Madrid concentra el 57% de las multas por incumplimiento de la cuarentena en la región

La policía ha enviado un total de 201 requerimientos a personas de 24 municipios de la Comunidad de Madrid por incumplir la obligatoria cuarentena o el periodo de aislamiento por estar contagiados o por ser contacto de un positivo, según datos facilitados a EL PAÍS por la Consejería de Sanidad. El 57% de ellos, un total de 116, corresponden a vecinos de la capital. Seguidamente aparece Parla, con 22, y Fuenlabrada, con ocho. Los 55 restantes, hasta 201, corresponden a un goteo de pocos casos dispersos por la región.

El personal de atención primaria que supervisa a pie de calle la enfermedad a veces “detecta que la indicación de aislamiento no va a ser atendida por el paciente”, reconocen fuentes de la Consejería de Sanidad. Son las autoridades sanitarias y, más en concreto el personal de atención primaria, las encargadas de controlar más directamente la covid-19.

La expansión del virus en la segunda ola llevó sin embargo a buscar herramientas alternativas, pues el rastreo con los efectivos de los que se disponía no era suficiente. Por eso se pensó en la necesidad de diseñar un plan entre la administración autonómica y la local y que fueran las policías de cada municipio las que también tuvieran acceso a los datos sanitarios y poder saber en cada momento si una persona podía o no estar en la calle. Se trata de “garantizar la correcta notificación de resultados y el control del cumplimiento de la indicación de aislamiento o cuarentena señalada desde los dispositivos asistenciales o de salud pública, cuando no requiera hospitalización”, según la Orden 1262/2020, de 30 de septiembre, de la Consejería de Sanidad.

Previamente, al menos en la capital, la Policía Municipal ya colaboraba con Sanidad en aquellos casos que se consideraban más problemáticos a la hora de llegar a localizar, como informó EL PAÍS el 20 de agosto.

Los requerimientos expedidos por los agentes no entran a valorar los motivos por los que estas personas han sido sancionadas. Es decir, fuentes sanitarias en contacto con las labores de rastreo de la covid-19, reconocen que no siempre se trata de personas irresponsables que se desentienden del daño que pueden causar saltándose los protocolos. Hay contagiados o ciudadanos que han estado en contacto con positivos, añaden, que no pueden cumplir con esos periodos preceptivos porque no disponen de un empleo formal, tienen miedo a perder su trabajo, no tienen una vivienda digna o porque son ellos los encargados de desarrollar tareas esenciales para sacar adelante a sus familias.

Esta es la lista por orden alfabético de los municipios en los que hay ciudadanos sancionados, según datos facilitados a EL PAÍS la semana pasada por la Dirección General de Salud Pública en respuesta a una demanda pública de información que se realizó el 28 de agosto: Alcalá de Henares, dos; Alcorcón, ocho; Algete, uno; Arganda del Rey, uno; Carabaña, uno; Collado Mediano, dos; Collado Villalba, dos; Colmenar Viejo, uno; Coslada, tres; Fuenlabrada, ocho; Getafe, siete; Humanes de Madrid, uno; Leganés, cinco; Madrid, 116; Mejorada del Campo, uno; Paracuellos del Jarama, uno; Parla, 22; Pozuelo de Alarcón, dos; San Martín de Valdeiglesias, siete; San Sebastián de los Reyes, dos; Torrejón de Ardoz, cuatro; Tres Cantos, uno; Valdaracete, dos; Valdemoro, uno.

Así justifica el Gobierno regional en la citada orden la necesidad de un mayor control dejando en manos de la policía los datos: “La relajación en su cumplimiento junto a la mayor movilidad en las últimas semanas, coincidiendo con el inicio de la actividad laboral, escolar y universitaria tras el periodo de descanso estival, ha supuesto un aumento de la transmisión de la enfermedad, especialmente en algunas zonas en las que la tasa de contagios presenta una incidencia mayor, todo lo que conlleva a la necesidad de adoptar medidas de contención más específicas de actuación”.

Los datos de localización de las personas sobre las que recaen medidas de aislamiento o cuarentena se ceden al servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid mientras esté en funcionamiento el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (Platercam). Esa cesión es la que abre la puerta a que puedan ser facilitados no solo a los cuerpos policiales sino también a los servicios de inspección, incluidos los de inspección educativa, o a los servicios públicos de emergencia cuando realicen tareas incluidas dentro de las operaciones de lucha contra la pandemia, añade el texto publicado por el boletín de la comunidad.

En los casos en los que no haya colaboración ciudadana, “podrá requerirse la adopción de resoluciones, individuales o colectivas, de imposición coactiva que, en caso de que puedan suponer restricción de derechos fundamentales, se comunicarán también a la Abogacía General de la Comunidad de la Madrid”.

La Consejería de Sanidad recuerda que “la debida observancia de las indicaciones de aislamiento o cuarentena por parte de las personas con resultados positivos o contactos estrechos de positivos es un elemento necesario para reducir y minimizar la transmisión de la enfermedad, dada su naturaleza infecciosa, de tal manera que el incumplimiento de tales indicaciones supone una actuación que entraña un evidente peligro para la salud pública de la población en su conjunto”.

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