La justicia archiva el crimen de Déborah 22 años después y la familia habla de “tomadura de pelo”

Han pasado 11 meses exactos desde que, el 14 de julio de 2023, los padres y hermanos de la viguesa Déborah Fernández-Cervera Neira, desaparecida y luego hallada muerta hace 22 años, convocaron a los medios para pedir públicamente el archivo de las pesquisas. En aquella reunión con la prensa, bajo un cielo encapotado en la misma calle donde la estudiante de 22 años vivía y de donde salió para correr por la playa por última vez, un familiar vaticinó que el juzgado mantendría abierta la causa, “como mucho, un año más”. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Tui ha acordado ahora el sobreseimiento y archivo provisional del caso, en el que solo había un investigado: el exnovio de la joven que nunca regresó a casa después de la última tarde de abril de 2002 y cuyo cadáver fue hallado desnudo el 10 de mayo siguiente, en una cuneta de la carretera de la costa que lleva hasta la frontera con Portugal, a unos 50 kilómetros de Vigo. La familia califica toda la investigación como una “tomadura de pelo”.

La jueza explica en el auto, notificado este viernes, que “el acervo probatorio recabado” contra el único investigado “no es suficiente para hacer una imputación verosímil de un hecho delictivo concreto”, y por ello no se puede incoar el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, como en su día pedía la familia de la chica. “No constan indicios plurales y contundentes”, zanja sobre una causa que se reabrió varias veces gracias al tesón de la propia familia de la víctima, que contrató forenses, criminólogos e informáticos para cubrir las lagunas de una investigación llena de lagunas, errores y hasta desaparición de pruebas, tal y como reconocieron mandos policiales.

“Ni los testimonios recabados, ni la práctica de la exhumación del cuerpo de la víctima [solicitada por la familia para efectuar pruebas forenses que se había obviado realizar en 2002], ni la inspección de un arcón congelador propiedad en su día del investigado [donde los parientes de Déborah creían que podía haber sido conservado el cuerpo]”, arrojaron, según la jueza, “ningún resultado positivo para la investigación”. “Tampoco lo hizo el análisis del móvil utilizado por la víctima, que fue encontrado [sin tarjeta SIM] en dependencias policiales” en septiembre de 2022, después de haber sido traspapelado (pese a ser una prueba) en una comisaría madrileña. “La investigación practicada” sobre el disco duro que utilizaba Déborah, prosigue enumerando los hilos de los que no puede tirar la magistrada, no es capaz de “acreditar” que el borrado fuera “intencionado y masivo”. No existen, en definitiva, indicios “contundentes e irrefutables” que permitan fundamentar la imputación.

“Los elementos de juicio que se aportan por la acusación, cuando se solicita la incoación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado, son meras sospechas basadas en datos no acreditados o en contradicciones en las declaraciones del investigado o de testigos, pero sobre aspectos incidentales”, defiende la instructora. “Ningún indicio hay de que el investigado y la víctima se vieran esa noche, ni del lugar de la muerte; ni aparece vestigio alguno del investigado en el cuerpo de la víctima o en el lugar donde este se encuentra”. El cadáver de Déborah, según sospecharon los primeros investigadores que se hicieron cargo del caso al principio, podía haber sido lavado a conciencia antes de ser depositado con esmero en la cuneta, con una serie de pruebas falsas con la intención de desorientar a los policías. Estas supuestas pruebas surtieron efecto porque desviaron las pesquisas por caminos que no llevaron a ninguna parte. Entre esos rastros falseados estaba el semen —cuyo ADN no coincide con nadie conocido— que había sido introducido artificialmente en la vagina del cadáver días después de la data de la muerte.

La magistrada recuerda en su último auto que “no bastan meras afirmaciones de sospecha”, sino que “debe alcanzarse cierto nivel cualitativo de los indicios, que deben ser sólidos y conducir a un suficiente nivel de probabilidad de la autoría, superior a la posibilidad”. “Debemos contar con indicios probados y no con meras probabilidades de que el hecho haya ocurrido”, abunda la jueza de Tui, “una prueba indiciaria ha de partir de unos hechos plenamente probados”: “No es suficiente creer que los hechos ocurrieron como se relatan; se exige convicción”.

Además, sigue argumentando el archivo la instructora, el investigado “ha explicado qué hizo esa noche y no se ha logrado evidenciar que fuera falso”. “Sus contradicciones y rectificaciones afectan a aspectos accesorios de su testimonio, pero no permiten afirmar, ni tan siquiera indiciariamente, que él estuvo con la víctima la noche de la desaparición y que además la mató, dejando su cuerpo en una cuneta”. “Todo lo investigado, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal, permite elaborar una hipótesis, pero la expuesta por la acusación particular parte de una inferencia demasiado abierta, en el sentido de que con los mismos indicios pueden alcanzarse también otras conclusiones alternativas, que impiden que la expuesta y defendida pueda darse por probada”.

El auto, contra el que todavía cabe recurso (aunque la acusación particular ya dejó clara su postura el pasado julio), pone fin al último intento judicial de la familia Fernández-Cervera Neira, que ha gastado una fortuna en peritajes, de hallar a la persona culpable de la muerte de la joven. El caso pasó por incontables equipos de la policía nacional y por sucesivos jueces desde 2002, y se reabrió en 2019 gracias a una sonada campaña de apoyo en redes sociales impulsada por los hermanos y las amigas de Déborah. Gracias a esa campaña aparecieron nuevos testimonios y objetos que, según se creyó, podían llegar a convertirse en pruebas.

En la recta final, cuando el delito de asesinato estaba a punto de prescribir por cumplirse los 20 años desde el hallazgo del cuerpo, se imputó a un exnovio de Déborah, vástago de una influyente estirpe de industriales vigueses. Miembros de la policía nacional llegaron a reconocer ante la magistrada de Tui que el hombre, ahora padre de familia, siempre había estado en su diana. Pero el fiscal de Pontevedra, que se hizo cargo tras la reapertura, y la defensa del investigado se aferraron a una vieja teoría forense para explicar el óbito de la chica: la muerte súbita. Aunque así fuera, nunca se pudo explicar cómo el cuerpo apareció desnudo, supuestamente lavado y colocado, con el pubis tapado con hojas de acacia y con esperma inyectado, en una carretera lejana. Hace 11 meses, en plena acera de la Avenida Atlántida de Vigo, delante del portal del edificio en el que vivía en 2002, la familia anunció que se daba “por vencida”.

“Nos damos por vencidos. Es difícil derribar un muro con bolas de papel, por muchas que tiremos. Los familiares ya no quieren soportar más lo que entienden como un maltrato de la Administración de Justicia, del Estado español y del Estado de derecho”, clamó en aquella convocatoria de prensa para pedir el carpetazo uno de los abogados de los padres de la víctima, Ignacio Amoedo. Después, Rosa Fernández-Cervera Neira, la hermana de Déborah que ha dado la cara estos años por toda la familia, comentaba que no iban a “consentir que la instrucción” se convirtiese “en una burla a su memoria” y que matasen también “su dignidad”.

Hace seis meses, en conversación con EL PAÍS, y ante una nueva prórroga de las actuaciones acordada por la jueza, la hermana volvía a repetir que se daban “por vencidos”. “Nos parece todo una tomadura de pelo, estamos hastiados de tanta injusticia”, lamentaba, “para no hacer nada, que nos dejen descansar y, si no, que tomen las riendas de lo que nunca les interesó, que es saber la verdad”. “Es de película de terror”, concluía, pensar que “Déborah fue asesinada” y el crimen quedará impune, “mientras vemos que a la justicia lo único que le interesa es pasar de puntillas y vender que hizo todo lo que pudo, cosa que es mentira”.