La UDEF registra el Colegio de Enfermería en Vigo y detiene a tres personas

Tres personas han sido arrestadas hoy en una operación judicial contra el blanqueo por la que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía nacional registra desde la mañana de este jueves la sede del colegio de enfermería de Pontevedra, ubicada en Vigo. Los apresados son el presidente del ente, Carlos Fernández, su esposa y su hija, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La investigación está dirigida por el juzgado de Instrucción número dos de Vigo, cuyo titular es Diego Costa de Caso, y además del supuesto blanqueo de capitales persigue los presuntos delitos de falsedad documental y administración desleal.

Los agentes han efectuado registros en busca de documentación y pruebas, además de en la sede del colegio, en el domicilio de la familia investigada. El que afecta al órgano profesional todavía no había terminado por la tarde y los investigadores de la UDEF, algunos de ellos llegados de A Coruña como refuerzo, continuaban recabando información. Según informa Europa Press, el pasado mes de enero salió a la luz la existencia de dos condenas contra el colegio de enfermería de Pontevedra al pago de cuotas al Consejo General de Enfermería de España.

Denuncia del secretario

En concreto, fue el secretario del colegio de enfermeros pontevedrés, José Faustino Portela, quien acusó al presidente, Carlos Fernández, de “hundir” la institución con su gestión, mientras que este replicó asegurando que faltaba “a la verdad”. Ambos llevan más de 20 años en el organismo. Portela hizo públicos estos enfrentamientos en la cúpula de la entidad colegial en un comunicado que remitió a los medios de comunicación junto a diversa documentación.

Denunciaba entonces que el ente fue “nuevamente condenado al pago de más de 1,5 millones de euros al Consejo General de Enfermería de España”. Y precisaba que la última sentencia fue dictada por el juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra, que venía a sumarse “a la de 2014 en la que ya se condenaba al colegio al abono de 4,5 millones de euros”.

“Carlos Fernández no comunicó ninguna de las sentencias a sus colegiados y esta última se hace pública por su inclusión en la carta de despido de un trabajador del colegio tras una inspección de trabajo que supone una sanción de 120.000 euros por distintas irregularidades de la entidad”, afirmaba.

En este sentido, en declaraciones a Europa Press, el secretario de la entidad señalaba en enero que “hasta que haya pruebas” no podía “hacer nada” en el ámbito de la justicia, pero justificaba hacer pública esa información ya que el presidente, según decía, no respondía a sus demandas.

Por su parte, Carlos Fernández, consultado entonces por Europa Press, remitió a su abogado pero defendió su gestión y dio unas explicaciones que, según argumentaba, ya conocían los colegiados. Así, indicó que en su día el colegio dejó de abonar las cantidades porque “se decidió en una asamblea general” al ser los servicios “ninguno o muy pocos”. Sin embargo, según el secretario, esta reunión “nunca tuvo lugar”.

En cualquier caso, Fernández, que reconocía que “hace dos años que se está abonando el 30%” de esas cuotas, aseguraba que Portela “falta a la verdad” en el relato de los hechos y resolvió que estas cuestiones serían tratadas “en junta de gobierno”, por lo que rechazaba “entrar” en las acusaciones. “Lleva más de 20 años en la junta de gobierno y ha sido persona de mi confianza. ¿Se da cuenta ahora?”, se preguntaba en enero el presidente que hoy ha sido detenido. El Tribunal Superior informa de que los tres investigados pasarán a disposición judicial “entre mañana y pasado”. El juez Diego Costa ha declarado el secreto de la causa.