La lucha de Alicia para que construyan en su instituto el ascensor que Madrid prometió hace tres años

Alicia se planta en la puerta de su instituto junto a su madre nada más terminar un curso infernal con la mirada puesta ya en septiembre. Tiene 12 años y sufre desde que tenía dos una enfermedad rara llamada Charcot-Marie-Tooth o polineuropatía motriz sensitiva y hereditaria, un grupo de trastornos que causan una lesión en los nervios, sobre todo en los periféricos (brazos y piernas). En aquel momento, cuando todavía era un bebé, sus pies empezaron a torcerse y con ellos toda su vida y la de su familia. Tras un largo peregrinaje de médicos y pruebas, por fin le pusieron nombre a una dolencia degenerativa que le ha quitado las fuerzas de los músculos, pero no le ha impedido avanzar en otros ámbitos, como el de los estudios. El problema que tiene, sin embargo, se topa con la burocracia de la Comunidad de Madrid.

Hace tres años, el Gobierno regional puso en marcha un proyecto para que se construyera un ascensor en el instituto Marqués de Suanzes, en el distrito de San Blas, para hacer la vida infinitamente más fácil a los menores como Alicia. El Ejecutivo cambió entre medias y la Consejería de Educación actual dice que lo hará “en la mayor brevedad posible”. La paciencia de Isabel A., la madre de Alicia, tiene un límite. Llevan recibiendo esa respuesta desde hace más de dos años.

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En todo el distrito de San Blas, al este de Madrid, no hay un centro de secundaria preferente para menores con una discapacidad motora, lo que significa que ninguno está adaptado para que ella o adolescentes con problemas similares puedan moverse sin problema. En la página web de la Comunidad de Madrid aparece que la preferencia la tiene el centro J. H. Newman, un colegio católico y concertado. Pero no es así. Ni está adaptado, ni tiene ruta (esencial), ni el personal necesario de los centros con la calificación de preferente. Isabel A., que sabía de estas deficiencias del distrito en el que vive, decidió emprender su lucha hace tres años, cuando Alicia todavía estudiaba en el colegio que está pegado al instituto Marqués de Suanzes y que lleva el mismo nombre.

Ese centro de primaria sí tiene la calificación de preferente para menores con discapacidad motora y por eso Alicia estudió allí la primera etapa educativa. Ir a un colegio con esa calificación es clave, pues significa que cuenta con infraestructuras adaptadas y con personal que ayuda a los estudiantes, como un fisioterapeuta y un técnico que se encarga de acompañar a los niños en algunos desplazamientos. Ya entonces, con la vista puesta en el futuro, vislumbraban un problema para cuando la menor tuviera que cambiar a un centro de secundaria.

Los amigos y compañeros de Alicia solo tendrían que cambiar de puerta, y entrar justo al lado, ya que el colegio y el instituto están separados tan solo por un muro. Y ella tendría que cambiar de distrito para continuar sus estudios. “Es completamente injusto. La separan de su entorno, de sus amigos, de sus profesores... Y si en San Blas hubiera otro centro preferente, pues vale, la llevaría allí. Pero no lo hay, incumplen la ley”, señala Isabel.

En octubre de 2018, la madre de Alicia consiguió reunirse con el equipo del anterior consejero de Educación, Rafael van Grieken. Se sentó con el entonces viceconsejero, Amador Sánchez, y con la directora de infraestructuras educativas, Elena Marroig. Aquel encuentro no pudo salir mejor. Van Grieken entendió la reivindicación de los padres y ordenó que el instituto Marqués de Suanzes tuviera la calificación de preferente tras la realización de obras de adaptación. Hicieron un proyecto, lo presupuestaron y poco después llegaron las elecciones. Desde entonces, todo ha sido una pesadilla.

Arreglos “por fases”

El actual equipo de Gobierno, sin presupuestos aprobados, le dijo a Isabel que no podían llevar a cabo las obras prometidas por el anterior Ejecutivo, aunque pactaron hacer arreglos “por fases”. Tras mucho insistir, correos, llamadas y muchos “se hará en la mayor brevedad posible”, este curso, en noviembre pasado, le enviaron varias fotografías con el siguiente mensaje: “Ya han empezado las obras”. Iban a construir unas rampas para facilitar el acceso al centro y un baño adaptado. “Alicia ha estado todo el curso sin poder entrar al servicio porque la silla no entraba por la puerta. Iba cuando no podía más, y acompañada de alguien. Intimidad, cero”, lamenta la madre. El problema con aquellas obras fue que se equivocaron de centro y empezaron a hacerlas en el colegio de al lado. “No me lo podía creer”, recuerda. El baño se adaptó por fin en el instituto el 9 de junio pasado. Una semana antes de que terminara el curso.

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Un portavoz de la Consejería de Educación, que recuerda que se han invertido 150.000 euros durante este curso, insiste: “Queda pendiente incorporar elementos arquitectónicos que permitan la plena accesibilidad del edificio, como la construcción de un ascensor, actuación que se acometerá a la mayor brevedad posible”. Y añade: “El ascensor estará disponible tras los trámites necesarios, que comprenden la redacción del proyecto, la licitación de la obra por procedimiento abierto y finalmente, su ejecución”. Y recuerda, además, que el instituto no reúne los requisitos para ser centro preferente porque, además del ascensor, se necesita “la dotación de personal adecuado para atender a este tipo de alumnos, como es el caso de fisioterapeutas”.

La Consejería de Educación se olvida, sin embargo, de que ese personal ya trabaja en el centro desde principio del curso pasado, gracias a la presión de los padres, y de que los planos de la obra de accesibilidad están hechos y presupuestados desde 2019. Sonia Brunicardi, la fisioterapeuta, cuenta: “Estoy trabajando ahí desde el 8 de septiembre”, y asegura que ella y su compañero Carlos, el técnico, han atendido a Alicia y a otros compañeros con la promesa de la Administración de que les iban a llegar camillas y recursos materiales, que nunca llegaron.

Actualmente, en el instituto Marqués de Suanzes están escolarizados cuatro alumnos con discapacidad motora. Según sus familias, la Consejería de Educación les matricula directamente en el centro de secundaria Salvador Dalí, en el distrito de Ciudad Lineal. “No es una solución que debamos aceptar”, alegan. Han recibido el apoyo de la Federación de asociaciones de padres y madres de alumnos Francisco Giner de los Ríos. Su presidenta, Carmen Morillas, lamenta: “Es una discriminación”, y reclama a la Administración que aproveche el verano para construir el ascensor.

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La madre de Alicia dice: “El director del centro se ha portado fenomenal porque está luchando para que esto se solucione. Y mi hija ha estado feliz en primero de la ESO con sus amigos. No quiero cambiarla, pero no puede estar otro año sin que pueda ir a la cafetería, a las canchas o a determinadas aulas”. Ha pedido amparo hasta al Defensor del Pueblo, que le ha respondido en dos ocasiones, una el 15 de abril y otra el 14 de junio. “Ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó a la Consejería de Educación, se ha requerido la remisión urgente”, le escribió Concepció Ferrer i Casals, adjunta segunda del Defensor del Pueblo. No hay más información desde entonces.

La Asociación de Padres de Alumnos del centro remitió un escrito a la Dirección del Área Territorial de Educación de la capital solicitando la calificación de preferente para acabar de una vez con la anomalía. También CC OO y UGT han escrito a la Comunidad de Madrid. Dos diputadas, Sonia Conejero, del PSOE, y María Pastor, de Más Madrid, han puesto el tema sobre la mesa en la Asamblea.

Quedan dos meses de verano antes de que empiece de nuevo el curso. Alicia, y otros tres menores con discapacidad, siguen esperando.

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