El pulso jurídico de las elecciones de Madrid: a las urnas de denuncia en denuncia

El PP ha denunciado este lunes ante la junta electoral a la alcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, por publicar en la web oficial del municipio un balance de sus inversiones contra el coronavirus en plena campaña electoral. No es un hecho excepcional. Sin que hayan pasado siquiera 15 días desde que Isabel Díaz Ayuso decidiera adelantar las elecciones, y convocarlas para el 4 de mayo, ya se han registrado dos denuncias contra la presidenta, y una contra el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, por motivos similares. Las formaciones buscan influir así en unas elecciones marcadas por la incertidumbre: si bien todas las encuestas coinciden en predecir un triunfo del PP, ninguna prevé que logre mayoría absoluta, y todas reflejan que el bloque de derechas y el de izquierdas se disputarán el Gobierno hasta el último minuto.

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“Son todos ellos casos dudosos”, resume sobre las denuncias una fuente jurídica con conocimiento del criterio que suelen aplicar las juntas electorales. Según la ley que regula los comicios, las infracciones que se produzcan en el proceso electoral serán sancionadas con multa (salvo que sean constitutivas de delito). La cuantía máxima será de 1.200 euros para las Juntas Provinciales y de 600 euros para las de Zona. En el caso de que decida la Junta central, la multa será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares.

El 10 de marzo, Díaz Ayuso decidió adelantar elecciones en la Comunidad de Madrid. Solo cuatro días después, se constituyó la junta electoral provincial, encargada de resolver los conflictos electorales en primera instancia. El organismo se reunirá este martes por la tarde, ya con todas esas denuncias sobre la mesa, aunque nada le obliga a tomar una decisión en el día. Mientras tanto, los partidos están explotando la ley como un arma electoral más, como ya hicieron durante las últimas generales, cuando fueron sancionados Pedro Sánchez (con 500 euros), o la ministra de Educación, Isabel Celaá (con 2.200).

El primero en disparar fue el PP, que denunció a Pablo Iglesias por anunciar que sería el candidato de Podemos desde su despacho oficial de vicepresidente del Gobierno central. Luego llegó el turno de Más Madrid, que llevó a Díaz Ayuso ante la Junta por haber anunciado ayudas directas a pymes y empresas desde la sede del Gobierno regional. Y el último ha sido el PSOE, que también ha denunciado esa rueda de prensa, y la que protagonizó la presidenta para anunciar la convocatoria de elecciones, porque allí lanzó su lema electoral (”socialismo o libertad”) desde la Puerta del Sol.

“Intentan de todas las maneras deslegitimar el proceso electoral”, opinó Díaz Ayuso tras conocer la denuncia de Más Madrid. Y este lunes, tras ser informada de la del PSOE, ha añadido: “Me acusan de que la semana pasada hice una serie de anuncios de los acuerdos. Pero es que los consejos de gobierno tienen a continuación una rueda de prensa. Si la Junta considera que está mal hecha, nos atenderemos a la letra pequeña, pero esa rueda de prensa hay que darla, porque es información pública y hay que darla”.

Esa afirmación, sin embargo, esconde, precisamente, que Díaz Ayuso no anunció un acuerdo adoptado en el seno del Consejo de Gobierno. Al contrario, aprovechó la rueda de prensa que concita más atención informativa de la semana para avanzar un proyecto de ayudas del que todavía desconoce el montante total, o su calendario de aplicación, y que por lo tanto no ha sido aprobado todavía por el Ejecutivo regional.

Así, la junta electoral provincial ya ha recibido al menos cuatro denuncias. Y la campaña ni siquiera ha empezado.