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El PSC confía en la investidura de Illa pese a que Junts controlará los tiempos del Parlament

ERC desvincula el pacto de la Cámara catalana de las negociaciones para la presidencia de la Generalitat

El nuevo presidente del Parlament, Josep Rull (centro), este lunes.Foto: ALBERT GARCIA | Vídeo: EPV
Marc Rovira

Las pantallas se suceden como en un videojuego en la política catalana. En plena digestión del resultado de las elecciones autonómicas de hace cuatro semanas, el domingo llegó el turno de votar por las europeas. Con la resaca electoral a cuestas, los diputados del Parlament eligieron este lunes a Josep Rull (Junts) como presidente de la cámara. Raquel Sans (ERC) y David Pérez (PSC) son vicepresidentes de una Mesa que tiene mayoría independentista (cuatro de los siete miembros), al contar con un secretario de Esquerra y otra de Junts. Un reparto que, de entrada, puede dar prioridad a un intento de investidura de Carles Puigdemont y que podría dificultar las pretensiones del socialista Salvador Illa, vencedor de las catalanas el 12 de mayo. El PSC mantiene que sus opciones de llegar al Govern permanecen intactas y contempla la composición de la Mesa como un paréntesis que hay que saltar para llegar a la última pantalla: la presidencia de la Generalitat.

Rull arrancará su mandato con la patata caliente de tener que decidir quién es el primer candidato a president de la Generalitat que pone a prueba sus apoyos. Salvador Illa (PSC) y Carles Puigdemont (Junts) defienden tener opciones de investidura. El orden de su aparición en el pleno no es baladí y es competencia del presidente de la cámara decidirlo. Si Rull, tras la preceptiva ronda de contactos con todos los partidos, da prioridad a la apuesta de Puigdemont, pondrá a Esquerra y la CUP en la encrucijada de tener que decidir si apoyan una investidura de quien se autodenomina “president legítim” (presidente legítimo). El sí de los independentistas, Junts, ERC y la CUP, no alcanza para una mayoría absoluta, ni siquiera si se suma al órdago la ultraderecha identitaria de Aliança Catalana. Para que Puigdemont llegue a president le haría falta la abstención del PSC algo que se anuncia como improbable.

La candidatura de Carles Puigdemont obtuvo 35 escaños el 12M, siete menos que la lista del PSC que encabezaba Salvador Illa. Desde la misma noche del escrutinio, Puigdemont y Junts han defendido la idea que la suya es la apuesta más “coherente” para presidir la Generalitat. Aluden a un pretendido frente común del independentismo para lograr un bloque de hasta 59 escaños en el Parlament (contando los votos telemáticos que cuestiona el Tribunal Constitucional). Junts alega que, por el contrario, Illa solo tiene como socios naturales los comunes, que tienen seis escaños, y critica de antemano la legitimidad de cualquier maniobra que incorpore a otras fuerzas. Incluso ha llegado a amenazar con que Junts retire el apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados si el PSC sondea al PP para apuntalar su mayoría en el Parlament.

En realidad, a los socialistas hay una suma que les sale redonda, sin necesidad de tener que llamar a Alejandro Fernández, jefe de los populares catalanes. Un eventual acuerdo entre PSC, ERC y los comunes permite alcanzar la mayoría de 68 escaños en el Parlament. Una tripartito que supondría un revés para los planes de Puigdemont.

Esquerra tiene la llave que abre la puerta de la Generalitat. Los republicanos han manifestado que el acuerdo sellado este lunes con Junts y la CUP por la Mesa del Parlament no sirve como pista para adivinar qué planes tienen para la investidura. Pese a que se llegaron a plantear la conveniencia de batallar por la presidencia de la Cámara, en las negociaciones que ha mantenido internamente ERC también se ha admitido que, dejando la responsabilidad en manos de Junts, es el propio partido postconvergente quien tiene que decidir el ritmo y los tiempos de la investidura. Si Puigdemont finalmente no logra los apoyos necesarios para alcanzar la Generalitat, Esquerra se podrá sacudir las responsabilidades y tendrá pista libre para apoyar, entonces, el intento de investidura de Salvador Illa. Ante una amenaza de repetición electoral en otoño, no es poca cosa poder presentarse en público como el partido que ha evitado el bloqueo parlamentario, y la factura de 30 millones de euros que implicaría repetir las elecciones catalanas.

Puigdemont se ha comprometido a regresar a España cuando se celebre el pleno de investidura. Apurando el plazo máximo se tiene que celebrar el 25 de junio. A expensas de que la ley de amnistía pueda desplegar efectos para entonces, el expresident se arriesgaría a ser detenido si cruza el paso fronterizo de la Jonquera sin el blindaje legal de la amnistía.

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En este sentido, la elección este lunes de la Mesa del Parlament impacta en los propósitos para elegir al próximo presidente de la Generalitat. La campaña por las elecciones europeas ha incentivado a los partidos a aplicar discreción absoluta en las negociaciones sobre la investidura, pero una vez cumplida la cita con las urnas, este mismo lunes se abrieron las luces en los despachos de reuniones. El PSC se ha puesto manos a la obra para que no se le escape la Generalitat. Salvador Illa ganó las catalanas del 12 de mayo y, desde entonces, su equipo ha mantenido que su prioridad era volver a mandar en el Palau, 14 años después de la presidencia de José Montilla. En ese viaje hasta la plaza Sant Jaume no se contemplaba una parada en el parque de la Ciutadella, sede del Parlament. “Al PSC le interesa lo que le interesa, y la batalla la planteará por la Generalitat”, manifestaba este lunes en los pasillos parlamentarios una persona cercana a la dirección de Junts.

Para alcanzar los 68 escaños que le garantizarían la mayoría en su investidura, Salvador Illa confía en los seis votos de los comunes y se pone a expensas de lo que decida hacer Esquerra, con 20 diputados. De esta manera, en la sala de máquinas de los socialistas ha imperado aplicar la estrategia de la prudencia y el talante. Avanzar de puntillas para no pisar ningún callo ni provocar muecas de disgusto en rivales políticos que pueden ser socios potenciales.

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