Condena firme a la Televisión de Galicia por la persecución política de un periodista durante el mandato de Feijóo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sentencia que CRTVG vulneró los derechos fundamentales del trabajador y la cadena evita recurrir

Trabajadores de CRTVG durante un viernes negro.
Trabajadores de CRTVG durante un viernes negro.

La Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) ha sido condenada en firme por persecución política de un trabajador, el periodista Carlos Jiménez. La sentencia, dictada a finales de mayo por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmando el fallo de un juzgado de lo social de Santiago, no ha sido recurrida por el ente público. Dictamina que la corporación “vulneró los derechos fundamentales” del trabajador y que fue expedientado y sancionado ilegalmente por su participación en los actos reivindicativos del movimiento Defende a Galega, impulsado por empleados de la cadena autonómica desde hace más de cuatro años para denunciar la manipulación informativa por parte de los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo.

La sentencia del TSXG, ya firme, destaca “la inmediación temporal entre la apertura del expediente disciplinario” contra el periodista el 6 de noviembre de 2018 “y la participación activa del demandante en los venres negros [“viernes negros” en castellano] que se inició en mayo de 2018 y que tenía por objeto la denuncia por parte de diversos trabajadores de la demandada de lo que consideraban por parte de la dirección políticas de manipulación informativa”.

Jiménez fue expedientado en ese mismo 2018 por la CRTVG, que alegó que el periodista incumplía las normas de compatibilidad de la empresa ya que, sostenía la corporación, trabajaba para productoras privadas. El trabajador llevaba varios quinquenios presentando dos programas que la propia CRTVG había encargado a empresas externas y además la cadena lo había autorizado para ello. No obstante, se le imputó una falta muy grave que podía suponer su despido.

Finalmente, la dirección rebajó el castigo y concluyó que había incurrido en una falta grave. Lo sancionó con nueve días de suspensión de empleo y sueldo. El trabajador recurrió a los tribunales y a finales de 2021 el Juzgado de lo Social número 1 de Santiago le dio la razón: consideró probado que la sanción impuesta era ilegal y que se llevó a cabo con la intención de represaliarlo por su participación en los “venres negros”.

El fallo destacaba que CRTVG había vulnerado no solo el derecho a la libre expresión del periodista sino también su derecho a la tutela judicial. La sentencia dejaba claro que entre las razones de la represalia figuraba el hecho de que hubiese recurrido previamente a la justicia para hacer valer sus derechos laborales -consiguió 15 sentencias favorables-.

CRTVG impugnó esta sentencia y a finales del pasado mayo el alto tribunal gallego desestimó el recurso y validó en su integridad el fallo del juzgado de primera instancia considerando así probado que la apertura del expediente y la sanción a Jiménez fueron consecuencia de su participación en las protestas. Al ente público le quedaba la opción de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, pero ha evitado hacerlo.

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“He tenido que defenderme en dos vertientes. La más grave ha sido la del atentado contra la libertad de expresión, pero también he tenido que defender mis derechos laborales: tengo hasta 15 sentencia por atrasos y para conseguir que me hicieran indefinido tras 29 años en la empresa en la que me tuvieron contratado como autónomo, con contratos de un día, con contratos artísticos, y a través de productoras”, narra Jiménez a este periódico el calvario de su situación laboral en el ente público. Ahora, el periodista muestra su satisfacción por la condena por manipulación informativa a la CRTVG. “Es un hito porque es la primera por manipulación contra una televisión pública desde que en 2003 TVE fuera condenada por no informar con objetividad sobre la huelga gelneral”.

Por su parte, consultada por este diario, CRTVG evita pronunciarse al respecto. Remite a la última comparecencia parlamentaria del director general, Alfonso Sánchez-Izquierdo, nombrado por Feijóo en 2009 y revalidado por él en el cargo hasta ahora. BNG y PSOE le pidieron responsabilidades por el cerca de medio millar de sentencias condenatorias que ha recibido la empresa pública durante su mandato por vulneración de derechos, despidos ilegales o servicios mínimos abusivos durante algunas huelgas.

Jiménez asegura que no ha recibido ni una disculpa. “No tienen la delicadeza de llamar o poner un whatsapp para excusarse por haber cometido un hecho tan grave. Me temo que esto no va a costar ni una dimisión”, afirma recordando que Sánchez-Izquierdo se había comprometido en sede parlamentaria a asumir responsabilidades si la sentencia llegaba a hacerse firme. Entonces llegó a asegurar que hasta ese momento defendería a los responsables de abrirle el expediente al periodista.

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