Un año del accidente de autocar en Pontevedra con siete muertos en Nochebuena: delito leve para el chófer e indemnizaciones en el aire

A las siete de la tarde de día de Nochebuena de 2022, un autocar de la compañía Monbús arrancó de la estación de autobuses de Lugo para llegar a Vigo unas tres horas después. Era una de las noches más lluviosas del año y su última parada acabó siendo el lecho del río Lérez, a unos 56 kilómetros de alcanzar su destino. Solo el conductor y uno de los ocho pasajeros lograron sobrevivir al accidente, el peor registrado en Galicia desde 1987. Un año después, el proceso judicial gira en torno a la responsabilidad del chófer y las indemnizaciones que fijará la sentencia. Según los informes de la Guardia Civil de Tráfico, el conductor excedió el límite de los 80 kilómetros por hora en la zona del siniestro, lo que conlleva una multa por delito leve. El hecho de que las siete víctimas no llevaran el cinturón puesto y sí los dos supervivientes será el fondo del asunto del juicio en el que se determinarán las cantidades que podrán reclamar los afectados a la compañía aseguradora.

La instrucción del caso ha ido más lenta de lo previsto porque el tacógrafo recuperado por los buzos de la Guardia Civil el día que izaron el autobús del lecho del río no ha dado los resultados esperados. Los daños causados en el dispositivo tras permanecer cuatro días bajo el agua no han permitido concretar la velocidad real a la que circulaba el vehículo en el momento del accidente. Tampoco en la central de la compañía de viajeros se recibió ningún dato, al perderse la señal de posicionamiento del autobús probablemente debido a fallos eléctricos en el cuadro de mandos, anomalías que fueron advertidas por el conductor segundos antes de caer al Lérez.

Los expertos en siniestros de Tráfico han analizado los restos del autocar -12 toneladas de chatarra de hierro y carrocería- y han realizado una simulación para reconstruir el accidente. Han determinado la velocidad hallando la media de los cuatro días anteriores en los que el autobús hizo ese mismo trayecto. Así, el dictamen concluye que circulaba a unos 90 kilómetros por hora y, por tanto, sobrepasó la velocidad limitada a 80 al entrar en el puente de Pedre, situado en el ayuntamiento de Cercedo-Cotobade (Pontevedra). Sin embargo, el propio conductor y la pasajera que sobrevivió declararon que la velocidad era normal y que la incesante lluvia acumulada en la calzada, los relámpagos y la mala visibilidad causaron que el autobús hiciera aquaplaning y se precipitara por el puente.

Basándose en el extenso informe pericial de la Guardia Civil y la declaración del propio investigado, la Fiscalía de Pontevedra considera que el conductor pudo ser más precavido, ya que circulaba por un tramo con un elevado índice de siniestralidad por las balsas de agua que se forman en el viaducto debido a los problemas de drenaje del asfaltado, pero no aprecia la comisión de un delito grave sino una imprudencia menos grave. Aunque no hay todavía escrito de acusación, Carlos Monzón, de 63 años, afronta una pena de 3 a 18 meses de multa e inhabilitación para conducir, según avanzan fuentes judiciales.

Los abogados consultados, que representan a la mayoría de los 40 familiares personados en este procedimiento judicial, coinciden en que la responsabilidad del conductor no tiene recorrido penal, al no haber dado positivo en la prueba de alcoholemia ni existir otra negligencia grave que hubiera sido detonante del siniestro. Sin embargo, los letrados lamentan que no se haya agilizado el pago de las indemnizaciones por el seguro obligatorio de accidentes. Estas compensaciones sí tienen que resolverse al margen del juzgado, a diferencia de las cuantías por responsabilidad civil, que establecerá el tribunal en la sentencia.

El hecho de que los pasajeros fallecidos no llevaran el cinturón de seguridad puesto en el momento del impacto y fueran arrastrados por la corriente río abajo podría plantear la concurrencia de culpas en este accidente, al considerar la compañía aseguradora que este factor contribuyó al resultado lesivo del siniestro mortal. Esto supondría que las víctimas perdieran entre el 25% y el 75% de la indemnización, según cada caso. “Esto abriría otro foro de debate que pelearíamos incluso por la vía civil”, adelanta el letrado Alejandro Vega.

El peor accidente en 44 años

Alrededor de las 21.20 horas de la Nochebuena del año pasado, una llamada de un particular informaba al 112 que acababa de pasar por el puente de Pedre y había visto un socavón en la barandilla y el quitamiedos de unos 20 metros de largo. Siendo noche cerrada y en plena tormenta, el hombre no pudo divisar el lecho del río ni oír nada por el fuerte rugido que producía su abundante caudal.

Pese a la incógnita de lo ocurrido, los servicios de emergencias activaron los protocolos, movilizando al personal de Protección Civil, a los bomberos del Deza y Pontevedra, a la Guardia Civil y al equipo de mantenimiento del Ministerio de Fomento. Casi al mismo tiempo, el dispositivo recibía la comunicación de la única pasajera que sobrevivió al accidente. María del Rosario González, de 49 años, residente en Ponteareas, llamaba desde el móvil del conductor. Ella avisó de la tragedia y pidió ayuda porque la situación era crítica y el autobús, con los cristales rotos por el impacto, comenzaba a llenarse de agua.

El autocar había caído desde una altura de 29 metros y quedó encallado entre las piedras. Tres días después, en el hospital Montecelo de Pontevedra donde estuvo ingresada varios días por múltiples traumatismos, la mujer fue la primera en contar a la Guarda Civil cómo fue el accidente. En una declaración escueta, la superviviente relató que iba en un asiento situado justo detrás del conductor con el que iba hablando. “De repente, el chófer gritó ‘¡no lo controlo, no lo controlo!’. Le pregunté ‘¿qué pasa?’ y dio unos volantazos. El autobús se movía de un lado a otro hasta caer al río”, recoge el atestado de la Policía Judicial.

En medio de la desolación y el pánico, la mujer explicó que el chófer le dio su móvil para que llamara al 112. Ambos estuvieron dentro del autobús una hora aproximadamente, esperando a que los servicios de emergencia aparecieran para rescatarlos. En ese momento, el agua ya estaba llegando al techo de la carrocería, según el testimonio de uno de los efectivos que acudieron en el retén de primeros auxilios.

María del Rosario González se dirigía a Vigo para pasar las navidades con su hijo en compañía de una amiga, Mari Luz Álvarez, de 47 años, residente en Lugo, y que subió en la parada de Monterroso (Lugo). Ella fue la séptima víctima mortal y la última rescatada del accidente. Su cuerpo apareció dos días después río abajo y no figuraba en la lista de pasajeros.

El 29 de diciembre, cuando salió del Hospital Clínico de Santiago donde recibió atención médica, el conductor del autocar acudió al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil donde realizó una primera declaración. Según el atestado, Monzón relató que iba a una velocidad de 70 kilómetros por hora (el límite es de 80) y que perdió el control del vehículo al encontrar una bolsa de agua y hacer aquaplaning, por lo que notó que las ruedas traseras se bloquearon. Además, Monzón incidió en que, en esos momentos, tres luces de aviso del cuadro se encendieron y luego el autocar cayó al río sin él poder evitarlo.