Vecinos de Getafe piden el cierre de una fundición por los ruidos y las emisiones que provoca
Corrugados Getafe, investigada por varias Administraciones y un juzgado por posible delito ecológico, afirma que cumple la normativa medioambiental
Una fundición levantada hace más de 70 años, unos vecinos molestos por el ruido y las emisiones que genera, dos Administraciones que se echan el balón al tejado del otro y varias investigaciones que no arrojan de momento datos concluyentes. Ese es el cóctel que llevan viviendo desde hace años los vecinos de los barrios de Juan de la Cierva y Los Molinos del municipio madrileño de Getafe (185.180 habitantes) a consecuencia de Corrugados Getafe, una industria pesada situada cerca de la autovía de Andalucía (A-4). Los afectados piden que el Ayuntamiento getafense y la Consejería de Medio Ambiente sancionen o incluso clausuren esta factoría. Mientras, la empresa asegura que cumple con toda la normativa y que en los próximos meses invertirá tres millones de euros para bajar los decibelios en las zonas más ruidosas.
Corrugados Getafe se sitúa en la calle de los Carpinteros, junto a las vías del tren, en una superficie de 107.000 metros cuadrados -más de diez campos de fútbol juntos- y en la que trabajan 160 personas. Se dedica a las barras que se utilizan en la construcción para crear estructuras y soportes, como en el hormigón armado. El año pasado fabricó 270.000 toneladas de este material, con una facturación de 91,4 millones de euros. Los primeros registros con que cuenta datan de los años cuarenta del siglo pasado, aunque algunas fuentes apuntan a que en tiempos de la Guerra Civil llegó a fabricar armas.
La visita a la fábrica una mañana permite ver un continuo deambular de camiones de gran tonelaje, procedente de muy diversos puntos de la geografía española e incluso europea, como la vecina Portugal o la lejana Eslovenia. Un cartel luminoso va mostrando los vehículos que pueden pasar a cargar, mientras de fondo el material que va a ser fundido y parte de alguna fundición. El olor, pese a llevar mascarilla, se deja notar y resulta intenso.
Los principales problemas llegan, sin embargo, por la noche. Así lo denuncian los vecinos, que han creado la Plataforma de Afectados por Corrugados Getafe. Una de sus portavoces es Inmaculada Carrasco, de Ecologistas en Acción de la localidad, que denuncia que muchos vecinos tienen la empresa a unos 300 metros de sus viviendas. “Al principio, la fundición estaba aislada, pero conforme se fue levantando el barrio de Juan de la Cierva y después Los Molinos, en 2006, está rodeada de casas. Mucha gente no tuvo otra opción que comprar esas viviendas, porque no podía permitirse otras”, reconoce Carrasco. Esta recuerda que Corrugados Getafe ha sido calificada como la tercera empresa más contaminante de la región, por detrás de la cementera de Morata de Tajuña y una planta de secado de lodos también en Getafe.
Altos ruidos y emisiones
Los principales problemas que sufren los vecinos son los altos ruidos, en especial durante las noches. Eso supone que muchos no puedan descansar, a lo que se añade la cercanía de un colegio y un instituto. El otro problema fundamental es la emisión de gases contaminantes, como dioxinas y furanos. “Son sustancias muy tóxicas y cancerígenas. El problema es que no hay mediciones. Y si las han hecho, no las hacen públicas. Las emisiones que hacen por las chimeneas no se filtran y sale todo descontrolado”, añade la integrante de Ecologistas. La principal reivindicación es que la Consejería de Medio Ambiente revoque de inmediato la Autorización Ambiental Integrada (AAI), lo que supondría el cierre de Corrugados Getafe.
En 2006, bajo el mandato del socialista Pedro Castro, el Ayuntamiento firmó un convenio con el anterior propietario de Corrugados, Alfonso Gallardo -el actual es el Grupo Industrial CL-, para trasladar la planta al incipiente polígono de La Carpetania. La llegada de la crisis y las diferencias en la valoración del suelo frustraron la operación que con tantas esperanzas veían los vecinos de la zona. “Creemos que fue un engaño para que se vendieran los pisos de Los Molinos”, afirma Carrasco.
El Ayuntamiento de Getafe carga las tintas contra la Consejería de Medio Ambiente, a la que acusa de no tomar medidas. Fuentes municipales mantienen que los técnicos regionales le han abierto hasta tres expedientes en los últimos meses y que no han concluido ninguno. Afirman además que son la única Administración competente para revocar la AAI, sobre todo, al haber dado en 2017 un plazo de tres años para regularizar la situación y no haberlo hecho. En el barrio de Juan de la Cierva hay empadronadas 27.500 vecinos y en Los Molinos 10.700. Cientos de personas salieron en protesta el pasado viernes 21 para exigir el cierre de la planta.
Una portavoz de Medio Ambiente mantiene que este departamento “está comprometido” con los vecinos de Getafe, al tratarse de una fundición que trabaja de noche. “Se le pidió a la empresa un Plan contra el Ruido. Lo presentaron a finales de julio y ahora lo estamos evaluando para garantizar que los niveles se cumplen. Se trata de un plan complejo y estamos haciendo campañas de pruebas para corroborar las mediciones y caracterizar el nivel de ruido en aquellas áreas que afectan directamente a los vecinos”, explica la portavoz. “Les vamos a exigir a Corrugados que cumplan el plan íntegro y en el caso contrario se les impondrá una sanción y tendrán que realizar las correcciones necesarias”, añade. Fuentes de este departamento recuerdan que el Ayuntamiento también tiene sus competencias y que puede sancionar el exceso de ruido por incumplir las ordenanzas municipales.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil con sede en Getafe ha emitido varios informes y los ha remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente, según fuentes del instituto armado. Estas no han querido facilitar su contenido “al tratarse de una investigación en curso”. El Ministerio Público ha informado a este periódico que el asunto se está instruyendo en un juzgado de la localidad y que hasta la fecha se han pedido varias “diligencias de investigación, que aún se siguen practicando”. “Todavía no tenemos por tanto una posición sobre acusar o sobreseer”, añade.
Mientras, un portavoz de Corrugados Getafe sostiene que cumple toda la normativa actual, en concreto con la AAI, desde 2017 y que acaba de invertir un millón de euros para luchar contra los ruidos y destinará otros tres en los próximos meses para el mismo fin. “La empresa no es el único foco de ruidos del polígono. Están las vías del tren, el aeródromo, otras compañías… La fábrica está radicada en ese polígono industrial desde hace décadas. Por tanto, es la ciudad la que ha crecido hacia esa ubicación y los distintos Ayuntamientos han consentido y fomentado el desarrollo urbanístico hacia una zona industrial”, afirma el portavoz. “En lo referente a los olores, la última inspección de la Comunidad de Madrid descartó cualquier tipo de contaminación a ese respecto. Ahora, la empresa está a la espera de recibir los valores de las mediciones olfatométricas que han hecho tanto Ayuntamiento como Comunidad”, concluye.
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