La pareja de Ayuso denuncia al Ayuntamiento de Madrid por la supuesta filtración del expediente de las obras de su piso

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado al Ayuntamiento de Madrid, que dirige el también popular José Luis Martínez-Almeida, por la presunta filtración del expediente de obras del piso en el que vive con la líder conservadora, según han adelantado fuentes municipales a El Debate y ha podido confirmar EL PAÍS. El escrito, que no ha sido hecho pública, ha sido registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) con el argumento de que hubo accesos indebidos a esa documentación que llegó supuestamente a manos de políticos y periodistas antes de que el propio interesado pudiera acceder a ella, según El Debate. Para Más Madrid y el PSOE el comportamiento del Gobierno de Almeida ha sido el opuesto: en lugar de facilitarles la información a la que tienen derecho, creen que ha sido obstruccionista.

El alcalde madrileño ha reconocido este viernes por la tarde ante periodistas que ha habido “accesos indebidos” y que va a investigar qué persona de su administración ha filtrado información. “Es una persona que ha debido tener autorización para acceder a bases de datos del Ayuntamiento”, ha añadido, durante la presentación del programa de ocio Veranos de la villa.

Almeida intervino después de la presidenta madrileña, que ha defendido a su pareja durante una rueda de prensa a primera hora de la tarde. “Un ciudadano tiene derecho a defenderse si una institución revela datos personales, ante la administración que sea”, ha respondido a preguntas de los periodistas tras un acto gubernamental. “No se puede estar en permanente indefensión. Son datos que se han filtrado a Más Madrid y al PSOE”, ha seguido. “Como cualquier ciudadano, se tiene que defender, pedir amparo a las instituciones, que están para eso, no para lo contrario. La extralimitación es evidente”, ha continuado. Y ha rematado: “En el caso del Ayuntamiento, no parece una cuestión política, pero sí administrativa. Hay unos datos de un particular que acaban en manos de los partidos de la oposición. A todas luces se tiene que investigar y ver si ha habido un delito de falta de custodia de unos datos de carácter personal”.

El Ayuntamiento compartió con el PSOE y Más Madrid una copia del expediente urbanístico de Amador como parte del derecho especial de acceso a la información pública de los concejales, regulado en la Ley de Bases del Régimen Local. Ambos partidos solicitaron ver el expediente de obra días después de que en marzo saltaran las sospechas de que Amador había hecho una obra ilegal en un piso del distrito pudiente de Chamberí, donde reside con Ayuso. El empresario compró la vivienda en julio de 2022, tras cometer dos presuntos delitos de fraude fiscal por los que está siendo investigado judicialmente. Los dos grupos municipales de la oposición de izquierda solicitan frecuentemente acceso a copias de expedientes urbanísticos de cualquier particular en Madrid. De ese modo pueden verificar que se cumple la legalidad.

Irónicamente, antes de la denuncia de Amador, estos dos partidos se habían quejado de que el Ayuntamiento les había cercenado ese derecho de información porque la copia del expediente que recibieron contenía datos censurados y no estaba foliada. Esto es una irregularidad extraordinaria, según dos técnicos urbanísticos que hablaron con EL PAÍS. El PSOE denunció esa supuesta censura a la Oficina Antifraude del Ayuntamiento.

Tanto el PSOE como Más Madrid han reaccionado con sorpresa a la denuncia de Amador porque llevan meses denunciando que Almeida ha dado un trato de favor a la pareja de la presidenta. Fuentes de Más Madrid creen que la presidenta está lanzando una “cortina de humo” al tiempo que se enfrenta al alcalde. “Parece que Ayuso quiere mandarle un recado a Almeida a través de la Agencia Española de Protección de Datos, porque no le gusta que la ley sea igual para todos”, dicen fuentes del grupo de Rita Maestre.

El PSOE recuerda que la información de Amador no es distinta a la que solicitan en cualquier otro caso. ”Nos llegan continuamente expedientes completos con información privada de personas de todo Madrid”, dicen fuentes municipales socialistas. “Evidentemente, eso no se hace público por el deber de secreto, pero esto es necesario para que podamos hacer nuestra tarea de oposición si observamos irregularidades”.

Inspección

Paralelamente a estas solicitudes de información, el Ayuntamiento ha tenido que responder a una denuncia de Más Madrid del 20 de marzo por presunta infracción urbanística de Amador. Esa denuncia motivó el 20 de mayo la visita de una inspectora, arquitecta técnica del distrito de Chamberí, que confirmó que Amador continuó la obra a pesar de que no constaba permiso en las bases urbanísticas municipales. EL PAÍS había adelantado esta noticia un mes y medio antes.

El acta de la inspectora habla de las obras “en un único inmueble”, lo que descartaba la unión entre este piso y el ático inmediatamente superior, adquirido el año pasado por el abogado de la pareja de Ayuso. Una semana después de esta visita, el coordinador del distrito de Chamberí firmó un documento con la orden de “legalización” de las obras. El Ayuntamiento emplazó así a González Amador a obtener la licencia en dos meses. De lo contrario, o si esta fuese denegada, se podrá proceder a la demolición a costa del interesado. Además, se advertía a Amador de que esto no impedía la imposición de una sanción prevista en la Ley de Suelo, donde la realización de obras sin licencias se castiga con cuantías de entre 600 y 30.000 euros.

Amador ha sido denunciado por Hacienda y la Fiscalía por la comisión de dos presuntos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil. Mientras ese caso se dirime en los tribunales, el comisionista, que multiplicó las ganancias de su empresa durante la pandemia, se ha querellado contra la Fiscalía por la difusión de una nota de prensa que desmentía las informaciones tergiversadas que el equipo de Díaz Ayuso estaba vertiendo sobre el ministerio público tras la apertura del procedimiento. A esa decisión legal se une ahora la denuncia por la presunta filtración del expediente de las obras de su piso.

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