La Xunta mantiene la ley que erradica los mecanismos de protección de los periodistas en la televisión autonómica

El proyecto de ley de la Xunta que suprime la obligación de crear en la radio y televisión autonómicas un consejo de informativos y un estatuto profesional que protejan la independencia de sus periodistas sigue adelante. El PP de Alfonso Rueda ha rechazado este martes en el Parlamento gallego las enmiendas a la totalidad presentadas por BNG y PSdeG-PSOE acusando a la oposición de “pretender colonizar CRTVG como está haciendo Pedro Sánchez con las instituciones y las empresas del Ibex 35″. “¡Los pájaros tirándose a las escopetas!”, ha replicado a los populares la portavoz de la formación nacionalista Olalla Rodil. Rodil ha recordado los problemas judiciales que arrastran los medios públicos por represaliar a periodistas críticos y los 349 venres negros, la protesta semanal que mantienen una parte de los trabajadores contra las injerencias del Gobierno gallego en su labor informativa, la más larga de España.

La ley que impulsa el Ejecutivo de Rueda permite al PP elegir al director general de CRTVG con su mayoría absoluta si no se logra pactar un nombre con la oposición; elimina los mecanismos de protección a los periodistas que prevé la actual norma de 2011 para garantizar la “calidad, profesionalidad e independencia de los contenidos informativos” pero que nunca se han creado; y abre la puerta a que la radio y televisión creadas para promocionar el gallego usen otros idiomas. Estos son algunos de los puntos que han provocado el rechazo no solo de la oposición política sino también de entidades profesionales como el Clúster do Audiovisual de Galicia, la Asociación de Actrices e Actores de Galicia, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia o el comité de empresa de CRTVG, citados desde la tribuna por BNG y PSdeG.

El consejero de Presidencia, Diego Calvo, ha defendido que la utilización de otras lenguas se limita a las acciones en las que los medios autonómicos pretendan “dar a conocer la identidad” de Galicia “fuera” de su territorio. La posibilidad de designar al máximo responsable de CRTVG sin pactar con la oposición la justificó Calvo en la necesidad de “evitar interinidades indefinidas” (el actual, Alfonso Sánchez Izquierdo, sigue en el puesto desde 2009, cuando lo nombró Alberto Núñez Feijóo). El PP arguye que también el Gobierno central introdujo la mayoría absoluta y no cualificada como vía para este nombramiento en RTVE, usando “un decretazo para colar a un afín” a Sánchez. Se refiere la formación al decreto ley aprobado en octubre, aunque en el Congreso de los Diputados, a diferencia de la Cámara gallega, esa medida no impide que la negociación con otras fuerzas políticas siga siendo imprescindible para el PSOE, que no disfruta ni de lejos del dominio electoral del partido de Rueda.

Calvo sostiene que el proyecto de ley de Servicios de los Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia para la Sociedad Digital es “plural, abierto y participativo” y ha insistido en que su partido busca el “consenso”, no como “lo sucedido en Madrid”, en alusión velada al decreto ómnibus que tumbaron PP, Vox y Junts frente a los ocho partidos que votaron a favor. “Si quieren consenso, retiren el proyecto y dialoguen con los partidos, las asociaciones del audiovisual y las organizaciones sindicales”, le instó la nacionalista Rodil. Para el BNG, la nueva norma es un “asalto” del PP a CRTVG “a calzón quitado, sin vergüenza ni pudor ninguno”. En su discurso contra la manipulación informativa en la Televisión de Galicia, el partido de Ana Pontón ha desvelado que irá a los tribunales para exigir que se rectifique en el telediario una noticia en la que se afirmó que el Bloque había plantado un acto de homenaje a Castelao pese a que varios de sus representantes estaban allí presentes.

Para los socialistas, el proyecto de ley que ha arrancado este martes su tramitación parlamentaria es fruto del “gobierno absolutista” de Rueda. La diputada Silvia Longueira ha acusado a los populares gallegos de haber convertido la radio y televisión autonómicas en una “caverna” desde que Feijóo fue elegido presidente en 2009. Los responsables del ente colocados por el PP, señala, “han anulado la carrera” de técnicos y periodistas críticos. La norma que impulsa la Xunta sustituye el consejo de informativos o el estatuto profesional por un consejo asesor en el que se pueden sentar “todos los cargos políticos que les venga bien [a los populares], incluidos alcaldes”, alerta Longueira.

Trabajadores de CRTVG y organizaciones contrarias a la ley se han concentrado en Santiago a las puertas del Parlamento gallego durante el debate. El comité intercentros de la compañía ha convocado este martes una jornada de huelga en protesta por una norma que, a su juicio, “ahonda en la manipulación y el desmantelamiento” de la radio y televisión autonómicas. También se opone a los cambios impulsados por la Xunta la plataforma Por unha CRTVG ao Servizo do Pobo, integrada por 40 colectivos, que promueve además una iniciativa legislativa popular para “rescatar” los medios públicos gallegos. Advierte de que la nueva ley “da entrada al capital privado y deja en sus manos buena parte de la programación”.