El juez archiva la causa contra el exalcalde de Alcobendas García de Vinuesa en el ‘caso Púnica’

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, ha dictado un auto por el que archiva la investigación que seguía en esta causa contra el exalcalde de Alcobendas Ignacio García de Vinuesa (PP), la gerente del Patronato Sociocultural de esta localidad, Yolanda Sanchís, y la directora de comunicación del regidor, Teresa Alonso-Majagranzas. El magistrado concluye que de las pesquisas realizadas no se desprenden indicios suficientes de que García Vinuesa tuviera la “corrupta voluntad” de desviar fondos públicos en su propio beneficio. En concreto, para pagar de manera ilegal a las empresas de Alejandro De Pedro, el experto informático de la trama de corrupción, la mejora de su imagen en internet. Un informe de la Guardia Civil cifró en 69.051 euros ese supuesto desvío. Tras ser imputado en noviembre de 2020, el exalcalde renunció al cargo de Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid que ocupaba en ese momento.

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La causa ahora archivada investigaba si García Vinuesa y sus dos colaboradoras pagaron, en 2011, cuando el primero era alcalde de Alcobendas trabajos de reputación online tras desviar fondos de un patronato del Ayuntamiento mediante facturas con conceptos falsos. El juez ha concluido que no está demostrado que las empresas de De Pedro no prestaran los servicios que figuran en estas facturas, como consideraba la Fiscalía Anticorrupción. El hecho de que las facturas tengan “conceptos imprecisos y poco claros”, señala el auto judicial, es un elemento “periférico” que no pasa de ser “una valoración subjetiva, una sospecha que además fue desmentida por los dos investigados [García de Vinuesa y Sanchís] que declararon” cuando fueron citados en la Audiencia Nacional.

El juez también descarta el fraude, al no haberse demostrado que existiera “una corrupta voluntad (estrategia, en términos de la acusación pública) de desviar fondos públicos con la finalidad de atender a gastos de carácter particular”. Pese a ello, García-Castellón destaca en su auto que la línea divisoria entre los contratos de publicidad institucional y los de reputación política y personal de los cargos públicos es “tenue, difusa, brumosa y, en consecuencia, imprecisa y confusa”. Por lo tanto, concluye, hay que ponderar cada caso concreto.

“Hay quien hace lo posible por aplicarte la presunción de culpabilidad”, ha afirmado García de Vinuesa, después de conocer el auto judicial. En su caso, la renuncia al cargo le ha obligado, dice, a pagar un precio que “siempre es muy alto y nada democrático”. El exalcalde ha añadido que en noviembre de 2020 decidió dejar voluntariamente el puesto de Comisionado de las Víctimas del Terrorismo, porque estaba convencido de que su imputación iba a ser utilizada contra el PP. “Hay formaciones políticas que acogen con entusiasmo a imputados, procesados y condenados sin ningún problema, pero exigen tu dimisión si, siendo del PP, has tenido una mínima relación con alguna causa”, afirma. “Una clamorosa ley del embudo”.

“No tengo rencor y sigo orgullosa de haber sido durante 12 años la directora general de comunicación y redes sociales del Ayuntamiento de Alcobendas sirviendo a mi ciudad. Estoy muy contenta por mi familia y con ganas de decir definitivamente adiós a mi etapa pública; tengo mucha suerte de mantener mi trabajo actual que podría haber perdido por esta investigación”, ha declarado otra de las imputadas, Teresa Majagranzas.