La Comunidad de Madrid estudia estos días dos recursos de alzada interpuestos por Globalvía, concesionaria de uno de los tres tramos de la carretera M-45, contra su decisión de reclamarle más de 163 millones por calcular de forma incorrecta los pagos que se le debían desde la anualidad 2007-2008. El conflicto no solo refleja los problemas generados por un polémico modelo de explotación (peaje en la sombra: se calcula cuántos coches circulan y se le pasa la factura a la Administración). Resume la impresionante factura que acumula una infraestructura ruinosa para las arcas públicas: sus 37 kilómetros pueden acabar costando más de 2.000 millones de euros cuando acabe la concesión, en 2032. Todo, para que la utilicen 78.721 vehículos al día, según cifras para 2019 del Gobierno, que asegura que esta es la vía regional con mayor intensidad media diaria de tráfico.

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Impulsada por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en 1996 para unir Carabanchel y San Fernando de Henares, conectando cuatro carreteras nacionales (A-2, A-3, A-4 y A-42), la M-45 debía costar 330 millones.

Sin embargo, los costes ya se habían disparado a 550 millones cuando se inauguró, en 2002; y su modelo de explotación hará que cueste más de 2.000 cuando termine la concesión, en 2032, según reconoció en 2017 el jefe de Área de Concesiones de la región, Carlos Millán, durante una comparecencia en la Asamblea.

No ha sido la única vía de agua abierta en las arcas regionales por la M-45. Desde 2011, la Comunidad ha tenido que pagar más de 200 millones de euros por al menos 20 sentencias firmes que castigan discrepancias en el cálculo de las expropiaciones —que costaron más de lo previsto— y del canon que cobran las concesionarias —que se aumentó—.

Así, la última decisión en contra de los intereses de la Comunidad llegó en febrero y fue comunicada en agosto a la Asamblea: el Supremo ha avalado la sentencia que obliga a la Administración a pagar 47,4 millones de euros a la empresa Euroglosa para compensar errores de cálculo en el coste de las expropiaciones para construir la carretera.

A eso hay que añadir otros 23 millones generados por los impagos de la Administración y los intereses de demora generados por sus recursos.

Reequilibrio de la concesión

“La M-45 es el mayor exponente de una mala práctica política del Partido Popular”, opina Pilar Sánchez Acera, del PSOE. “Una infraestructura que acumula sentencias contra la Comunidad de Madrid que han elevado el coste de la misma a casi 2000 millones de euros, por solo 37 Kms de carretera”, prosigue. “El gobierno de la Comunidad de Madrid deberían dar una solución a este agujero sin fondo en el que se ha convertido la M-45, mientras tanto llegan pagos a atender por sentencias judiciales de carácter millonario y los madrileños seguimos pagando por una infraestructura sobrevalorada en su valor final”.

El agujero económico es tan grande como para que el Ejecutivo lleve años intentando revisar las cuentas para pagar menos por uno de los tres tramos que componen la M-45. Es el que discurre entre la A-2 y el Eje de O’Donnell. La Comunidad lleva gastados más de 450 millones de euros en él desde 2002.

Así, la consejería de Transportes reclama a su concesionaria, Globalvía, más de 163 millones, basándose en una auditoría que determina que ha calculado de forma incorrecta todas las facturas de sus peajes en la sombra desde la anualidad 2007-2008. Además, el Ejecutivo autonómico ha procedido a reducir la subvención mensual que abona a la adjudicataria, lo que implicará un ahorro anual de 15,6 millones hasta el año 2032, cuando concluye la concesión. La concesionaria ha planteado un recurso en alzada ante la consejería, y previsiblemente acudirá a los tribunales.

¿En qué se basa la Comunidad para tomar esas decisiones? Por un lado, la Administración interpreta que la concesionaria no ha tomado en cuenta en sus cálculos la reducción de 2,2 kilómetros de vía que se cedió al Estado para la A-2 en febrero de 2008. Y por otro, estima que no ha descontado los vehículos que circulan por el tramo de la M-50 que se unió a la M-45.

Ese primer tramo de la M-45, en cualquier caso, no es el único con costes millonarios. En el segundo tramo se han superado ya los 500 millones en pagos, y en el tercero se ha roto la barrera de los 200. En total, entre 2002 y 2016 el pago a las concesionarias superó los 1.100 millones de euros, según una respuesta parlamentaria del Gobierno. Con 16 años por delante para multiplicar esa cifra, ya se sabe cuál es el balance de la M-45 y su modelo de explotación, que fue premiado en ferias internacionales: un negocio ruinoso.