Las cinco multas de aparcamiento que llevaron al exalcalde socialista de Baiona ante un tribunal

El exalcalde socialista de Baiona Carlos Gómez Prado ha comparecido este miércoles ante un tribunal de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, para aclarar un episodio que salpicó su mandato al frente del gobierno local de uno de los municipios costeros con mayor potencial turístico de las Rías Baixas. Gómez, de 48 años, está acusado de quitarse cinco multas por aparcar en zona prohibida de carga y descarga entre abril y junio de 2021, y de tratar de defenderse con una licencia de aparcamiento falsa que él mismo ideó. La Fiscalía de Vigo solicita para el político una condena de tres años de cárcel y 17 de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por la comisión de un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento oficial, además de una multa de 1.080 euros.

Junto al exalcalde de Baiona (12.000 habitantes), que actualmente es diputado provincial, se ha sentado también como acusado el que entonces era uno de los dos agentes al mando de la Policía Local, Plácido Vieitez. El ministerio público lo acusa de actuar de cómplice del regidor en el delito de prevaricación y como autor, en el de falsedad documental. El mando policial, que acabó siendo ascendido y condecorado por Gómez, se enfrenta a otros tres años de prisión y la misma multa que se le pide al exregidor, así como a cuatro años y medio de inhabilitación. El interrogatorio de los acusados quedó aplazado para este viernes por decisión del tribunal de la sección quinta de Vigo, que admitió la petición para acogerse a la nueva jurisprudencia procesal que permite que en el juicio los encausados puedan responder de últimos, después de escuchar a los testigos propuestos por la acusación y las defensas.

Gómez fue multado por agentes de la Policía Local de Baiona cuando conducía su vehículo particular, según el escrito de acusación del fiscal. Por estas infracciones se incoaron varios expedientes sancionadores y, en el período de alegaciones, el entonces alcalde reconoció ser el conductor en esas fechas. Sin embargo, según el relato de la Fiscalía, para eludir la sanción por eses estacionamientos indebidos, el acusado se puso de acuerdo con el entonces responsable de la Policía Local para poder alegar que tenía una tarjeta de estacionamiento autorizado. Un documento que ningún alcalde anterior había utilizado porque no existía. Además Gómez Prado se defendió diciendo que este salvoconducto no lo llevaba esos días porque se la había olvidado en otro coche. Lo que aportó fue una supuesta copia del documento.

Para el fiscal, esta tarjeta “es falsa” y fue elaborada con posterioridad a las infracciones, firmada por el propio acusado y por su presunto cómplice, el oficial jefe de la Policía Local. La Fiscalía recoge en su escrito cómo el alcalde elaboró la tarjeta acreditativa después de ser multado, con la firma del jefe policial y con papel timbrado de la Policía Local, para fingir que estaba autorizado a aparcar en esta zona prohibida.

El juicio arrancó con el interrogatorio de varios policías que multaron al alcalde. Estos explicaron que fue a raíz de las cinco multas cuando el exregidor comenzó a utilizar una supuesta tarjeta de aparcamiento autorizado, pero que no fueron informados de que este documento existiera, aunque sí lo vieron en el coche del regidor. Algunos agentes incluso puntualizaron que el papel supuestamente oficial tenía “defectos” porque carecía de número de expediente o de fecha de expedición.

Los policías que comparecieron como testigos de la Fiscalía relataron este miércoles que, meses más tarde, el vehículo de Gómez utilizaba otra tarjeta, esta vez ampliada con los datos de los que carecía la anterior. Fue entonces cuando se informó a los oficiales que ese documento le permitía al alcalde aparcar también en carga y descarga, por lo que no podían multarlo si estaba estacionado en esas zonas.

Precisamente esa tarjeta fue firmada por el segundo oficial del cuerpo que también está acusado, pero no por el jefe de la Policía Local en aquel momento. Este último también ha declarado este miércoles. Ha asegurado desconocer la existencia de esta tarjeta antes de los hechos. Ha matizado que, en caso de que él estuviese ausente, sí sería correcto que la tarjeta la firmase el procesado, en aquel momento oficial de policía. Pero al carecer la tarjeta de fecha de expedición, se desconoce si él estaba o no.

A preguntas del fiscal y los abogados defensores, los agentes insistieron en que el procedimiento habitual es que una vez que se ponen las denuncias por mal aparcamiento, los sancionados pueden presentar alegaciones para justificar su comportamiento. Es en ese momento cuando llega la alegación al agente que realizó la primera denuncia para que este redacte un informe sobre los hechos. “Sin embargo, en el caso del exalcalde esto no ocurrió, pero sí se le retiraron las multas”, declaró un policía local, informa Europa Press.

Una carrera política en el aire

La apertura del juicio contra Carlos Gómez estalló en plena precampaña para las últimas elecciones municipales de mayo. Pese a su procesamiento, el socialista optó a la reelección, después de haber logrado en 2019 desalojar al PP de un municipio que llevaba gobernando cinco legislaturas consecutivas. Sin embargo, sus avatares judiciales le pasaron factura y perdió las elecciones frente a su adversario político, el que fuera consejero de Sanidad de Alberto Núñez Feijóo, el popular Jesús Álvarez Almuiña que le dobló en número de votos. Ahora está por ver si el caso trunca su carrera política cuando acaba de comenzar su nueva etapa con un escaño en la Diputación de Pontevedra.

Su viacrucis judicial comenzó en 2018, cuando la Fiscalía de Vigo tramitó la denuncia de varios policías locales contra el alcalde que derivó en una querella por quitarse las cinco multas de tráfico por importe de 880 euros y falsificar una licencia de aparcamiento. El auto del titular del juzgado de instrucción número 2 de Vigo que instruyó la causa fue rotundo tras concluir la investigación y analizar las pruebas.

Gómez siempre ha descartado cualquier ilegalidad en su actuación y ha defendido la validez administrativa de la cuestionada licencia de aparcamiento. “La tarjeta de estacionamiento me la otorgó la Policía Local y se solicitó de la manera que se ha hecho siempre en el Ayuntamiento de Baiona”, sostuvo Gómez. “He aparcado siempre en donde me indicaban que podía aparcar”.

El fiscal no piensa igual. Sostiene que el exalcalde firmó el 23 de agosto del 2021 cinco resoluciones distintas en las que “con total desprecio de su deber de abstención” estimó sus propias alegaciones como denunciado y resolvió archivar los procedimientos sancionadores contra él, sin admitir el error o imponerse sanción ninguna a sí mismo. El contencioso presentado por los agentes denunciantes recayó en la Unidad de Sanciones de Tráfico de la Diputación de Pontevedra, entonces presidida por el PSOE, donde el instructor emitió propuestas de resolución para que se estimasen las alegaciones y se archivase el procedimiento. No fue así. El caso acabó en el juzgado y Gómez ahora, en el banquillo.