“Se trataba de no cerrar toda Fuenlabrada, por ejemplo”
Díaz Ayuso vivió con máxima tensión y discrepancias con sus socios políticos los días previos a la crucial decisión de restringir la movilidad en 37 zonas de Madrid
“Vértigo”. “Dolor”. “Presión”. “Responsabilidad”. Según tres personas de su confianza, cada una de esas palabras cuelga del ánimo de Isabel Díaz Ayuso mientras toma una decisión sin precedentes: limitar desde este lunes la movilidad de 858.000 personas para frenar al coronavirus en la Comunidad de Madrid. Sus allegados lo describen como “una operación de cirugía” porque se centra en las 37 zonas de Madrid más afectadas por el virus. Sin embargo, para llegar hasta el quirófano, Díaz Ayuso vive tres días de máxima tensión en los que su Gobierno sume en la incertidumbre a los ciudadanos —el miércoles anuncia confinamientos selectivos sin concretarlos—, se encienden todas las alarmas por la situación sanitaria y acaba logrando un objetivo largamente deseado: el lunes se reunirá por primera vez con Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno.
—Nos estamos fijando en las medidas que han tomado en las islas Baleares.
Es jueves, y Enrique Ruiz-Escudero, el consejero de Sanidad de Madrid, habla tras 24 horas de martirio. La víspera, miércoles, Antonio Zapatero, su viceconsejero, anuncia “confinamientos selectivos” en la región, y los portavoces gubernamentales le desmienten inmediatamente. A lo largo de la jornada, el consejero habla con sus homólogos de Castilla-La Mancha y Castilla y León, además de con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a los que transmite que, efectivamente, Madrid se prepara para tomar medidas drásticas en la línea de las adoptadas en Baleares, donde ya se han confinado barrios enteros de Palma, Sant Antoni e Ibiza.
Los consejeros de las comunidades limítrofes se interesan vivamente por los cambios. Lo que pase en Madrid, saben todos, acabará afectando al resto. Y por eso a lo largo del jueves llaman por teléfono a Ruiz-Escudero. Le ven “fuerte”. Impermeable al “despropósito” del anuncio de Zapatero. “Y sin hacer caso a los comentarios”, rematan.
¿Qué comentarios? “Ciudadanos dice que en Madrid no hay nadie al volante”, asegura un interlocutor del PSOE en permanente contacto con sus contrapartes del PP y Ciudadanos, los dos socios del gobierno de coalición regional. “Ese Gobierno es un polvorín”.
La situación, efectivamente, amenaza con descarrilar el jueves. Ignacio Aguado, el vicepresidente regional, protagoniza una comparecencia sin preguntas en la que pide que el Gobierno de España “se implique de manera contundente” en la gestión de la pandemia. Ni él ni su equipo aclaran si lo que está solicitando es que se aplique el estado de alarma en la región, una opción que Díaz Ayuso rechaza. La inquietud crece en el PP, que observa con recelos al líder de Cs desde que el PSOE le lanza una y otra vez cantos de sirena para que se sume a una moción de censura contra la presidenta.
“En el PP de Madrid nos dicen que Aguado es un saltimbanqui, que está al regate corto con la pandemia”, describe un político de la formación conservadora con ascendiente en la política nacional y en la autonómica. Ese mismo día, todavía jueves, este interlocutor habla por teléfono con Ayuso.
“Y la vi con un espíritu animoso, pero como todos los presidentes cuando tienen que tomar decisiones así: con la responsabilidad de tener que acertar”, describe. “¡Da mucho vértigo!”, enfatiza. “Hay que entenderlo. Se vive con mucha presión. Llamas al alcalde al que le afecta con el tiempo justo para que lo sepa. No te da tiempo a más”.
Díaz Ayuso, por tanto, ya tiene claro cuál es el punto de encuentro aceptable en la siempre tensa relación entre los criterios de los técnicos de sanidad —únicamente preocupados por la evolución de la pandemia— y los de los políticos —que también tienen que mirar por la economía—. La presidenta decide limitar la movilidad de los 858.000 habitantes de seis distritos capitalinos y siete municipios de la comunidad para combatir la expansión del virus, además de cerrar los parques y jardines y obligar a bajar la persiana a las diez de la noche a los comercios de las 37 zonas afectadas.
Más medidas próximamente
Da igual que la rueda de prensa en la que anunciará las medidas se convoque para las 11.30 del día siguiente, viernes, que luego se retrase hasta las 13.00, y que finalmente no sea hasta las 17.00. Los cambios de horarios no tienen que ver con tensiones internas en el Ejecutivo, afirma uno de los consejeros más cercanos a la presidenta. Al contrario.
Todos en la Real Casa de Correos recuerdan durante esas largas horas de reuniones y más reuniones que una orden previa que impedía fumar en espacios abiertos fue dejada en suspenso por un tribunal. Y se quiere evitar a toda costa un episodio similar.
—Estamos en manos de un juez, recuerda entonces un político con galones presente en esas reuniones, a las que acude, entre otros, Enrique López, exmagistrado del Tribunal Constitucional y hoy consejero de Justicia de Díaz Ayuso, que se desplaza hasta la sede del Gobierno madrileño, para estudiar al detalle el entramado legal diseñado por la abogacía regional y los secretarios generales técnicos implicados.
La autorización judicial es preceptiva para que entren en vigor las medidas. López cierra su jornada sin tener ninguna duda de la fortaleza legal del proyecto, aunque el sábado, en una intervención pública, reconoce que el Gobierno “acomodará” sus medidas si un juez así lo decide, como no puede ser de otra manera.
“Fueron horas muy dolorosas”, describe una fuente que cuenta con la confianza de Díaz Ayuso. “Dolor, eso es lo que las define”, insiste. “Los datos nos decían que los contagios están disparados en las zonas en peor situación económica de Madrid. Y es doloroso restringir los movimientos a quienes necesariamente tienen que trabajar”, sigue. “Por eso solo se restringe el ocio”. Y avisa: “Ha sido una operación de cirugía. Se ha querido evitar, por ejemplo, cerrar Fuenlabrada entera, optando por los dos barrios más afectados por la enfermedad. En 15 días veremos el resultado, y si hay que ampliar la intervención si no funciona”.
López es el encargado de comunicar las medidas que se van a tomar al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, media hora antes de la rueda de prensa. Y cuando llega ese momento, Díaz Ayuso no da puntada sin hilo: se centra en sentar las bases sobre las que quiere que se desarrolle su cita del lunes con Sánchez.
“Necesitamos la fuerza del Estado, las herramientas que no tenemos como Gobierno autonómico, sobre todo en materia de seguridad ciudadana”, dice. Y advierte: “El presidente del Gobierno no viene a tutelar, sino a colaborar con la Comunidad de Madrid”.
“Estamos a tiempo de salvar muchas vidas y de salvar muchos puestos de trabajo”, añade Aguado, en una estrategia aparentemente coordinada. “Espero que el Gobierno de España se comprometa a poner los recursos necesarios. Es quien tiene todas las herramientas necesarias. No tenemos tiempo que perder”.
La cita de Sánchez con Díaz Ayuso puede marcar un punto de inflexión en la gestión de la pandemia. El virus une a dos políticos que han expresado sus diferencias en público con toda claridad. La presidenta de Madrid, que vive su primera cumbre bilateral con el jefe del Ejecutivo, aspira a algo más que una foto. Lograr más rastreadores o implicar a la policía nacional en el control de las zonas confinadas ya se da por hecho. Lo que persigue Díaz Ayuso es el establecimiento de un espacio de colaboración entre las dos Administraciones para abordar las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia.
“Que dentro de las discrepancias haya un espacio para colaborar y dialogar”, precisan en su equipo.
Ocurrirá el lunes. Tras ver cómo casi 16.000 personas morían en Madrid por coronavirus, los dos Gobiernos buscan soluciones para evitar que la pandemia se desborde de nuevo en la región, actuando como motor de una segunda ola que arrase todo el país.
1.500 personas no cumplen la cuarentena en la región
Con más de 100.000 contagiados en los últimos 50 días, la Comunidad de Madrid es la región en la que crece más rápido la pandemia. Para frenar ese ritmo vertiginoso y evitar que la situación derive en un contagio comunitario que vuelva a obligar a confinar toda la región, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha puesto en la diana a las personas que no cumplen con la cuarentena de 14 días que garantiza que no contagien el virus tras haber enfermado o por ser contacto estrecho de un positivo.
Hasta 1.500 infractores han sido detectados por los rastreadores del Ejecutivo regional. Estos se enfrentan a sanciones que van de los 3.005 a los 15.025 euros. Y es previsible que la estadística de infractores crezca.
El Gobierno de la Comunidad va a reforzar el dispositivo de salud pública que trabaja en localizar a las personas que deben guardar esa cuarentena e intensificará su colaboración con las policías locales, y la nacional, en las 37 áreas más afectadas por el virus en la región.
Madrid, además, ha propuesto al Gobierno de España que las cuarentenas de 14 días se reduzcan a 7. Otras comunidades, como la de Castilla y León, estudian si sería conveniente aminorar el número de jornadas a al menos 10.
Como dijo el consejero de una de las comunidades con más casos: “Mejor 7 días de cuarentena bien cumplidos, que 10 con salidas constantes y sin cumplir”.
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