La crisis del coronavirus

El convenio de la Tarjeta Familias presentado en agosto no se firmó hasta el 16 de octubre

Es una de las herramientas estrella del Gobierno de Almeida para afrontar la crisis social y sigue sin implementarse casi tres meses después de anunciarse

Desde la izquierda, Villacís, Almeida y Aniorte, en la presentación de la iniciativa, en agosto.
Desde la izquierda, Villacís, Almeida y Aniorte, en la presentación de la iniciativa, en agosto.L. DE VEGA

El Ayuntamiento de Madrid y CaixaBank no firmaron el convenio que regula la Tarjeta Familias hasta el 16 de octubre, mes y medio después de que, según anunció el Gobierno municipal, se pusiera en funcionamiento esta medida. “El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y finalizará el 31 de marzo de 2021”, se lee en el documento de once páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS. En él aparecen los detalles de un acuerdo que fue presentado el 26 de agosto como un hito sin precedentes y que, supuestamente, iba a echar a andar el 1 de septiembre pero que a mediados de noviembre sigue sin ponerse en marcha. “En cuestión de días” se podrán entregar las tarjetas, se leía en la nota que publicó el Consistorio aquella mañana de hace ya 84 días. Su finalidad es facilitar el acceso a comida y productos básicos a las personas más vulnerables.

En el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del que depende la tarjeta no responden cuántas solicitudes ha habido hasta el momento y cuándo se van a empezar a distribuir. El pasado jueves la vicealcaldesa, Begoña Villacís, dijo que será a lo largo de lo que resta de noviembre. “La demora se ha debido exclusivamente a cuestiones derivadas de la protección de datos personales de los receptores de la tarjeta”, explican fuentes del área de Hacienda refiriéndose a la firma del convenio el pasado 16 de octubre. Por parte del Consistorio estamparon su firma los delegados de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, y de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte.

La tarjeta, una de las medidas estrella del Gobierno que lidera el alcalde José Luis Martínez-Almeida, es un asunto perenne en los plenos de Cibeles y en las ruedas de prensa. Es objeto de comentarios tanto por parte del Ejecutivo, que alardea de haberla sacado adelante, como de la oposición, que critica lo que considera un anuncio vacío de cara a la galería que, además, se queda sin efectividad por la burocracia y por sus incompatibilidades. “La tarjeta es una herramienta de futuro, dignificadora y a largo plazo” y “para hacerlo adecuadamente era necesario no saltarse ningún paso ni tomar atajos”, argumentan desde el área social del Gobierno. Mientras llega, añaden, ninguna familia está sin atención. Es “humo y marketing”, comenta Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, formación que critica la ausencia de un concurso público para elegir a CaixaBank. “No paran de hacer anuncios de una tarjeta que no llega nunca”. Ya en el pleno municipal del 29 de septiembre Aniorte, dijo: “Este mismo mes empezamos a implementarlas y ya hay cientos de tarjetas en tramitación”. Quedaban más de dos semanas para la firma del convenio con CaixaBank, pero fuentes conocedoras de la maraña burocrática del Consistorio reconocen que no es ilegal.

Es "humo y marketing. No paran de hacer anuncios de una tarjeta que no llega nunca”

Más Madrid asegura que solo hay 1.994 solicitudes, un dato que no ha sido desmentido por el Gobierno de Almeida y que, según esta formación opositora, explica que los canales de acceso a la nueva herramienta no funcionan. El cálculo del Ejecutivo al anunciarla fue que podía beneficiar hasta el 31 de marzo de 2021 a 27.000 familias. El convenio recoge que las partes pueden acordar su prórroga un mes antes de que expire, algo a lo que Villacís ha dejado la puerta abierta este lunes ante el retraso en la entrega de las tarjetas, que en el proyecto de presupuestos de 2021 cuentan con una partida de 19 millones de euros. Pese a no haber empezado a repartirse, estiman que el gasto en 2020 será de 7,2 millones.

El Consistorio, explican fuentes del área de Familias, ha tenido que llevar a cabo “en tiempo récord” la actualización de la herramienta informática Civis, que es la que gestiona de Servicios Sociales, así como la formación del personal. Mientras tanto, contaban con una adaptación más sencilla que permitió ir avanzando desde septiembre. “Hemos tenido que cambiar la herramienta informática que no estaba prevista para estas circunstancias (…) Lo hemos tenido que cambiar todo”, justificó Villacís el jueves.

La tarjeta es nominal y la entrega el Ayuntamiento al beneficiario con la recarga de dinero que se haya calculado según el grado de necesidad de la unidad familiar. Esa ayuda se va renovando mensualmente mientras los Servicios Sociales estimen que persisten las circunstancias. Pero la oposición critica que sea incompatible con la renta mínima y con el ingreso mínimo. El Consistorio, que tiene potestad para bloquear o retirar la tarjeta, ha de explicar las condiciones de uso al entregarla al titular. Este, para que el gasto sea aceptado, ha de justificar a posteriori mediante facturas que lo adquirido corresponde a lo permitido.

La tarjeta no necesita código pin para su uso ni se puede retirar efectivo en cajero. Su uso se limita a la adquisición de alimentos y material de primera necesidad. El saldo disponible puede consultarse en los cajeros de CaixaBank o en la página web de MoneyToPay, entidad de dinero electrónico del grupo de esta entidad financiera que gestiona las tarjetas. El Ayuntamiento paga 2,4 euros por cada una de ellas. Almeida, Villacís y Aniorte se fotografiaron cada uno con una Tarjeta Familias el 26 de agosto. Desde entonces no han vuelto a verse.

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