Saqueo en el Colegio de Enfermería de Pontevedra

La sede del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra era una olla a presión desde hace más de cinco años. Deudas y denuncias se acumularon contra el que fue presidente durante los últimos 36 años, Carlos Fernández, que manejó con absoluta opacidad las cuentas de la institución junto a su mujer y su hija, hasta que los tres fueron detenidos en marzo pasado. Atrás dejaron un presunto agujero económico estimado en 11,5 millones de euros, según la investigación.

La Unidad de Delitos Económicos de la Policía (UDEF) rastrea las cuentas de la entidad desde al menos 2004 y de las sociedades Galaprint, SL, Instituto Galego de Formación Sanitaria y Promoción Social, IGAF SL y Gestión Jurídica Gallega, SL. Todas estas firmas podrían estar relacionadas con un presunto delito de blanqueo de capitales que la juez instructora imputa a los detenidos, además de otro de administración desleal y falsedad documental.

La magistrada ha acordado mantener la prisión provisional para Carlos Fernández, su mujer Carmen Gayoso, que ejercía en el órgano colegial el cargo de secretaria técnica sin haber sido electa, y de su hija Estefanía Fernández, que asumía las tareas de dirección de la asesoría jurídica. Alega que su excarcelación pondría en peligro las pesquisas, una decisión que fue recurrida por la defensa de los sospechosos ante la Audiencia de Vigo que la ha desestimado.

Argumenta la juez que “existe riesgo de obstrucción a la justicia, ya que, si bien los registros realizados y las medidas adoptadas en relación con las empresas y el Colegio de Enfermería podrían evitar el riesgo de destrucción de pruebas materiales, los investigados podrían influir en los testigos que aún no han declarado”. Unos testigos del caso que, según la instrucción, estarían presuntamente vinculados con los investigados a través de “contratos privados o dependencia económica”. No obstante, la Audiencia sugiere a la magistrada que es “aconsejable” que se lleven a cabo esas declaraciones “a la mayor brevedad, dado el carácter excepcional de la medida cautelar de prisión provisional”.

Fue el secretario del colegio José Faustino Portela y un grupo de trabajadores los que denunciaron la supuesta apropiación indebida por parte de los detenidos del dinero que se ha esfumado. Parte de los 11,5 millones que faltan, concretamente seis millones, son la suma del impago de cuotas que tiene la institución con el Consejo General de Enfermería. El agujero económico se recoge en sendas sentencias de 2003 y 2011 que condenan al colegio a pagar 4,5 millones, y otra posterior de abril de 2020, del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 3 de Pontevedra, que condena al colegio al pago de otro millón y medio por las mismas causas.

Según el secretario, estas sentencias por impago nunca fueron comunicados de forma oficial por el colegio a sus más de 4.000 asociados. Una fuga de colegiados pondría en peligro el futuro de la asociación ya que a diferencia de los médicos que deben estar colegiados para ejercer la profesión, los enfermeros no están obligados a cumplir con este requisito y solo se les exige que tengan un seguro de responsabilidad civil.

La Audiencia ha confirmado no solo el cese provisional de Carlos Fernández como presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra sino también el de los administradores de algunas sociedades investigadas por lo que se han designado administradores judiciales. Una medida cautelar que, según resalta el tribunal, está dirigida a “asegurar la continuidad y sostenibilidad del colegio y de las empresas y de las posibles responsabilidades pecuniarias”, dada la concurrencia “de circunstancias excepcionales, por cuanto los administradores de derecho de las sociedades eran unos meros testaferros dirigidos por los investigados”.

El hasta ahora secretario de la entidad se ha personado como acusación particular junto a otros trabajadores. Faustino Portela ha acusado a Fernández de “hundir” la institución que presidía desde 1985 con una gestión marcada por el “ocultismo, la opacidad y carencia de buen gobierno”. En un comunicado, Portela explicó que el expresidente no le ha permitido ejercer las funciones encomendadas a su cargo en los estatutos y que, en la práctica, las realizaba su mujer.