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Un juez ve indicios de delito en un consejero de Feijóo cuando era alcalde

Vázquez Almuiña fue denunciado por no actuar contra una discoteca propiedad de la familia de una de sus ediles

El fiscal jefe de Galicia con el consejero gallego de Sanidad, durante la firma de un convenio.
El fiscal jefe de Galicia con el consejero gallego de Sanidad, durante la firma de un convenio.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo ha iniciado los trámites para derivar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) los indicios de delito existentes contra el consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, por su gestión previa como alcalde de Baiona (Pontevedra). Presuntamente, según la denuncia de un vecino, no controló el ruido de una discoteca, propiedad de la familia de su concejala de Urbanismo. Al ser ahora consejero de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo (PP), y por lo tanto aforado, el conflicto judicial a tres bandas abierto hace años entre vecinos, discoteca y Ayuntamiento deberá ser analizado por el TSXG, una vez que se pronuncie la fiscalía.

Vázquez Almuiña dice no haber sido informado aún del nuevo paso judicial y asegura que siempre actuó de acuerdo con lo que le indicaron los técnicos municipales. "En este caso, el Ayuntamiento fue denunciado tanto por el vecino, por no actuar, como por la discoteca, por sí hacerlo", recuerda el ahora consejero del Gobierno gallego. Médico de profesión, llegó a la alcaldía de Baiona por el PP en noviembre de 2004 y permaneció en ella hasta que, el pasado octubre, el presidente de la Xunta lo nombró consejero de Sanidad en sustitución de Rocío Mosquera.

La discoteca Villa Rosa abrió sus puertas en 2003 en un antiguo palacete en primera línea de costa de este municipio turístico. Es propiedad de Ezequiel Simóns González y Ezequiel Simóns Sánchez, padre y hermano, respectivamente, de la concejala de Urbanismo, Ana Simóns Sánchez. El primero es, además, presidente de los empresarios locales y ambos son propietarios de media docena de empresas dedicadas al turismo, la hostelería y la geriatría.

En 2004, el Gobierno local, encabezado entonces por el socialista Carlos de la Peña, aprobó una ordenanza municipal contra el ruido y ordenó en varias ocasiones el precinto del equipo de música de la discoteca. En noviembre de aquel año, una moción de censura entregó la alcaldía a Vázquez Almuiña, quien en 2009 derogó aquella ordenanza municipal de ruidos. Pasó a ser de aplicación la norma autonómica, ya que el alcalde argumentaba que la local “entraba en contradicción en muchos apartados con las normas promulgadas posteriormente y los vecinos interesados en abrir locales se estaban encontrando con muchas dificultades para entender cuál era la normativa de aplicación”.

La oposición apuntó expresamente a los intereses empresariales de la familia Simóns como el motivo real de que el alcalde renunciase a la norma local más estricta. Vázquez Almuiña niega esa acusación y sigue manteniendo que la derogación de aquella ordenanza del Gobierno anterior se debió a la "cantidad de fallos" que tenía. El ahora consejero de Feijóo destaca que Baiona "es de los pocos ayuntamientos de su tamaño que dispone de medidor de ruidos y que los controla".

Denuncias por ruido

La discoteca Villa Rosa siguió acumulando denuncias por ruido, algunas de las cuales acabaron en sanción económica. Pero no fue hasta el pasado verano que el Ayuntamiento volvió a ejecutar una orden de precinto contra el local, primero por irregularidades urbanísticas y luego por exceso de ruido. Ayuntamiento y empresarios se enzarzaron entonces en un intercambio de recursos judiciales y petición de medidas cautelares, con el entonces alcalde criticando abiertamente a los propietarios de la discoteca.

"Tanto los vecinos como Villa Rosa estaban en contra de lo que hacía el Ayuntamiento, que lo hacía con el aval de los técnicos", insiste Vázquez Almuiña sobre un conflicto que hace tiempo que se venía desarrollando por la vía contencioso-administrativa. Ahora, debido al aforamiento del consejero, será el TSXG el que analice los indicios de delito detectados, contra el medioambiente por contaminación acústica y de lesiones por el perjuicio para la salud de los vecinos denunciantes, según el Faro de Vigo.