Guerra entre el alcalde y la policía local en Baiona: la justicia acorrala al regidor por quitarse cinco multas de aparcamiento

La investigación judicial se abrió hace menos de un año y ha estallado en plena precampaña para las elecciones municipales de mayo. Las denuncias ante la Fiscalía de Vigo por parte de varios policías locales contra el alcalde de Baiona (Pontevedra), el socialista Carlos Gómez, derivaron en una querella del ministerio público, que acusa al regidor de retirarse a sí mismo cinco multas de tráfico por importe de 880 euros y falsificar una licencia de aparcamiento. El juez instructor ha acordado abrir juicio oral contra Gómez por presunta prevaricación y falsedad documental, unos delitos por los que se juega su inhabilitación. El político opta en mayo a la reelección, después de lograr desalojar en 2019 al PP del Ayuntamiento tras 15 años de gobierno.

El auto del titular del juzgado de instrucción número 2 de Vigo ha sido rotundo tras concluir la investigación y analizar las pruebas. El juez aprecia un delito continuado de prevaricación administrativa y de falsedad documental en la actuación del regidor, que presuntamente se quitó las cinco multas por aparcar en una zona de carga y descarga en pleno centro del municipio. Tras ser denunciado por los policías locales, Gómez está acusado de falsear una licencia de estacionamiento, un hecho que a criterio del instructor se desprende del informe solicitado a la secretaría del Ayuntamiento de Baiona. En este documento se constata que “no existe ningún procedimiento administrativo ni ningún tipo de expediente relativo a la expedición de dicha licencia”, destaca el auto.

El juez también ha ordenado que se siga la causa contra un agente de la Policía Local, oficial jefe cuando se produjeron los hechos. Este policía está investigado por un delito de falsedad documental al haber colaborado supuestamente en la retirada de las multas y en tramitar la falsa licencia para el alcalde. El regidor fue denunciado por infracciones de tráfico hasta en cinco ocasiones entre el 30 de abril y el 9 de junio de 2021. Las denuncias de los agentes dieron lugar a los correspondientes expedientes sancionadores. En el trámite de alegaciones, el político reconoció ser el conductor del turismo cuya matrícula aparecía en las multas, pero alegó que poseía una licencia de aparcamiento que le autorizaba a estacionar en esa zona. Según su reclamación, ese supuesto permiso no estaba en el coche porque lo tenía colocado “en otro vehículo de su propiedad”, recoge el auto.

El juez pone en duda la validez de ese permiso. “La licencia de aparcamiento aportada para justificar dicho estacionamiento podría carecer de los elementos esenciales de validez (número de expediente administrativo, fecha y plazo de expedición, etc.) y podría simular a una real, pudiendo haber sido creada para ese trámite de alegaciones, de manera que indujera a error sobre su autenticidad”, sostiene el instructor. A la vista del informe de la secretaría municipal, añade, el permiso fue firmado tanto por el alcalde como por el agente investigado, que en aquellos momentos era el oficial jefe de la Policía Local. Los investigadores sospechan que ambos cooperaron en su “elaboración”.

Pese a que normalmente se suele pedir a los agentes denunciantes un informe de ratificación de las multas, este paso no se dio en ninguno de los cinco casos investigados. Ese trámite, según la investigación, se sustituyó por un informe del agente investigado. La Unidad de Sanciones de Tráfico de la Diputación de Pontevedra, tras las alegaciones presentadas por el alcalde, propuso el archivo del procedimiento.

Las pesquisas judiciales han descubierto que fue el regidor quien firmó el 23 de agosto de 2021 cinco resoluciones distintas en las que acordó “estimar sus propias alegaciones y archivar todos los procedimientos sancionadores por estacionamiento indebido”. La decisión fue notificada en su domicilio solo unos días después, el 2 de septiembre. El juez ve en este comportamiento un “total desprecio al deber de abstención que existía, al concurrir en él la condición de denunciado y alcalde”.

“Todo lo que se ha hecho se ha hecho bien”

Las diligencias han sido trasladadas al ministerio fiscal y a las partes personadas para que soliciten la apertura del juicio oral, el sobreseimiento de la causa o nuevas diligencias de cara al juicio. El alcalde socialista de Baiona, que gobierna en coalición con el BNG y el partido independiente Nós Baiona, ha anunciado que recurrirá el auto judicial que le coloca en una situación delicada políticamente: “Estoy seguro de que todo lo que se ha hecho se ha hecho bien y de la manera correcta”, ha proclamado Gómez.

La versión de Gómez ha tenido el respaldo del secretario general del PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso, que ha manifestado su confianza en el candidato socialista a la reelección: “Él dará las explicaciones oportunas, tiene un compromiso con su pueblo y probablemente dará claves de carácter interno que explican lo que está ocurriendo en Baiona”.

Gómez descarta cualquier ilegalidad en su actuación y defiende la validez administrativa de la cuestionada licencia de aparcamiento. “La tarjeta de estacionamiento me la otorgó la Policía Local y se solicitó de la manera que se ha hecho siempre en el Ayuntamiento de Baiona”, sostiene Gómez. “He aparcado siempre en donde me indicaban que podía aparcar”, añade. El regidor se muestra convencido de que su recurso “se resolverá favorablemente” y espera que “se haga a la mayor brevedad posible”.

El grupo municipal del PP descubrió los decretos de anulación de las multas impuestas por la Policía Local a Gómez en una comisión informativa celebrada días después de que el regidor recibiera en su casa la notificación del archivo. El portavoz popular, Ángel Rodal, preguntó al socialista por las polémicas sanciones y Gómez reconoció que se las habían puesto por estacionar en carga y descarga en horario no permitido, aunque sus alegaciones ya habían sido estimadas. El regidor alegó que tenía una tarjeta que le permitía estacionar en esa zona, pero que “se le había olvidado” colocarla en el vehículo.

Las respuestas de Gómez no convencieron al PP y algo más de un año después, en noviembre de 2022, la Fiscalía se querelló contra el alcalde, dando credibilidad a las denuncias que le habían presentado los policías locales que pusieron las multas. “Nunca antes ningún alcalde de Baiona ha tenido una tarjeta que le autorice a aparcar en zonas reservadas, lo que supone un privilegio”, recalca el portavoz popular. “La tarjeta a la que alude el regidor, en caso de existir, no le faculta para estacionar en zona de carga y descarga sino para hacerlo solo en un tramo reservado”.

Los populares se quejan de que el servicio de la Diputación de Pontevedra que gestiona las multas de tráfico del Ayuntamiento de Baiona les ha puesto trabas para acceder a los expedientes de las sanciones. “Es una falta de respeto a los vecinos de Baiona que nos piden a los políticos que demos ejemplo”, sentencia el portavoz de la oposición.