Aguas tóxicas y una misteriosa empresa: así es la mina que amenaza una de las rías más ricas de Galicia

En el interior de la provincia de A Coruña, a menos de 10 kilómetros de la ría de Muros-Noia, una mina que fue estratégica en la Segunda Guerra Mundial tiene hoy en vilo a más de 1.600 familias que viven del mar. La vieja explotación de San Finx, abandonada en los noventa sin restauración ambiental de ningún tipo, aún guarda suficiente wolframio y estaño para ser objeto de deseo de grandes empresas mineras. Varias compañías, con el aval de la Xunta, llevan años intentando hacerse con el botín. De nada han servido las alertas de ecologistas y mariscadores sobre el peligro que supone operar en un yacimiento que acumula en sus entrañas casi mil millones de litros de agua contaminada por metales pesados. Sus temores acaban de ser confirmados: la concesionaria ha sido multada con 180.000 euros por emponzoñar uno de los cauces que alimentan la ría a base de vertidos ilegales que superan los niveles permitidos de cobre, cadmio y zinc.

La Xunta ha sancionado a la empresa por incumplir las exigencias del permiso que le otorgó para vaciar en un arroyo el agua tóxica que anega las galerías subterráneas de San Finx. Es una operación imprescindible para extraer el mineral, pero mariscadores y ecologistas advierten de que pone en grave riesgo la ría de Muros-Noia. El castigo, que se une a los trámites impulsados por el Gobierno gallego para revocar la autorización para una depuradora que también ha sido incumplida, llega mientras un juzgado mantiene abierta una investigación a los responsables del yacimiento por presunto delito ambiental. Con todos estos problemas deberá lidiar una nueva empresa propietaria de la mina, la cuarta desde 2009. La compró el verano pasado y está envuelta en el misterio.

Hasta ahora han sido multinacionales como la española Sacyr o la australiana Pivotal Metals las que han invertido en esta explotación subterránea de más de 200 metros de profundidad, ubicada en el municipio de Lousame. La firma que adquirió la mina el pasado verano poco tiene que ver con sus antecesoras. Se llama Metais Estratéxicos, SL y, pese a su nombre en gallego, se creó en un despacho de abogados de Madrid con solo 3.600 euros de capital social y apenas dos meses antes de firmar la operación. Al poco de hacerse con la mina, cambió su denominación, su domicilio social, su objeto y sus gestores. Como administrador y socio único de Metais Estratéxicos fue registrado el peruano Álvaro Fernández-Baca Pastore-Alinante, un directivo con amplia trayectoria en grandes empresas mineras canadienses.

Ante tal frenesí mercantil, ni siquiera quienes trabajan para la compañía tienen claro si desde entonces se han producido más movimientos societarios que todavía no hayan sido registrados. Así lo reconoce Miguel Cabal Lorenzo, que admite ser depositario de “ciertos poderes” por parte de la compañía: “Soy su representante, pero no su administrador”. Explica que no puede desvelar quiénes son los propietarios de la empresa sin su permiso porque, alega, es un dato que solo es público cuando se inscribe en el Registro Mercantil y él ha suscrito un “acuerdo de confidencialidad”. Cabal se compromete a transmitirle a los misteriosos inversores las preguntas de EL PAÍS sobre el proyecto. Unas horas después, comunica que declinan no solo desvelar su identidad sino también explicar por qué y cómo una pequeña empresa recién creada gestionará el controvertido yacimiento.

Después de haber logrado demorar la citación, los responsables de Metais Estratéxicos deberán declarar como investigados este lunes en los juzgados de Noia. Las cofradías de pescadores y Ecoloxistas en Acción fundamentan sus acusaciones en atestados del Seprona, un estudio de investigadores del CSIC, y analíticas de la Xunta que detectaron niveles de cadmio que superan más de 100 veces los límites legales máximos. No es el único frente judicial. El ex director general de Planificación Enerxética e Recursos Naturais Ángel Bernardo Tahoces está siendo investigado junto a otros dos miembros de su departamento por favorecer supuestamente a la minera con informes falsos. Tahoces es el hombre al que Alberto Núñez Feijóo encargó la autorización de minas y proyectos energéticos polémicos durante sus años en la Xunta.

“Llevamos años alertando de que esta mina está envenenando la ría y no nos han hecho caso”, lamenta Santiago Cruz, patrón mayor de la cofradía de Noia. Es una de las cuatro entidades que viven de un paraje en el que se cría el 70% del berberecho que se produce en España. El peligro no viene solo del vaciado del agua contaminada que se acumula en sus galerías y que autorizó la Xunta. Esa concentración de metales pesados se filtra de forma continua, por lo que mariscadores y ecologistas exigen que se sellen las fugas y se restaure el espacio degradado por este viejo yacimiento. Según explica Joám Evans, portavoz de Ecoloxistas en Acción, el recinto incluye una escombrera con minerales tóxicos que tenía que haber sido retirada hace una década y, a 500 metros, una deteriorada balsa de residuos mineros de 1940 que “cualquier día revienta”.

Cabal, el representante de Metais Estratéxicos, sostiene que la alta presencia de metales pesados es “un problema de la naturaleza, de la roca que hay ahí”. Están en esa montaña “de forma natural”, defiende, y son arrastrados a los ríos por el agua de la lluvia. “Cualquier afección que haya ahora al medio natural es la misma que hace 200 años”, insiste el geólogo. Ecoloxistas en Acción lo niega. “Eso del fondo natural de metales es una película que se inventaron [los gestores de la mina] pero que no ha colado”, afirma Evans, que cita un informe que la Xunta encargó a la Universidade da Coruña y que demostró que el río se contamina solo a partir del punto de vertido de la mina.

El temor a que los inversores de San Finx eludan sus responsabilidades si sucede un desastre ambiental aún peor se ha disparado tras la llegada de Metais Estratéxicos. “Estos contaminan, marchan y dejan todo así”, resume Cruz. El ecologista Evans recuerda que Sacyr invirtió 10 millones de euros en la mina entre 2015 y 2021 y no consiguió ni reactivarla ni resolver los problemas que la rodean. Luego llegó otra empresa grande, Pivotal Metals, cuyos responsables son públicos porque cotiza en Bolsa. Ecoloxistas en Acción sospecha que detrás de Metais Estratéxicos se esconden magnates mineros con “antecedentes funestos” que intentan eludir el pago de daños a través de “ingeniería financiera”.

Cabal, propietario de la consultora Geomatec además de apoderado de la minera de San Finx, trabaja en el sector desde hace más de 25 años y ostenta cargos en varias empresas españolas aparte de la suya. Atiende a EL PAÍS con la “maleta preparada” para volar a Canadá. Coincidiendo con la citación judicial a Metais Estratéxicos, impartirá una conferencia en la PDAC 2024 de Toronto, la mayor convención mundial de inversores en esta industria: “Nos juntamos allí 30.000 locos del negocio”.