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El juez decreta prisión para el presidente del Colegio de Enfermería, su esposa y su hija

Carlos Fernández y las otras dos detenidas se niegan a declarar en la investigación abierta en Vigo por blanqueo, falsedad documental y administración desleal

Furgón policial que ha trasladado a los juzgados al presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, Carlos Fernández, su mujer y una de sus hijas.
Furgón policial que ha trasladado a los juzgados al presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, Carlos Fernández, su mujer y una de sus hijas.Salvador Sas (EFE)

El Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, que dirige el magistrado Diego Costa, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de los tres arrestados en el operativo que investiga el Colegio de Enfermería de Pontevedra, con sede en Vigo. El juzgado, en funciones de guardia, investiga los supuestos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y administración desleal e involucra de momento a tres personas: el presidente de la entidad, Carlos Fernández, que lleva más de 20 años en la cúpula del Colegio de Enfermería, y la esposa y la hija del matrimonio. Además del ingreso en prisión de los tres, el juez ha decretado ya el levantamiento del secreto del sumario de un caso que estalló ayer por la mañana con las detenciones y el registro de la vivienda de Fernández y de la propia sede colegial.

Los tres investigados pasaron a noche en los calabozos de la policía nacional en Vigo, y fueron puestos a disposición del juzgado antes de las 13 horas de este viernes. Todos ellos se han acogido a su derecho a guardar silencio. Mientras tanto, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía sigue revisando la documentación contable recabada ayer por la tarde en el Colegio de Enfermería. Al equipo de Vigo se unió ayer otro grupo de agentes de A Coruña.

En enero salió a la luz la existencia de dos condenas contra el colegio de enfermería de Pontevedra al pago de cuotas al Consejo General de Enfermería de España. El secretario de la institución, José Faustino Portela, acusó entonces al presidente de “hundir” el colegio y reveló que las condenas les obligaban a abonar una suma de seis millones de euros.

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