Qué se sabe antes de las elecciones del 4-M sobre el triaje letal a los mayores

Antonio Burgueño recibió una llamada de un número desconocido el 10 de marzo del año pasado a las cinco de la tarde. Era Isabel Díaz Ayuso. No se sorprendió porque él es un médico con muchos contactos en el PP. Necesitaban su ayuda para frenar la pandemia de coronavirus.

—¿Qué piensas de todo esto?, preguntó la presidenta de la Comunidad de Madrid.

—Hay que hacer un plan. Un plan de guerra, respondió él.

La mañana siguiente, este antiguo médico militar de 78 años entró en un pequeño despacho con vistas a la Puerta del Sol. Le esperaban Ayuso y tres hombres de su camarilla: el consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero; el de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty; y el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez. Burgueño habló durante una hora y cuarto sobre las líneas maestras de la respuesta a la pandemia en Madrid. Un punto era clave: la medicalización de residencias.

Como director general de Hospitales durante la presidencia de Esperanza Aguirre, Burgueño había tratado de reducir la presión asistencial que los enfermos crónicos de residencias ejercían sobre los hospitales. Su plan de entonces, Estrella Sanitaria lo llamó, era que los médicos de primaria visitaran los geriátricos, pero nunca se llevó a cabo. De nuevo, ahora en una pandemia, Burgueño veía a las residencias como un problema. Aquel día los hospitales de Torrejón, Vallecas y Leganés ya estaban al borde del colapso y la curva de enfermos de covid-19 crecía a ritmo frenético. A los presentes les gustaron las ideas de Burgueño, un hombre que conocía al detalle la sanidad madrileña. Decidieron nombrarle asesor para la pandemia. “Ya tenemos un general”, exclamó Rodríguez.

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Las llamadas de residencias que el hospital ignoró

Según la idea de Burgueño, los mayores no irían al hospital porque los médicos de primaria les visitarían a diario. Pero esa propuesta nunca se materializó porque el hospital de campaña del Ifema absorbió a más de un millar de esos sanitarios. Esta última decisión, cuenta Burgueño, no la tomó él. Al cabo de cinco días asistiendo al gabinete de crisis, cuando vio que Escudero no le hacía caso, decidió marcharse para no volver.

Un día después, el martes 17 de marzo, reventó en las noticias el caso de Monte Hermoso, una residencia donde había al menos 19 muertes por un brote de coronavirus. Cuando este periódico confirmó el suceso, se acumulaban los cadáveres en el sótano. La presidenta Ayuso y su consejero Escudero dijeron ese día que no sabían nada y culparon a la residencia de haber ocultado el brote y las muertes. Pero según la investigación judicial aún en marcha, la residencia llevaba recibiendo negativas de traslado del Hospital Clínico desde el sábado 13. La doctora del área 7 del departamento de Salud Pública de la Comunidad, Ana Zamora, ha declarado ante la juez que estaba en contacto con el centro desde hacía días.

Los casos en los juzgados de Madrid donde las familias han iniciado acciones aún están en la fase de instrucción

Son nuevos detalles que se han ido conociendo durante estos catorce meses. Los votantes madrileños irán a las urnas el 4-M sin que haya concluido la investigación sobre el abandono que sufrieron las residencias en el primer mes de la pandemia. Una comisión especial en la Asamblea dio por cerrado su trabajo en marzo cuando Ayuso convocó elecciones; los casos en los juzgados de Madrid donde las familias han iniciado acciones aún están en la fase de instrucción. Pero el cuadro de lo sucedido está bastante definido gracias a los hechos que han trascendido.

A organizaciones como Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras lo conocido les ha servido para denunciar la violación de los derechos de los mayores que vivían en esos hogares. En campaña, la presidenta Ayuso ha vuelto a insistir en que no se pudo hacer más: “No hemos dejado morir a la gente”, ha dicho.

Triajes en el primer mes

Los triajes se aplicaron solo durante el primer mes de la pandemia, cuando los hospitales iban a desbordarse. En las cuatro semanas críticas, entre mediados de marzo y mediados de abril, los traslados se redujeron casi un 40%. La selección la realizaba un grupo de 22 geriatras, un filtro creado para la crisis. Aplicaban las distintas versiones de un protocolo con criterios de hospitalización que excluían a los enfermos con dependencia según una escala de fragilidad del 1 al 9. En la práctica, sin embargo, los geriatras tomaban atajos: el Severo Ochoa de Leganés, por ejemplo, impuso un corte de edad de 75 años.

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Los hijos no sabían qué sucedía dentro con sus padres. Las visitas fueron prohibidas y el confinamiento domiciliario les impedía moverse libremente. Muchas residencias ocultaron los brotes porque temían aparecer en prensa, así que a veces, de buenas a primeras, las familias recibían llamadas comunicándoles una muerte.

Quienes tuvieron más suerte fueron los mayores con seguro privado porque en medio del caos pudieron encontrar una cama de hospital. La Comunidad no impuso el triaje a la sanidad privada, a pesar de que Escudero había asumido el mando único de los 102 hospitales de Madrid.

En lo peor de la crisis los hospitales se prepararon para endurecer el triaje. Los siguientes, después de los mayores de residencias, iban a ser los mayores que pidieran ingreso desde domicilios o en urgencias, según un vídeo revelado por este periódico. Para contrarrestar unas órdenes políticas “horrorosas”, un grupo de médicos ideó una respuesta compasiva durante una sesión clínica: la teoría del paréntesis. En una diapositiva representaron a la población ordenada de menor a mayor y sobre esa línea dibujaron unos corchetes. Si los políticos movían el corchete por la derecha, dejando fuera a las personas de más edad, ellos se proponían moverlo por la izquierda, negando la cama a los jóvenes. Así quedaría más espacio para los ancianos.

La cara B del triaje era la medicalización ideada por Antonio Burgueño, pero eso era pedirle un imposible a las residencias. “Era jugar a lo que no somos”, decían en las residencias. Durante semanas no llegaron médicos, ni máquinas de oxigeno, ni fármacos, ni mascarillas. Ni siquiera morfina. Y en estas, el 26 de marzo la Comunidad contrató a Encarnación Burgueño, la hija del asesor, para ponerla al frente de la Operación Bicho. Eran solo una quincena de sanitarios para asistir a 474 residencias, a todas luces un personal insuficiente. “Flipo colorines”, le decía ella a su equipo. “Nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid, Comunidad Autónoma”.

Muertos “escondidos”

Después de las elecciones se conocerán nuevos hechos. Quizás se sepa por fin el número de fallecidos, que la Comunidad ha ocultado hasta hoy. El Gobierno de Ayuso ha informado de que casi 6.000 personas murieron con covid-19 dentro de las residencias madrileñas durante la primera ola, pero nunca ha desvelado cuántos perecieron por la enfermedad en hospitales, a pesar de que las comunidades autónomas sí han dado esa información al Imserso, que centraliza los datos.

“Han escondido los muertos”, critica la epidemióloga especializada en tercera edad María Victoria Zunzunegui.

La investigación judicial podría avanzar tumbando piezas de dominó. Por ahora están declarando directores y médicos de residencias. Estos podrían incriminar a los geriatras, y estos a los responsables de la Comunidad. ¿Quién dio la orden de triaje? El alto cargo de la consejería de Sanidad que firmó los protocolos, Carlos Mur, dijo en la Asamblea que contaba con el beneplácito de sus superiores directos.

Historial clínico

El “general” Burgueño se lava las manos. Él dice que solo estuvo operando tres días y que nadie le respetó. Algunas residencias ya estaban sufriendo el triaje antes de su llegada. En un historial clínico visto por este periódico, el médico de una residencia madrileña indicó que el 8 de marzo el hospital rechazó un traslado, informándole de que estaba cumpliendo con los criterios fijados por Mur.

El abogado que lleva ese caso, Carlos Sardinero, dice que probablemente la Comunidad de Madrid diseñó el triaje antes del colapso hospitalario al ver lo que pasaba en Italia. Califica lo sucedido sin atenuantes: “Esta es una de las violaciones de derechos humanos más severas de la historia reciente de España”.

Hubo otros gobiernos que impusieron un triaje con mayor o menor intensidad a las residencias. Amnistía Internacional ha documentado casos en varias regiones de Italia, en Bélgica y en Reino Unido. Además, Cataluña y Castilla y León diseñaron sus propios protocolos. Todos buscaban evitar el colapso de los hospitales moviendo el paréntesis por el lado de los más vulnerables, los que tenían más probabilidad de morir por el virus.

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