Aterrada día y noche en Sanxenxo tras mes y medio de relación: su acosador reventó 15 pulseras telemáticas e intentó atropellarla

La víctima, de 22 años, y el hombre investigado por acosarla, de 23 años, ambos de Sanxenxo (Pontevedra), empezaron a salir juntos en noviembre de 2021. Mes y medio después, la chica decidió que no quería seguir con él como pareja, pero evitó romper la relación de forma abrupta por su comportamiento controlador. Empezó a darle largas cuando la llamaba para verse. Desde entonces, ella y su familia están inmersos en una pesadilla física, psicológica y judicial que dura más de un año. Una historia de acoso “aterradora”, según los investigadores, con amenazas de muerte y violación, un intento de homicidio y la inclusión de la joven y su padre en una web pornográfica de contactos. La situación ha puesto al límite a la víctima, que se planteó vivir en otra ciudad después de que, en solo cuatro meses, él haya roto más de 15 pulseras de control telemático y generado más de 200 incidencias al sistema Cometa.

Lo más complicado de la situación para esta familia, con otro miembro menor de edad, ha sido probar la autoría del acoso, una labor en la que se ha implicado durante meses la Guardia Civil de Sanxenxo con el fin de lograr una orden de alejamiento. Todo comenzó con notas amenazantes envueltas en piedras puestas en el camino de acceso a la vivienda familiar y en el salpicadero del coche. En ellas, también aparecía el nombre del presunto autor como víctima de las amenazas para desviar la atención sobre él: “Te voy a matar”, “te voy a violar”, “estas van a ser las últimas Navidades que pases con vida” fueron algunas de las amenazas que recogen los atestados policiales y que se cuentan por decenas.

A estas denuncias siguieron otras cuando la luna del coche de la joven apareció rota en dos ocasiones. Su padre montó vigilancia dentro del coche, pasando noche tras noche sin poder dormir para tratar de identificar al autor, también mediante cámaras de seguridad colocadas en el contorno de la casa. “Estábamos convencidos de quién estaba detrás de todo esto, pero no teníamos pruebas, así que llegar a demostrarlo se ha convertido en una tortura para la víctima y su familia”, explica su abogada, Sabela Fole.

El agresor fue más allá y también amenazó con misivas al hermano menor de la chica. Luego, incluyó los números de teléfono de ella y su padre en una página pornográfica de contactos y abrió perfiles falsos en redes sociales donde le profería todo tipo de insultos y amenazas. Estas direcciones IP se están investigando y algunas ya han determinado que procedían del ordenador del chico. “Se dieron cuenta cuando empezaron a recibir en sus móviles mensajes, la mayoría desagradables y sórdidos, aunque tampoco en este caso podíamos probar quién era el autor material de este delito, pero se interpuso una nueva denuncia”, relata Fole.

Protección retirada

Tras una docena de atestados, en febrero de 2022 un juzgado decretó orden de alejamiento con prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros, pero un mes después esta medida fue revocada por la Audiencia Provincial de Pontevedra. El tribunal consideró que no se daba la situación de riesgo objetivo para la víctima porque la relación había sido muy corta y no era análoga al matrimonio. La chica volvió así a quedar desprotegida. La víctima recurrió a los servicios sociales de atención a la mujer del Ayuntamiento de Sanxenxo, que le dieron un dispositivo móvil de protección para víctimas de violencia de género que permite controlar a su agresor pulsando un botón de emergencia y avisar a la policía si este se aproxima a ella.

Días después de retirarle la orden de alejamiento, cuando la joven realizaba una ruta de equitación en la aldea de Bordóns acompañada por un amigo que fue testigo presencial, su expareja apareció por el sendero con un coche al que le faltaba una rueda. La insultó, le tiró piedras al caballo y, cuando ella se bajó, intentó atropellarla. El ataque duró varios minutos y fue denunciado ante la Guardia Civil, que le detuvieron minutos después en una pista forestal. Cuando los agentes localizaron al presunto agresor para interrogarle, este solo admitió que había estado en aquel lugar “al que solía ir para estar solo”, dijo, pero negó los hechos. “No fue mi pareja, solo tuvimos un lío de besos de una noche”, afirmó según el atestado.

Tras múltiples avatares judiciales y el presunto acosador acumulando ya más de 20 denuncias, en julio de 2022 el caso pasó a un juzgado de violencia de género. Este acordó reactivar la orden de alejamiento con pulsera telemática para el denunciado, que quedó bajo la supervisión del Centro de Control Cometa. La jueza estimó los atestados de la Guardia Civil y la valoración de riesgo alto que el sistema VioGén había dictaminado para la víctima. Incluso se pudo averiguar que él había tenido una relación anterior con incidentes similares que no llegaron a denunciarse. “Se tardó mucho tiempo en tomar decisiones para proteger a la víctima y casos como este tienen que servir de ejemplo para que no vuelvan a producirse los mismos errores”, incide uno de los agentes que ha llevado la investigación. “Que se hayan producido 200 incidencias en la protección de esta chica es insólito, y la pulsera telemática ha demostrado fallos importantes en el sistema Cometa”, advierte.

En esta población de 17.000 habitantes, el caso ha trascendido. El padre de la víctima es un conocido empresario hotelero de la ciudad, y el del sospechoso, que ha trabajado repartiendo pan y de camarero, es policía local. “La vida de esta chica se ha visto condicionada de tal forma que apenas salía de casa por miedo y ha dejado sus estudios. Fue un sin vivir porque su dispositivo no paraba de sonar, dando constantemente la alerta del quebrantamiento de la orden de alejamiento por parte del acosador”, incide la abogada. “Es una situación de pánico que dura mucho tiempo y que provoca un estado de ansiedad que la supera completamente, y a toda la familia, por lo que se ha planteado marcharse a otra ciudad”, añade.

Fole también incide en que las pulseras de geolocalización han resultado completamente ineficaces en este caso, ya que se han registrado incidencias diarias y la Guardia Civil ha tenido que cambiarlas en una veintena de ocasiones. “Las rompía o las mojaba, incluso la Guardia Civil tenía problemas para localizarlo, lo que pone en evidencia la dificultad legal para actuar contra un acosador y proteger a la víctima”, subraya Fole.

Tregua para la víctima tras la orden de prisión

Con la víctima en situación límite, el pasado 27 enero la jueza con competencias en violencia de género que instruye el caso ordenó el ingreso en prisión provisional del presunto acosador mientras no se celebre el juicio. La magistrada ha tenido en cuenta los reiterados quebrantamientos de la orden de alejamiento por parte del imputado y la “ineficacia” de la pulsera de control telemático que este llevó durante los últimos seis meses.

La jueza ha esgrimido que el dispositivo que llevaba el presunto acosador ha tenido que ser cambiado más de 15 veces debido a los daños sufridos, la última vez el pasado 21 de enero. Solo dos horas después de este último reemplazo, la pulsera telemática volvió a dar una nueva incidencia por rotura. Fue entonces cuando el juzgado acordó prisión provisional para el implicado, a petición del ministerio fiscal y la defensa de la víctima. Está investigado por coacciones, amenazas, acoso e intento de homicidio.

Su ingreso en prisión ha sido un “alivio” para la víctima y su familia. “Pero no sabemos cuánto durará la tregua, porque el auto de prisión ha sido recurrido ante la Audiencia de Pontevedra por la otra parte”, explica Sabela Fole. “Estamos ante un caso muy complicado que ha dejado muy dañados física y psicológicamente tanto a la víctima como a sus familiares, con un futuro incierto, porque estos patrones de comportamiento vuelven a repetirse si no hay ayuda psicológica”.

El dictamen de la Audiencia de Pontevedra tendrá además que valorar si la tesis de la demanda, que sostiene que aunque existen problemas psicológicos en el comportamiento del presunto acosador, no son una circunstancia eximente, como trata de plantear la del acusado. Esta sostiene que nunca ha habido ninguna relación sentimental con la víctima y que no hay violencia de género, por lo que considera desproporcionada la orden de prisión.