Madrid ha formalizado solo 122 de los 600 contratos que prometió para atención primaria

Miguel ha estado trabajando durante la crisis de la covid-19 en un hospital madrileño. Miguel es pediatra, acaba este martes la residencia y se marcha a otra comunidad autónoma: “Mañana me iba al paro. Quise quedarme aquí, en Madrid, en un hospital o en atención primaria, pero los trabajos que me ofrecían eran suplencias, días sueltos, contratarme de lunes a viernes, darme de baja el fin de semana y volver a contratarme el lunes… Pues mira, no”.

De los 600 contratos que la Consejería de Sanidad ha anunciado varias veces que iba a hacer para apuntalar la atención primaria (AP), el pilar para el seguimiento del coronavirus a partir de ahora junto a Salud Pública, solo se han formalizado 122, según los datos que ofreció la gerencia de AP, dependiente de la consejería, a los sindicatos el pasado viernes. Así lo relata Inma Martín, enfermera en el centro de salud Nuestra Señora de Fátima, en Carabanchel, y delegada de UGT y que estuvo presente en la reunión telemática realizada el mismo día en que se comunicó que la región pasaba a fase 1. Desde la consejería dan otra cifra: “De los que había en el inicio del plan covid de refuerzo había ya 269 que se mantienen. A eso hay que sumar 297 de sustituciones por incapacidad temporal y los de aumento de jornada, más otros 270 residentes que se incorporan a partir del 1 de junio”.

“Las sustituciones por bajas y los aumentos de jornada no son más personal, son profesionales que cubren a otros que no están. Y los residentes aún no están formalizados”, explica Martín. Además, a preguntas de este medio, la consejería no desglosa por categorías ni dice cuáles y en qué áreas están esos 269 contratos que se mantienen desde el inicio ni ofrece datos exactos sobre la cifra de los contratos de refuerzo que se han firmado ya de los 10.167 que se iban a prorrogar y cuándo se prevé acabar de formalizar esas prórrogas. Tampoco hubo respuesta sobre la bolsa temporal de empleo para sanitarios que abrió durante unos días la semana pasada.

“Todo lo que dan son posibilidad de contratos, y la posibilidad depende de que los acepten a quienes los van a ofrecer”, insiste la enfermera sobre los residentes. E identifica como problema claro las condiciones laborales que se ofrecen. “En muchas otras regiones son mucho mejores”, apunta. Castilla-La Mancha, Extremadura o Castilla y León ofrecen mejores contratos, más estables y con mayor retribución.

Miguel [nombre ficticio a petición del pediatra] no es el único que se marcha, varios médicos y enfermeras también tienen ya como destino otras autonomías para el próximo año. “Mi contrato es por un año con posibilidad de ampliación y con un 30% más de sueldo en Castilla-La Mancha”, explica este pediatra, al que le “duele” la situación en la que se están viendo los centros de salud, sobre todo ahora, “cuando deberían reforzarse más que nunca”.

El 22 de mayo, los contratos efectivos del refuerzo que llegó para la covid-19 eran siete médicos, 27 enfermeras y 16 auxiliares de enfermería, 15 auxiliares administrativos, 11 celadores y 46 conductores. “El resto, posibles, futuribles, pero no se han materializado”, añade Martín. Esos “posibles” son 10 ampliaciones de jornada [el suplente de un titular con reducción de jornada hace el 100% y el titular se mantiene con su reducción] en Medicina de Familia, 55 en enfermería y tres de técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), 14 en administración y una para celadores.

Contratos a futuro

También son a futuro aquellos que están actualmente cubriendo una baja. “Si se incorpora el titular, se mantendría al profesional que está cubriendo esa incapacidad temporal”, añade la enfermera. Estos son 46 médicos, 120 enfermeras y 11 auxiliares, 80 administrativos y 30 celadores. A los residentes, 223 médicos de familia y 47 enfermeras especializadas, “se les van a ofrecer”. “Pero ni siquiera ellos confían en que acepten, saben que las condiciones son nefastas, una semana en cada sitio”, alega Martín.

Cristina Sanz, una de esas residentes, pregunta de forma retórica que quién va a “querer tener contratos de centro en centro”: “Te venden que prioritariamente intentarán que te quedes en dos o tres... Es de locos, es muy frustrante”.

Jesús Vázquez, gerente adjunto asistencial de atención primaria, fue claro en una reunión con las direcciones de los centros la pasada semana. "Dijo que si no se habían contratado más enfermeras en plena pandemia, aunque faltaron, que no se iba a hacer ahora. Ese es el interés”, asegura la enfermera y delegada de UGT Inma Martín.

En Madrid, las ratios de los pacientes por profesional de atención primaria superan a las nacionales

En Madrid, las ratios de los pacientes por profesional de AP superan a las nacionales. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, a diciembre de 2018, en medicina de familia la comunidad tiene 1.557 pacientes por profesional, un 12,7% más que en el cómputo nacional; un 12,5% más en pediatría; un 25,4% más en enfermería; un 39,4% más en auxiliares de enfermería y un 17,5% más en auxiliares administrativos. Solo superan esas ratios Baleares, Ceuta y Melilla, zonas que suelen encontrar dificultades para contratar por su localización. Los cálculos de profesionales y sindicatos es que en la región harían falta 600 médicos, en un contexto sin pandemia, para entrar en la media.

Necesidades no resueltas

Ahora, en una situación de crisis, las necesidades son mayores, pero siguen sin ser resueltas por el Gobierno regional. Además de los anteriores compromisos, la gerencia de AP quiere incorporar durante el verano a las 100 enfermeras escolares que acaban en junio, con el periodo lectivo, y a 49 titulados superiores [estudiantes de Medicina que no han pasado el MIR]. “Estos pueden ir de apoyo a residencias, pero nada más. ¿Cuál es el resumen? Que sumando los contratos que ya hay hechos y los que podrían ser ni siquiera se cubre el número de bajas que ellos dicen que hay, más de 1.000”, cifra Martín. Esa suma es de 921.

La sanidad madrileña resta recursos a los médicos de cabecera a la vez que favorece la atención privada

Los recursos humanos no son el único problema. Una médica de un centro de salud pequeño de Madrid cuenta cómo el espacio que tienen no les permite hacer el doble circuito y los problemas de la limpieza: “Se supone que debería haber desinfección diaria y no la hay. Desde hace dos semanas, creo, están mirando cómo arreglan lo del espacio para separar pacientes covid y no covid, pero aún no se ha solucionado”. Su centro, aunque pequeño, se mantiene abierto, pero todavía a 25 de mayo siguen cerrados o semicerrados 65 consultorios y centros de salud; y el Summa 112 mantiene cerradas las urgencias de noches y fines de semana, tras la reorganización de la primaria para derivar profesionales al hospital de campaña de Ifema.

“Son muchos los problemas a los que se enfrenta ahora la primaria”, resume Martín. Falta de hisopos para hacer las pruebas diagnósticas PCR o la puesta en marcha de los refuerzos en Salud Pública son otro par de ellos. Mientras, muchos de sus profesionales no entienden el presente que vive este primer escalón del sistema sanitario. La residente Cristina Sanz lo resume: “Si no se entiende que la AP es esencial, que es la sanidad para el 99% de la población, y tiene que ser un lugar donde se puede establecer confianza, continuidad y longitudinalidad, conocimiento local, y que para ello hacen falta recursos y acabar con la precariedad laboral, estamos perdidas”. Ella, este martes, se va al paro. Por principios, dice. “Porque los contratos que se ofrecen son indignos, pero ya no para mí, sino para los pacientes".

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