública española.

Traigo a colación el Expediente Picasso por la negativa de diversos parlamentos autonómicos a investigar lo ocurrido en las residencias españolas durante la mayor tragedia de nuestra historia reciente, la pandemia de COVID-19. El último, en el Parlament de Catalunya, aunque lleva ocurriendo de forma reiterada en la Asamblea de Madrid. En ambos casos, unas elecciones anticipadas sirvieron de excusa para impedir una sana rendición de cuentas.

El caso de la Comunidad de Madrid lo conozco muy bien porque fui consejero de Políticas Sociales durante la primera ola de la pandemia. Después de las elecciones anticipadas de mayo de 2021, el PP encontró en Vox al mejor compinche para impedir que los máximos responsables políticos dieran explicaciones.

El bloqueo producido en Madrid a la reapertura de la comisión de investigación en julio de 2021, me impidió contar mi versión de lo sucedido en el momento y lugar oportunos, tal y como tenía previsto hacer desde mi dimisión en octubre de 2020. O escuchar lo que tuvieran que decir el resto de responsables políticos. Su negativa a continuar con los trabajos iniciados durante el año anterior está hurtando a las víctimas (a los fallecidos y a sus familias), la posibilidad de pasar página de verdad. Aunque parezca una paradoja, para olvidar el dolor, lo primero que tenemos que hacer es recordarlo correctamente.

En esa comisión de investigación deberían haber contestado a todas las preguntas que se hacen a diario los familiares de las víctimas. ¿Por qué se pusieron en marcha protocolos que impedían el acceso a los hospitales a los residentes más dependientes? ¿Por qué no se medicalizaron las residencias tal y como prometieron? ¿Por qué IFEMA solo atendió a 23 residentes del total de 3.811 personas atendidas?

¿Es que esos ciudadanos que han perdido a sus seres queridos no tienen derecho a conocer todas las acciones que se pusieron en marcha durante esos meses?

Aparte de las explicaciones acerca de por qué elaboraron unos protocolos infames que excluían de la atención a los más dependientes o por qué la medicalización no se produjo, habría que exigir responsabilidades acerca de la puesta en marcha de la llamada “operación bicho”. ¿Cómo es posible que en una región con un presupuesto sanitario de más de 8.000 millones de euros encargaran la prestación de “servicios en la gestión integral de la crisis COVID-19 en los centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid” a una autónoma sin formación ni experiencia, y que no contaba ni siquiera con personal propio? A una absoluta incompetente con la que se firmó un acuerdo válido y oficial.

Otra de las terribles consecuencias de su negativa a investigar es que posiblemente no hayan aprendido nada de lo que pasó. Han estado más preocupados por esconder sus errores que por corregirlos. En todo momento se entregaron al mecanismo psicológico de la negación, que consiste en “enfrentarse a los conflictos negando su existencia o su relación o relevancia con el sujeto”. En su caso lo negaron absolutamente todo. Enrique López, el consejero de Justicia, en una entrevista en este mismo medio y publicada el 25 de julio de 2021, ante la pregunta acerca de qué opinaba sobre mi denuncia de “que había protocolos que impedían las derivaciones de ancianos a hospitales en los peores momentos de la pandemia”, contestó: “No estoy de acuerdo con nada de lo que dice el exconsejero Reyero. Con nada”. Ni protocolos, ni su aplicación, ni cientos de testimonios de residencias y personas afectadas. Para el gobierno actual nada de eso existió.

Y si nada ha ocurrido, ¿qué vamos a arreglar? Continúan como si nada hubiera pasado, lo que exacerba el mal de lo que ocurrió. No permitamos, cien años después, un nuevo Expediente Picasso.

Alberto Reyero fue Consejero de Políticas Sociales, Familias y Natalidad en el Gobierno de la Comunidad de Madrid entre el 20 de agosto de 2019 y el 2 de octubre de 2020, cuando presentó su dimisión. Era uno de los consejeros de Ciudadanos y responsable de la gestión de las residencias de mayores. Durante la primera ola de la pandemia tuvo serias diferencias con el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

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