El conflicto de la Radio Televisión de Galicia se recrudece después del traslado de una presentadora que criticó a Feijóo

El 10 de marzo de 1989 un comando itinerante de los Grapo disparó a bocajarro a los guardias civiles Pedro Cabezas y Constantino Limia, que custodiaban el Banco de España en Santiago de Compostela. En el asalto, los agentes murieron en el acto, y para siempre se convirtieron en víctimas del terrorismo “por partida doble”, como asesinados y como gallegos, ignorados por el Gobierno de la Xunta. Así lo contaba el pasado 7 de marzo, con motivo del aniversario, la Cadena SER en Vitoria, que en el espacio La ventana de la memoria entrevistaba a Mayte Cabezas, hija de uno de los dos guardias tiroteados. En aquellos días en los que se desató el terror en la capital gallega, Mayte ya había empezado a trabajar (con 18 años, hacía 20 días) en la TVG (Televisión de Galicia) y se enteró del suceso mientras regresaba a la emisora después de recoger ropa prestada por una boutique compostelana para los programas. Desde entonces, explica la presentadora, siempre ejerció su profesión en la televisión, algo para lo que la propia CRTVG (Corporación de Radio Televisión de Galicia) la ha ido formando con cursos y mucha experiencia. Por tener, Mayte Cabezas hasta tiene un club de fans con su nombre que difunde en redes sociales sus apariciones en Vivir Aquí, el último programa en el que llevaba un lustro trabajando. Hasta el pasado lunes 13 de marzo, cuando, al volver a sus tareas tras el fin de semana —después de la entrevista en la emisora vasca y de una crítica a Alberto Núñez Feijóo publicada por ella el sábado 11M en su Facebook— Recursos Humanos la esperaba con la noticia de su traslado inminente a la Radio Galega. Este enésimo movimiento forzoso de personal dentro de la compañía llegó entre la primera jornada de huelga fijada para el pasado día 6 de marzo y las dos que tendrán lugar este viernes 24 y pasado mañana, sábado 25. La plantilla está convocada a secundar estas protestas “en un contexto de intensificación de la represión y del maltrato a los trabajadores insumisos frente a la manipulación o críticos con la gestión de los medios públicos”.

Cabezas asegura que ni su jefa lo sabía, fue “una sorpresa” para todo el equipo, “sin argumentos ni justificación”. Tanto que la trabajadora que el Comité de Empresa considera objetivo de una represalia política en el ente autonómico ya tenía un próximo programa a medio montar y cerradas otras siete entrevistas para siguientes entregas de Vivir Aquí. Consultada por este diario, la CRTVG achaca el fulminante traslado de la reportera a una “reestructuración” completa del programa matinal y dominical, que afecta a su equipo de nueve personas debido a la mala audiencia cosechada en las últimas ediciones. El porcentaje más bajo, según la compañía, se registró el 12 de marzo, un día antes de que Cabezas recibiese la carta de Recursos Humanos.

La perjudicada asegura que Vivir Aquí funcionaba bien y que los datos que ofrece la CRTVG están “seleccionados” entre los más bajos de los últimos meses con el fin de “desprestigiar el programa”, al que además “le meten las teletiendas por el medio”: un daño colateral si, como sostiene el Comité, el propósito real es apartarla a ella. CRTVG recalca que “todos” los compañeros de esta trabajadora “asumirán nuevas tareas” porque el cambio no solo afecta a “una persona”. “Los redactores de la CRTVG están formados y capacitados para desenvolverse en televisión, radio y digital”, defiende la compañía autonómica. La presentadora afectada afirma, sin embargo, que en la radio se siente como “una impostora”, y que necesita constantemente la ayuda de compañeros porque no conoce “las técnicas, los tiempos, los formatos: el sistema es totalmente diferente“. “Soy una becaria, un bebé radiofónico con muchos años”, lamenta.

La falta de formación para poder cambiar de medio es corroborada por otros compañeros de la plantilla de la CRTVG, que aseguran que la corporación les negó a os trabajadores de la radio, tal y como ellos reclamaban, realizar el curso de aproximadamente un mes que recibieron los de la TVG cuando se produjo la digitalización de contenidos. “Sin cursillo alguno, un profesional con años de experiencia” corre ahora el riesgo de “convertirse en un novato” si, como ha sucedido, “lo cambian de puesto”, advierten.

Cabezas recuerda que no es la primera vez en estos años que ha criticado la falta de sensibilidad de la Xunta con las víctimas de terrorismo. No puede asegurar que sus nuevos comentarios señalando directamente a Feijóo precipitasen su desaparición de la pantalla. Pero ve como algo evidente que estas críticas, cuando el presidente del PP dirigía el Gobierno de la Xunta, no le hacían ningún daño porque en Galicia “hablar de las víctimas de terrorismo no tiene parroquia”, mientras que ahora, en Madrid, esta cuestión puede sumar o restar votos. En un acto de homenaje a los dos guardias civiles asesinados, en 2019, según Cabezas el entonces presidente de la Xunta la “miró a los ojos” y de manera “muy íntima y vehemente” le prometió que promovería “inmediatamente” una ley gallega para amparar a las familias rotas por el terrorismo. Era algo parecido a lo que muchos años antes “el propio Manuel Fraga”, mentor del líder del PP, le había dicho a la madre de Mayte y viuda de Pedro Cabezas. Del compromiso de Feijóo, lo mismo que del de Fraga, “nunca más” se supo. Por eso, Mayte citó al jefe del PP en la entrevista de la SER. Y el sábado siguiente le hirvió la sangre cuando se topó con unas declaraciones de Feijóo a Europa Press en el aniversario del 11M y Día Europeo de las Víctimas de Terrorismo.

“Una política que merece la pena pasa por recordar a las personas que han sido asesinadas por ETA, yihadismo islámico o cualquier otra causa terrorista”, clamaba el presidente popular en la entrevista. Así que la periodista sintió la obligación moral de publicar en su muro de Facebook un aviso a navegantes: “Con mayoría absoluta dio la espalda sistemáticamente a las víctimas... política de la que no merece la pena! Qué sinvergüenza. Reír por no llorar”. “Este señor no está acreditado para hablar de las víctimas; no tiene hoja de servicios”, protesta Cabezas en conversación con EL PAÍS, al tiempo que asegura que en la CRTVG no le dieron explicación alguna acerca de la orden que vino de arriba para relegarla a la radio.

“Los cambios responden a una estrategia global”

La empresa pública afirma que “las medias de audiencia de este mes de marzo fueron del 6,5% (día 5), del 1,3% (12) y 3% (19)”, mientras que “la audiencia de febrero del canal fue del 10,7%”. “En concreto”, sigue explicando la CRTVG, esta persona [en referencia a Mayte Cabezas] pasó a formar parte del principal programa de las tardes” de la Radio Galega. “Todos los cambios responden a una estrategia global de reestructuración de los medios para evolucionar y adaptarse a la nueva realidad digital”, destaca la dirección, que aprovecha para avisar de que todavía puede haber más movimientos internos. El Comité de Empresa lleva años denunciando traslados forzosos del personal crítico con consignas políticas y con la gestión de la CRTVG, presidida desde primavera de 2009 (cuando Feijóo se convirtió en presidente de la Xunta) por Alfonso Sánchez Izquierdo.

Raquel Lema, portavoz de los representantes de los trabajadores, explica que los compañeros castigados “son docenas en años” y enumera unos cuantos: “Caras visibles como Alfonso Hermida, Ana Pérez, Tati Moyano, Marga Pazos, Ana Romaní, Alberto Ordóñez, Nuria López, Mónica Rosas, Carlos Jiménez... más todos los invisibles, Luis Quintas, Celia Díaz, Ana Expósito...”. El Comité ha pedido en un comunicado “el cese del cuadro directivo, empezando por el director general”, por la “vulneración de derechos fundamentales de trabajadoras y trabajadores que no son afines a los intereses del Partido Popular”.

“La ciudadanía es la propietaria de los medios públicos”

En los últimos meses, el Colexio de Xornalistas de Galicia ha recibido peticiones de amparo de profesionales de la CRTVG y, ante el recrudecimiento del conflicto laboral, ha pedido explicaciones sobre las presuntas represalias contra la plantilla a la dirección y al departamento de Recursos Humanos de la Corporación. Al no obtener aclaraciones, este órgano que representa a periodistas gallegos se dirigió al Consejo de Administración y a los grupos parlamentarios, ante los que ha denunciado (además de los “traslados forzosos e inmediatos”) la “restricción de las asambleas de personal” justo después de la huelga del 6 de marzo. El pasado miércoles, en el Pleno del Parlamento autónomo, el Bloque Nacionalista Galego pidió la dimisión del vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, por la situación de la CRTVG.

“La ciudadanía gallega es la legítima propietaria de los medios públicos de este país”, recordó al responsable político la diputada del BNG María González Albert. La parlamentaria dio varios ejemplos de “la situación grave, de manipulación y acoso” contra la que se ha convocado el nuevo paro de dos días y contra la que todos los viernes, desde hace 252 semanas, el colectivo Defende a Galega protagoniza concentraciones con personal vestido de luto, los conocidos como “venres negros”. El nuevo calendario de protestas tiene lugar solo cuatro meses después de la gran manifestación que recorrió Santiago el 6 de noviembre contra el “secuestro” por parte de la Xunta de los medios públicos en Galicia.

Lo mismo que en las anteriores convocatorias de huelga, la CRTVG dice que “respeta” ese “derecho”, pero insiste en que “la mayoría del Comité de Empresa no obedece al máximo órgano de representación, que es la Asamblea de Trabajadores”. Sobre el clima laboral y las “presuntas represiones”, se remite a “las palabras del director general en la Comisión de Control del Parlamento de Galicia en febrero”. Según Sánchez Izquierdo, “desde 2019, sobre un plantel de cerca de mil trabajadores, Recursos Humanos abrió 48 expedientes, 47 leves y uno grave, que acabó con una sanción de empleo y sueldo”. Estos datos, destaca la Corporación, “nunca fueron puestos en cuestión por los sindicatos convocantes de la huelga”.

“Agravio” de Núñez Feijóo “a todas las víctimas”

Este jueves la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo ha difundido un comunicado de apoyo a la hija de Pedro Cabezas y contra la inacción del Gobierno de la Xunta, durante el largo gobierno de Feijóo, en materia de protección de los heridos y las familias de los asesinados por organizaciones armadas. En una nota fechada en Valencia, el colectivo revela que lleva “años intentando infructuosamente que la Xunta de Galicia promulgue una ley de amparo” y que “para ello ha mantenido hasta en cinco ocasiones reuniones con miembros del Gobierno gallego y con el presidente del Parlamento”, además de varias citas con diputados.

La Asociación recuerda que actualmente existen 12 comunidades autónomas con leyes específicas y otra más en fase de trámite, mientras que “la Xunta de Galicia siempre ha ignorado” sus peticiones. “Incluso hemos llegado a presentarles un borrador completo para que trabajaran sobre él”. Ni con esas el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo actuó. “Todo apunta a que el cese de Mayte Cabezas está motivado por haber reprochado al expresidente la incongruencia de ignorar las peticiones de las víctimas y hacer uso de ellas en su discurso del 11M”, sigue afeando al líder del PP el grupo que representa a los agentes que han sufrido golpes terroristas: “Esto no solo representa un ataque contra la libertad de expresión, una injusticia y un agravio a Mayte Cabezas; también lo es para todo el colectivo de víctimas las que ella ha defendido”.