Alfonso Rueda, sobre la violación de derechos en un psiquiátrico gallego: “Lo comprobaremos y tomaremos medidas”

La Xunta comprobará antes de actuar las violaciones de derechos y la “mala praxis” destapadas por una inspección sorpresa del Defensor del Pueblo en el psiquiátrico privado de La Robleda, ubicado a 15 kilómetros de Santiago y al que son derivados pacientes de la sanidad pública. El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda (PP), ha esgrimido que la institución “no es un órgano judicial sino administrativo” y que su “obligación” es verificar el contenido del informe que, entre otras cosas, señala casos de enfermos atados durante semanas y encerrados en sus habitaciones a lo largo de varios días, contenciones mecánicas a internos sin indicios de agresividad, y una denuncia de una usuaria por abusos sexuales de un trabajador mientras estaba inmovilizada.

“Si hubiera que tomar medidas, las tomaríamos”, ha afirmado Rueda sobre el informe elaborado por los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el órgano del Defensor del Pueblo encargado de la inspección realizada en septiembre pasado. El presidente de la Xunta se ha referido como “una serie de circunstancias” a las graves irregularidades detectadas por los inspectores, que durante dos días se entrevistaron con trabajadores y pacientes, visionaron las cámaras de las instalaciones y consultaron diversa documentación clínica.

El resultado de la actuación del Defensor del Pueblo ha desencadenado las críticas de colectivos de defensa de los pacientes. La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública considera que la inspección a La Robleda “demuestra una vez más los riesgos de enviar pacientes de la sanidad pública a centros privados concertados cuyo objetivo es ganar el mayor dinero posible”. La entidad critica la “ausencia de control de los centros concertados” y el “abandono y deterioro de la salud mental en Galicia”, una comunidad en la que el consumo de ansiolíticos y antidepresivos es un 72% superior a la media española.

La asociación El Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía que investigue al psiquiátrico La Robleda tras el informe. Su presidenta, Carmen Flores, ha anunciado este viernes que se ha puesto en contacto con el fiscal jefe de Santiago, Osvaldo Bonilla, para pedirle que depure “responsabilidades” también en la Xunta por “dejación de funciones”, informa Europa Press. El Defensor del Paciente cree que el Gobierno gallego “no puede alegar desconocimiento” y sostiene que incurrió “en un presunto delito de abandono y dejación de funciones”. “Debe caer todo el peso de la ley tanto a los infractores como a los que con su cargo de cuidado han dejado que pasaran este tipo de vergonzosos abusos con la indefensión de los que estaban para tratarse”, reclama Flores.