El gran juicio contra el narco gallego depende de un policía detenido que no quiere declarar: “No tiene credibilidad”

En pleno estado de alarma por el coronavirus, el abordaje del buque MV Karar con 3.824 kilos de cocaína no solo fue la respuesta a una provocación más de los narcos en medio de la escalada de alijos sin precedentes que comenzó a mediados de la pasada década. Esta operación escribe otro capítulo inédito en la historia del narcotráfico gallego. Tras varios aplazamientos, el caso acaba de llegar a juicio, pero lo hace lastrado por la reciente detención del agente que fue máximo responsable de la operación, involucrado en una supuesta trama policial corrupta en connivencia con proveedores colombianos de droga. La grave implicación de este policía, principal testigo de cargo de la Fiscalía, ha puesto bajo sospecha la investigación que él dirigió contra el grupo presuntamente comandado por Juan Carlos Santorum y amenaza unos argumentos de acusación que los abogados de los 28 narcos implicados (uno ya fallecido) intentan desmontar. “Se le atribuyen más delitos que a los procesados en esta causa”, ha sido solo una de las críticas lanzadas en el inicio del juicio para desacreditar la actuación del inspector.

Bajo el foco del agente detenido el pasado 23 de marzo, el juicio arrancó el pasado miércoles con la artillería de los 11 abogados de los acusados, que se han afanado en cuestionar toda la instrucción. “Es un torpedo en la línea de flotación del procedimiento“, afirmó uno de los letrados, mientras otro exponía al tribunal que el jefe policial “es un testigo sin credibilidad, porque interpretó y manipuló datos fundamentales de la investigación”. La tensión subió en el estrado cuando se comunicó que el inspector jefe, que llevaba 20 años vinculado al Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) en Galicia y responsable de la operación del Karar, había informado de que no podrá declarar como testigo en el juicio por motivos de salud.

El agente, que está en libertad provisional con cargos, fue detenido en Vigo por agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Se le vincula a una trama que introducía alijos de cocaína por la costa de Murcia, por la que también fue arrestado semanas antes el inspector jefe de la Udyco en esta región. Las diligencias por narcotráfico incluyen la posible pertenencia a organización criminal, cohecho, blanqueo, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. El inspector se encontraba en Colombia, destinado como enlace del cuerpo de la embajada de España, un ascenso que se produjo poco tiempo después de cerrar la investigación del Karar.

En un escrito dirigido al tribunal, el inspector jefe, que estaba citado para declarar esta semana, alega que está de baja médica desde el 9 de abril, y que el pasado lunes fue sometido a una operación quirúrgica que le impide comparecer. El testigo ha aportado varios partes médicos sobre su precario estado tanto físico como psíquico y los médicos estiman que precisará unos 30 días para recuperarse.

Las defensas han solicitado la suspensión del juicio, para retomarlo una vez que el testigo pueda comparecer, pero el tribunal no ha tenido en cuenta esta petición. La vista seguirá esta semana según el calendario previsto. La mayoría de los abogados han incidido en el papel crucial que ha tenido en la causa el inspector detenido, ya que él tomaba todas las decisiones importantes. Una de las letradas ha constatado que, en estos momentos, hay “indicios” de que muchas de las diligencias firmadas por él pudieron “no corresponderse con la realidad” y ha apuntado a que la implicación de los acusados “obedece a una estrategia previamente planeada”.

Con decenas de argumentos, los abogados han pedido a la sala que tenga en cuenta las posibles consecuencias que la situación de este testigo pueda tener sobre los hechos que se están enjuiciando, y que se libre oficio a la Policía Nacional para que certifique que existe una investigación sobre este agente y por qué delitos.

Las defensas han impugnado numerosos autos y medidas adoptadas durante la investigación porque creen que se vulneraron derechos fundamentales de los acusados. También denuncian la arbitrariedad de medidas como las intervenciones telefónicas, las vigilancias, seguimientos mediante geolocalización, o el abordaje del MV Karar sin autorización del país de bandera (Togo), por lo que piden al tribunal la anulación de numerosas diligencias por haberse adoptado sin suficiente motivación.

Historial como confidente del principal acusado

La Fiscalía atribuye a los encausados la preparación, coordinación y transporte de la droga, que fue intervenida en un abordaje en alta mar. Las fuerzas de seguridad detuvieron en abril de 2020 a los 15 tripulantes del Karar, uno de ellos gallego y el resto de Nepal y Bangladesh. Posteriormente, cayeron en la redada otras 13 personas en tierra, entre ellas un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera y su mujer.

El ministerio público atribuye a todos los acusados un delito contra la salud pública en la modalidad de drogas que causan grave daño a la salud, con el subtipo agravado por el uso de embarcaciones y por tratarse de una red con contactos internacionales; y un delito de integración en organización criminal. A mayores, al matrimonio acusado le imputa también un delito de blanqueo de capitales, y a un procesado al que le intervinieron una pistola lo acusa de tenencia ilícita de armas.

El considerado líder del grupo, Juan Carlos Santorum, de 43 años, destaca por su historial como confidente. Averiguaba qué bandas eran investigadas hasta que fue condenado por sobornar a dos agentes. El fiscal pide para él 18 años y medio de prisión con multa de 438 millones de euros, el valor del cargamento incautado. Para el resto de los acusados pide 13 años y medio de cárcel (dos años más para el investigado por tenencia de armas) y dos multas de 400 millones de euros.

En el caso del funcionario de Aduanas, la solicitud de pena se incrementa en otros seis años por el blanqueo y dos penas de inhabilitación total por un período de 20 años. Para su mujer, la Fiscalía solicita cárcel por blanqueo, de manera que ambos se enfrentan a un total de 19 años y medio de prisión. El próximo 25 de abril se cumplirán cuatro años desde que ingresaron en la cárcel por esta causa los tripulantes del buque y, como la ley no permite superar ese plazo de prisión preventiva, todo parece indicar que saldrán en libertad antes de que haya sentencia.